Arteaga rechazó un informe que pedía multar a Emmasa con 150.000 euros
Un informe jurídico elaborado por técnicos del Área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al que ha tenido acceso mirametv.com, alerta de nuevas irregularidades por parte de Emmasa, la concesionaria de la gestión del ciclo integral del agua en la capital. El escrito propone que se inicie por la Junta de Gobierno un expediente para sancionar a la empresa con 150.000 euros por permitir a una entidad externa "ocupar parte del dominio público sin título legal que lo habilite" en la Estación Depuradora de Aguas Residuales.
A pesar de que el dictamen tiene fecha de 15 de julio de 2015, el concejal del área, Dámaso Arteaga, no respondió a la propuesta hasta cuatro meses después. En la última página del documento aparecen las firmas de tres funcionarios y, a su lado, la rúbrica del edil, acompañada de un pequeño texto manuscrito: "Recibido el 13/11/15 y no se presta conformidad ya que no está actualizado el informe".
Arteaga achacó el retraso de cuatro meses a problemas burocráticos. El concejal explicó, en declaraciones a este portal de noticias, que la demora se debió a que "el jefe de Servicio que hizo el informe se fue después de vacaciones y cuando volvió dejó su cargo", además de que "el director general, que también firma el documento, tampoco está ya".
Según su versión, no prestó conformidad al documento porque "después de cuatro meses había que actualizarlo", por lo que dejó por escrito "esa diligencia para el nuevo jefe de Servicio". Dámaso Artega aclaró que, en estos momentos, el técnico "está elaborando otro expediente, como debe ser para evitar problemas de inseguridad jurídica". El concejal aseveró que la decisión de realizar otro informe fue del funcionario y negó que partiera de una orden expresa suya.
Se da la circunstancia de que un día antes de que el concejal mostrara su disconformidad al informe jurídico, Pedro Fernández Arcila, portavoz de Alternativa Sí Se Puede, presentó un escrito de solicitud de información sobre la utilización por parte de la empresa Santacrucera de Aguas SL, filial de Sacyr, de locales y dependencias municipales ubicados en la EDAR del barrio de Buenos Aires.
Contrato sin autorización
Un dato que no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que el informe que rechazó Arteaga alerta de las supuestas irregularidades cometidas por Emmasa al ceder a Santacrucera de Aguas SL para su uso instalaciones de la depuradora. El documento pone de manifiesto que ambas empresas firmaron un contrato privado en 2012 "ajeno" al objeto de la concesión "y sin la previa autorización, ni siquiera conocimiento" del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
El informe advierte de que "nadie puede ocupar sin título habilitante bienes de dominio público". Una norma eludida por Emmasa al firmar un contrato privado, pese a "carecer de facultades", con Santacrucera de Aguas SL para ceder el uso de distintas dependencias de la EDAR: cuarto de herramientas, almacén de útiles, vestuarios, aparcamientos, oficinas y taller mecánico.
El dictamen jurídico califica los hechos como una "infracción grave", por lo que propone que la Junta de Gobierno declare a Emmasa sujeto infractor y fije una multa de 150.000 euros, la máxima permitida. También solicita que se inste a la empresa a cesar en la ocupación de las instalaciones o, de no obedecer, a que el Consistorio tramite el obligatorio desahucio administrativo.
En el documento se deja por escrito, resaltado en negrita, que "Santacrucera de Aguas está ocupando parte del dominio municipal sin tener un título legal que la habilite, por lo que debe cesar en su ocupación y abandonar las instalaciones, puesto que, en caso contrario, esta administración estaría obligada a iniciar expediente de desahucio administrativo".
Aunque Emmasa estableció como contraprestación en el contrato que Santacrucera de Aguas se hiciera cargo del coste de la reforma de las instalaciones, que el informe cifra en 21.617 euros, los técnicos de la Concejalía de Servicios Públicos consideran que "el único objeto" de la cesión es "ahorrar costes" a la filial de Sacyr.
El dictamen recuerda que la concesionaria ya está obligada a realizar inversiones en la EDAR por valor de 45.177 euros, por lo que concluye que la posible contraprestación planteada no cabe porque "es el equivalente a permitir una ocupación indebida".
No pasa tampoco por alto el informe las similitudes de esta infracción con las que en su día provocaron la intervención de Emmasa y la imposición de una multa de 450.000 euros, precisamente, por la subcontratación irregular de servicios a otras empresas, entre ellas, la propia Santacrucera de Aguas SL.
En el documento se asevera que Sacyr y Emmasa son "plenamente conscientes de la suscripción de contratos entre Emmasa y empresas vinculadas al grupo Sacyr que son totalmente irregulares, no permitidos por los pliegos, ya sancionados por parte de este Ayuntamiento y del que tienen conocimiento". El informe va más allá e insiste en que el objeto por el que se constituyó Santacrucera de Aguas SL "es totalmente irregular", y destaca que en su web se sitúa su sede "nada más y nada menos" que en la propia EDAR.
El informe aparece firmado por Luis Pérez Rojas, exjefe de Servicio; Francisco Sánchez Pérez, anterior director general; y Carlos Andrés Rodríguez Figueroa, técnico de la Administración General. Los dos primeros abandonaron sus puestos en el Área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos después de suscribir el dictamen, que tiene fecha de 15 de julio de 2015.