Acuerdo para condenar a tres empresarios a restaurar los barrancos
La Fiscalía y la acusación popular, que representa el abogado Carlos Álvarez, han aceptado la declaración de culpabilidad de tres de los cuatro acusados por la extracción ilegal de áridos en el municipio tinerfeño de Güímar. El histórico acuerdo, al que ha tenido acceso mirametv.com, se firmó en la mañana de hoy y supondrá la condena por delitos ecológicos de los empresarios Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia. Los tres asumen una pena de 15 meses de prisión para cada uno, con la que evitarían la entrada en la cárcel, y la obligación de pagar de su bolsillo la restauración de los barrancos. El juicio continuará contra el único arenero que no se ha sumado a la propuesta, Francisco Javier Del Rosario.
La sentencia firme que dictará la Audiencia Provincial, una vez que ya se ha llegado a un acuerdo entre las partes, ordenará la rehabilitación del equilibrio ecológico perturbado en los barrancos a raíz de la actividad que las empresas de los tres condenados desarrollaron sin licencia durante más de 15 años. La cuantía a la que tendrán que hacer frente será fijada por las tres administraciones públicas implicadas: Ayuntamiento de Güímar, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias. Durante la instrucción, un informe pericial encargado por la Fiscalía cifró en 279 millones de euros el coste de la rehabilitación.
El acuerdo cierra la vía penal para los tres acusados que asumen su culpabilidad, pero continuará la causa civil abierta por el Ayuntamiento como parte perjudicada, en la que reclama a los cuatro empresarios una indemnización de 209 millones de euros.
En el escrito, además de la condena a un año y tres meses de prisión, el fiscal insta, de conformidad con lo establecido en el artículo 339 del Código Penal, a que "se ordene la adopción a cargo de cada uno de los autores de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado en cada una de las áreas donde los acusados ejercieron la actividad". En concreto, el acuerdo hace alusión a las canteras denominadas Badajoz, explotada por la empresa de Antonio Plasencia Áridos del Sur SA; Baden II, donde realizó las extracciones Hermanos Morales Martín SL; y Extracsa, en la que actuó la sociedad de Pedro Sicilia Áridos Canarios SA.
Con la sentencia, los tres acusados quedarán obligados a hacer frente al coste del plan de restauración que tienen que redactar las administraciones implicadas. Aunque antes de la apertura del juicio ninguno de los empresarios aportó la fianza solicitada, que se fijó en 279 millones, lo cierto es que, al menos en el caso de Antonio Plasencia, la Fiscalía cuenta con un aval inmobiliario valorado en más de 52 millones de euros, aunque no se descarta que se puedan encontrar más fondos o propiedades a su nombre. Contra los otros dos areneros que serán condenados se tomarán también todas las medidas encaminadas a que paguen su parte correspondiente.
Sin control
El acuerdo hace también un pequeño resumen del escrito de acusación por el que la Fiscalía solicitaba cinco años de cárcel para cada uno de los cinco acusados, ahora cuatro porque uno de ellos, Fulgencio Díaz, falleció antes del juicio. Un relato que ahora es reconocido por los tres empresarios que admiten su culpabilidad.
La extracción de áridos en los barrancos de Güímar, una actividad que ha destrozado gran parte del paisaje de la zona, se prolongó desde la década de los 90 hasta, al menos, el año 2005. El lugar afectado tiene un alto potencial agrícola, lo que no fue obstáculo para que las canteras apuraran de tal manera la superficie de sus parcelas que no respetaron los retranqueos mínimos exigidos en el desarrollo seguro de la actividad con respecto a los propietarios de los predios colindantes, como concluyó la fiscal en su escrito de acusación.
Todo valía con tal de conseguir la mayor productividad posible. El método empleado, como relata la Fiscalía en su escrito de acusación, era "desordenado, sin control y a base de excavar enormes hoyos", lo que hacía "difícil" practicar la actividad agrícola en la zona. Los areneros provocaron cortes verticales que alcanzaron profundidades que sobrepasaban "con mucho lo permitido, con el consecuente efecto de inseguridad, generación de polvo e impacto visual".
El Ministerio Público considera probado que las actuaciones llevadas a cabo en el Valle de Güímar "han conducido a un grave y progresivo deterioro ambiental, que se hace especialmente notable en la pérdida de suelos, impacto sobre el paisaje, perjuicio para la biodiversidad y alteraciones con incidencia en la población que vive en el entorno". Entre los efectos más significativos, la fiscal destaca que, por culpa de una actuación "caótica y desmedida", está afectado el funcionamiento natural del sistema hidráulico y de drenaje de los barrancos.
A los daños naturales se unen los efectos causados en la seguridad de la zona, ya que la gran verticalidad de los taludes provoca una "inestabilidad del terreno", lo que ya ha producido "desplomes y derrumbes de gran importancia". Esta situación se agrava debido a las lluvias, que pueden transportar "toneladas de escombros" que se depositan en el fondo de los huecos generados. La situación es tal que en los últimos años ha sido preciso "acometer obras de emergencia para la estabilización estructural de un tramo del cauce del barranco de Badajoz".