La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absuelve de un delito
de prevaricación a Hermenegildo Hernández, exgerente de las empresas públicas que gestionan
los casinos dependientes del Cabildo insular, por el que fue condenado en primera instancia a
nueve años de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público.
El tribunal estima íntegramente el recurso presentado por la defensa de Hernández, representada
por el letrado Pablo Villaseca Rico, del despacho de abogados Cuatrecasas, y revoca la
sentencia que en primera instancia condenó al exgerente de Casinos de Tenerife por las
contrataciones realizadas a las empresas JJ Fuentes Tabares SL y Borrella SA entre 2012 y 2014.
El fallo, contra el que solo cabe recurso de casación, pone fin a un periplo judicial que se ha
prolongado durante los siete años transcurridos desde que en 2018 Podemos puso los hechos en
conocimiento de la Fiscalía.
El Ministerio Público presentó denuncia a mediados de 2019 por considerar que las
contrataciones infringían la Ley de Contratos del Sector Público, al concluir que se habían
fragmentado las adjudicaciones de forma intencionada para superar el límite de 18.000 euros
anuales que establece la norma para los contratos menores. Un argumento que fue la base de la
sentencia que dictó el Juzgado de lo Penal Número 6 de Santa Cruz de Tenerife en 2024 para
condenar a Hernández y que ahora rechaza de plano la Audiencia Provincial.
El fallo del tribunal se sostiene sobre lo que considera una incorrecta interpretación de la
normativa aplicable por parte del juez de primera instancia, que siguió la línea argumental de las
acusaciones, representadas durante el juicio por la Fiscalía y Podemos. Los magistrados también
concluyen que no se ha motivado de manera suficiente la comisión del delito de prevaricación en
la contratación de servicios de publicidad a JJ Fuentes Tabares SL y de suministro de uniformes
a Borrella SA.
La Audiencia Provincial explica en su sentencia que los contratos “se ajustaron a las
instrucciones internas” que regulan el marco de las adjudicaciones, al interpretar, en contra de lo
que hizo el juez en primera instancia, que las entidades de Casinos de Tenerife, pese a depender
íntegramente del Cabildo insular, no tienen la consideración de administración pública ni de
poderes adjudicadores. Con este análisis considera ajustados a derecho tanto los pagos
realizados por importe inferior a 18.000 euros como los que superaron esta cuantía, límite anual
que marca para la adquisición de suministros y servicios la legislación general que afecta al
sector público.
Al ser de aplicación la instrucción interna novena, según la sentencia, se permitía la posibilidad
de superar el máximo legal para los contratos menores por “estar justificado por una necesidad
derivada de una situación especial”. En el caso de los uniformes adquiridos a Borrella SA, por “el
elevado número de bajas de personal”, lo que obligó a la incorporación sobrevenida de nuevos
empleados, a los que era necesario dotar de ropa de trabajo. Y en relación a JJ Fuentes Tabares
SL, porque la empresa, “al parecer y según se alegó, prácticamente monopoliza” el negocio de la
publicidad en marquesinas.
En cuanto a los contratos que la sentencia de primera instancia consideró que habían sido
fraccionados para no rebasar el límite legal de 18.000 euros, la Audiencia Provincial rebate esta
afirmación al considerar que la adquisición de los uniformes “parece evidente que se trata de una
prestación divisible por lotes”, mientras que la publicidad “tuvo por objeto prestaciones
claramente diferenciables y separadas”, sin que el fallo recurrido acreditara lo contrario.
Tampoco cree el tribunal que el juez que condenó a Hernández demostrase en la sentencia
revocada que se llevó a cabo “la contratación a favor de las opciones desventajosas o
desfavorables para las sociedades de los casinos”, según argumentan los magistrados de la
Audiencia Provincial en su sentencia.
“Un daño que no se repara”
Hermenegildo Hernández dimitió de su cargo en noviembre de 2024, después de publicarse la
condena de primera instancia. Ahora, a falta de conocer si las acusaciones van a presentar
recurso de casación, se cierra el segundo episodio judicial al que se ha sometido durante siete
años el exgerente de Casinos de Tenerife, después de que en abril de 2024 se archivara la
investigación por el despido de ocho trabajadores de la empresa pública, al considerar el juez
instructor que la decisión “no provocó ningún perjuicio económico” a las arcas de la Corporación
insular.
En el auto de sobreseimiento de 2024, el juez fue rotundo a la hora de asegurar que la actuación
de Hermenegildo Hernández no sólo no perjudicó al erario público, sino que supuso un ahorro
para las cuentas de Casinos de Tenerife. La denuncia de la causa fue impulsada en el pasado
mandato por el propio Gobierno insular, que presidía el socialista Pedro Martín en un pacto entre
PSOE y Ciudadanos
Fuentes del entorno familiar de Hernández celebran la victoria judicial, después de siete años de
lo que consideran “una persecución injusta”. Aseguran que “nada puede reparar el daño para la
imagen de una persona con una trayectoria profesional intachable”, e insisten en recordar la falta
de apoyo político por parte del anterior Gobierno del Cabildo de Tenerife
“Utilizaron la figura de Gildo Hernández para sus guerras e intereses políticos, y cuestionaron una
gestión que, con el archivo de 2024, se demostró que fue beneficiosa para el interés del Cabildo”,
explican. También inciden en que, con la absolución en el caso de las contrataciones de
publicidad y la compra de uniformes, “ha llegado el momento de iniciar las acciones judiciales
oportunas para defender nuestro honor y que respondan los culpables de haber llevado a los
juzgados injustas acusaciones en dos causas que han quedado en nada”.
Por último, destacan “la labor del despacho de abogados Cuatrecasas y del letrado Pablo
Villaseca Rico, que ahora ha logrado darle la vuelta a una condena sin fundamento y hace un año
consiguió el archivo de una denuncia política que provocó un daño irreparable”.
