La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Viceconsejería de Bienestar Social, se ha personado este 24 de mayo para ejecutar el cierre definitivo de la residencia de personas mayores ‘Monte Blanco’, ubicada en Tafira Alta, en Las Palmas de Gran Canaria, y dar así cumplimiento a la resolución de cese de actividad de 19 de abril de 2023, confirmada por vía judicial en septiembre de 2023, y en vía administrativa, con orden de cierre definitivo, en mayo de 2024.
Para la ejecución del cierre con todas las medidas de seguridad, la Viceconsejería de Bienestar Social ha contado con la presencia de efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria, según ha informado la consejería del área en un comunicado en el que recoge que el expediente de procedimiento de cierre de la residencia Monte Blanco se produce tras la ejecución de diversas actuaciones por parte del Servicio de Inspección de la citada viceconsejería, en las que se pone de manifiesto que la instalación» no cumple con las exigencias mínimas» contempladas en la legislación de servicios sociales de las islas.
Entre las «múltiples deficiencias detectadas» se encuentran las relativas al incumplimiento de las condiciones de seguridad del establecimiento, en virtud de lo que se ha ordenado el cese definitivo de la actividad.
El expediente de este centro comenzó en junio de 2017 cuando el servicio de inspección realizó una visita y detectó un conjunto de deficiencias que en «todo este tiempo no han sido atendidas por los gestores de la instalación, entre ellas, no contar con itinerario accesible que comunique con la vía pública, insuficiente ancho de pasillos y de puertas y condiciones de accesibilidad aseos, a lo que hay que sumar que el inmueble no reúne condiciones mínimas» de habitabilidad.
Asimismo el centro no tenía los aseos necesarios, tenía solo «dos para los 16 usuarios», por lo que «incumplía la ratio mínima de un aseo cada cuatro usuarios, no tenía estancias básicas» preceptivas de residencias para mayores dependientes y «no disponía del personal debidamente cualificado» para la atención de las personas usuarias ni de recursos como sala polivalente, sala de rehabilitación, enfermería y aseos comunes diferenciado por sexo.
En dicha visita también se dejó constancia de que la instalación no contaba con la licencia municipal de apertura o acto comunicado equivalente y carecía de cédula de habitabilidad, de tratarse de una vivienda.
Por todo ello se le requirió a los responsables de la entidad que subsanasen las deficiencias detectadas pero «sin que hasta la fecha lo hayan realizado», por lo que se inició el expediente de cierre por parte del Servicio de Inspección y Registro de Centros de la Consejería de Bienestar Social que, tras una nueva visita a la instalación en 2022, levanta una nueva acta en la que se recogían los «numerosos incumplimientos detectados».
En concreto, que carecía de los facultativos para prestar servicios obligatorios, tales como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga o/y trabajadora social, pese a que la mayor parte de los usuarios necesitan ayuda para el desarrollo de las acciones cotidianas y que gran parte presenta dependencia severa.
Además de constatar que el inmueble «no reúne las condiciones de seguridad exigibles» a este tipo de establecimientos y que carece de sistema de detección de incendios, los baños «no cuentan con pulsadores de llamada de emergencia y la vivienda no está adaptada» para personas con movilidad reducida, siendo esta una exigencia requerida a los hogares funcionales.
Comunicado a las familias
La Viceconsejería, a través del servicio de inspección de centros, se ha mantenido a las familias de las personas usuarias informadas del procedimiento realizado «en todo momento», ya que se han remitido comunicaciones con fechas 22 de junio de 2023, 11 de marzo de 2024 y 7 mayo de 2024, donde se les indica que el establecimiento debe cerrar al no reunir las condiciones de seguridad exigidas por la ley y se insta a reubicar «cuanto antes» a sus familias residentes.
Aseguran que también se contactó de forma telefónica con las familias afectadas para ofrecerles alternativas en residencias privadas legales, con costes similares a los que pagaban en Monte Blanco.
