El edificio que alberga el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es una de las escasas joyas patrimoniales que mantienen intacta la historia de la capital. La decoración, las pinturas o el mobiliario recuerdan al visitante que está en un lugar especial. Durante mucho tiempo, en su interior hubo un rincón donde toda la solemnidad institucional se disipaba nada más cruzar una entrada camuflada en la pared. El despacho de la Alcaldía, a lo largo de los 16 años que fue ocupado por Miguel Zerolo, era el acceso a una realidad distinta. La estancia, sombría, estaba decorada con piezas de arte africano. Las figuras, traídas por el político de CC de sus viajes a Burkina Faso o Ghana, vigilaban amenazantes a todo el que se atreviera a cruzar la habitación. Al fondo, detrás de una mesa heredada de la época de García Sanabria, y oculto por una cortina de humo, el alcalde atendía con escaso interés a los periodistas que se acercaban en busca de algún titular. Y Las Teresitas siempre daba pie a una buena pregunta.
A Miguel Zerolo no le gustaba entrar en detalles. Desde su asiento, solía mirar por encima del humo de su cigarro antes de contestar. Las respuestas siempre eran las mismas: "No me he mamado nada". "Lo hicimos para salvar la playa de los constructores". "Esto es una conspiración del PSOE". Nunca hizo un mínimo esfuerzo por convencer a los que le cuestionaban, como si el pelotazo del que hablaban los titulares no fuera con él. Cuando se vive dentro de la burbuja de la impunidad, y se dispara la testosterona hasta el punto de reconocer que en el Senado "puedes hacer lo que te salga de la polla", es normal no tomarte ni un segundo en contestar las impertinencias del periodista de turno. "Venga, mi niño, vete a darle a la tecla un rato", daba a entender su mirada condescendiente. Diez años después, una sentencia sin precedentes escribe la historia de la malversación que se gestó en la sombra de un despacho oculto con decoración extravagante. Un manual de obligada lectura para aprender que la corrupción es una coreografía que requiere de la coordinación de varios intérpretes. Porque en Las Teresitas, Zerolo no baila solo.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dictó este jueves la sentencia del conocido como Caso Las Teresitas. El fallo judicial, contra el que todavía cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo, empuja hacia la cárcel a los principales actores de una trama que ha quedado probada en 169 folios de lecciones jurídicas. La resolución del Tribunal que preside Joaquín Astor Landete asume todas y cada una de las acusaciones que la Fiscalía, apoyada por el abogado José Pérez Ventura, lanzó contra las caras más conocidas de la élite tinerfeña. El resultado es un cóctel que explosiona en las raíces del poder político y económico: el alcalde y el concejal de Urbanismo de la capital tinerfeña elaboraron un plan para adquirir por más de 52 millones de euros unos terrenos, en el frente de la principal playa del municipio, cuyo valor no alcanzaba los 20 millones. Por si fuera poco, parte de ese suelo ya era de propiedad pública y no podía ser objeto de una operación de compraventa. De aquellos polvos, estas penas.
Siete años de cárcel para Miguel Zerolo por malversación de caudales públicos. El exconsejero de Turismo, exalcalde y exsenador es considerado por la sentencia una pieza imprescindible en la trama. No se creen los magistrados la versión de que todo se hizo a sus espaldas. Una excusa difícil de sostener cuando algunas de las decisiones más importantes se tomaron y ejecutaron desde su despacho. Pero Zerolo no baila solo.
No se puede llevar a cabo la operación urbanística más importante de la historia del Ayuntamiento sin la participación del concejal de turno, lo que vendría a explicar que a Manuel Parejo le haya caído la misma pena que a Zerolo. Siete años de cárcel que se unen a los tres que acumula por la construcción del mamotreto, un apéndice infectado del Caso Las Teresitas. El psiquiatra metido a edil de Urbanismo, dueño de la Clínica Parque, fue el brazo ejecutor de las ordenes del alcalde. Ambos tejieron un plan para malversar casi 40 millones de euros, como se encarga de recordar la sentencia.
La corrupción de Zerolo y Parejo ha quedado tan demostrada que la Audiencia Provincial les condena "a la pena en el límite legal de su extensión". No pasarán más tiempo en la cárcel porque el Código Penal no lo permite (y porque nunca se juzgó un cohecho del que también se acuerda el fallo judicial). "Al carácter extraordinariamente elevado de los fondos y patrimonio malversados, se añade una planificación criminal muy sofisticada y compleja"; una afirmación que hará sudar arena a los abogados a la hora de redactar el recurso de casación.
