La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que impute a la concejal de Servicios Públicos, Inmaculada Medina (PSOE), por un presunto delito de malversación agravada dentro de la investigación conocida como ‘caso Valka’. Según el escrito, adelantado por Canarias 7 y al que ha tenido acceso EFE, el fiscal Javier Ródenas sostiene que Medina habría contribuido a un “expolio de 400.000 euros” a las arcas municipales mediante la validación de facturas infladas por el suministro de agua destinado al riego de calles y zonas verdes en los barrios de Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya entre los años 2015 y 2022.
Facturas infladas y control inexistente
La investigación apunta a que la empresa Guerra Patrimonial FGG, adjudicataria del contrato, facturó de forma sistemática cantidades superiores al consumo real de agua, sin que los servicios municipales verificaran la lectura de los contadores.
El fiscal señala que Medina aprobó y convalidó los pagos pese a conocer las irregularidades. “Se configuró un mecanismo de desvío sistemático de fondos públicos con apariencia de legalidad administrativa”, recoge el escrito, que describe la existencia de facturas “mendaces” y certificaciones “cuadradas” para agotar el presupuesto anual. De acuerdo con el Ministerio Público, el Ayuntamiento habría abonado sobrecostes de hasta un 70 % respecto a los consumos reales.
Funcionarios implicados y revelación de la trama
Anticorrupción también atribuye responsabilidad a dos funcionarios del Servicio de Parques y Jardines, identificados como Miguel Ángel P.H. y Sergio G.C., quienes habrían colaborado en la mecánica de facturación irregular junto a la edil socialista. La supuesta trama se descubrió en diciembre de 2022, cuando varios funcionarios y la concejal de Parques y Jardines, Gemma Martínez Soliño (Podemos), se negaron a tramitar nuevas facturas sin disponer de las lecturas de los contadores. A partir de entonces, según el informe, la facturación descendió “a niveles propios de julio de 2012”, lo que evidenciaría el inflado previo de los consumos.
Delitos atribuidos y nuevas imputaciones
La Fiscalía solicita al juez que declare investigados a Inmaculada Medina y al funcionario Sergio G.C. por malversación agravada, además de falsedad en documento público, prevaricación y fraude a la administración. Los otros dos presuntos implicados, Miguel Ángel P.H. y Felipe G.G., responsable de la empresa suministradora Guerra Patrimonial FGG, ya figuraban como encausados en la causa por delitos similares. Además, el Ministerio Público pide la imputación de la empresa Guerra Patrimonial FGG como persona jurídica, por presuntos delitos de cohecho y malversación de fondos públicos.
Un préstamo bajo sospecha
El escrito menciona un préstamo de 430.000 euros contratado por el funcionario Miguel Ángel P.H., cuyas cuotas, según la investigación, habrían sido abonadas mensualmente por la empresa mediante transferencias a su cuenta bancaria. “Existen indicios de que el préstamo se pagó con el sobreprecio de los fondos públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”, subraya el fiscal Ródenas.
Declaraciones y próximos pasos
Como testigos, la Fiscalía propone citar a Gemma Martínez Soliño y a los funcionarios que se opusieron a seguir tramitando las facturas sin comprobación técnica.
El caso continúa en fase de instrucción, y la imputación solicitada aún no ha sido resuelta por el juez. Inmaculada Medina y los demás investigados mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras avanza el procedimiento judicial.