Para que haya malversación, alguien tiene que salir beneficiado. De nuevo, Zerolo no baila solo. El plan urdido por alcalde y el concejal de Urbanismo tenía como fin favorecer los intereses de los dos empresarios que vendieron el frente de playa de Las Teresitas al Ayuntamiento, en una operación que tiñó de negro el año 2001. Este hecho se reafirma en diferentes pasajes de una sentencia que les condena a cinco años y tres meses de cárcel. El papel de Antonio Plasencia e Ignacio González, en su función de colaboradores necesarios, fue decisivo en el desarrollo de los acontecimientos. Su condena es consecuencia de una jugada maestra de la fiscal María Farnéz Martínez, que antes del comienzo del juicio amplió su acusación contra ambos, ya que inicialmente solo estaban señalados como inductores, condición de la que han sido absueltos.
Si con Zerolo se hunde el buque insignia de la época dorada de ATI, con Plasencia y González se ahoga el símbolo del poder económico de Tenerife. Antonio fue presidente de la patronal de la construcción y destacado directivo de la CEOE. En paralelo, Ignacio llegó a lo más alto de la Cámara de Comercio. Los dos llenaron su cartera durante las vacas gordas de la burbuja inmobiliaria. Tenían la Isla en su mano. La condena les llega en el ocaso de su vida, lo que puede ayudarles a evitar la prisión. Lo que no podrá borrar la edad es su participación en la trama corrupta, algo que para el Tribunal "resulta evidente".
En la coreografía de la corrupción, tan necesarios como los empresarios son los funcionarios. La colaboración del exsecretario y del exgerente de Urbanismo, Víctor Reyes y José Tomás Martín, fue decisiva para llevar a cabo la malversación. Del primero, que en julio se volverá a sentar en el banquillo por el Caso Siliuto, por el que la Fiscalía le pide siete años de cárcel, aseguran los magistrados que "tenía conocimiento de que una parte de los terrenos eran públicos", al igual que Parejo. Fue la mano derecha del concejal durante toda la operación y participó en las presiones que sufrió la exarquitecta municipal Pía Oramas, cuyo testimonio tiene "plena credibilidad" para el Tribunal. A la hermana de la diputada de Coalición Canaria en el Cogreso, Ana Oramas, que en aquellos años mantenía una estrecha relación con Zerolo, no le tembló el pulso a la hora de tasar los terrenos en 19 millones de euros. Su informe fue ocultado por los miembros de la trama para manipular el voto del resto de concejales, como reconoce el fallo judicial.
Sobre José Tomás Martín expone la sentencia que firmó una memoria "mendaz e incompleta" para dar apariencia de legalidad a la operación, en lo que tildan de "resolución arbitraria abiertamente contraria a su deber como funcionario". Al exgerente y a Víctor Reyes les han caído cuatro años y medio de prisión.
Indemnización
Si hay una parte del fallo que deben leer todos los chicharreros con atención es la vinculada con las penas económicas que se imponen, de manera solidaria, a los seis condenados. En una decisión que abre un precedente importante en Canarias, la Audiencia Provincial exige a Zerolo y compañía que paguen 61 millones, más intereses, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Es decir, tendrán que rascarse el bolsillo para desembolsar entre todos, aunque no tiene por que ser a partes iguales, el quebranto que provocaron a las arcas municipales.
Pero las buenas noticias para el Consistorio capitalino no acaban ahí. La resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial va más allá y no solo permite recuperar el dinero malversado, sino que además considera que los terrenos tienen que ser de titularidad pública. Esta parte se explica en un párrafo inesperado de la sentencia: "El legislador no deja margen a la benevolencia o al restablecimiento del equilibrio prestacional, pese a que ello pudiera provocar el enriquecimiento de una de las partes (…) pues la conducta del recurrente en cuanto causante del ilícito delictivo merece una respuesta contundente". No hay que olvidar que la Justicia está pendiente de resolver el pleito civil por esta cuestión, donde únicamente se estaba a la espera de las conclusiones de la vía penal. Un regalo para el Ayuntamiento, aunque las caras largas del alcalde, José Manuel Bermúdez, y de otros concejales cercanos a la figura de Zerolo, expresen lo contrario.
Absueltos
Siete son las personas que han quedado absueltas en la sentencia de la Audiencia Provincial, aunque la Fiscalía ya había retirado la acusación contra cuatro de ellas: los hijos de los empresarios, Pedro González y Carlos Plasencia, y los funcionarios del Ayuntamiento Antonio Messía y Eugenio de Zárate. También se libran de la cárcel los dos portavoces de la oposición, Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP), que participaron en algunas de las reuniones sin tener una capacidad de tomar decisiones en la trama, como resuelven los magistrados.
Tampoco tendrá que vivir entre rejas el interventor delegado de Urbanismo. Aunque ha quedado probado que era vox populi en la Gerencia la existencia del informe de Pía Oramas, y que José Luis Roca podría haberlo mencionado durante su participación en los hechos, al ser el encargado de autorizar los pagos, la sentencia considera que no existen pruebas para considerar como delictiva la actuación del responsable de fiscalizar las cuentas.
CajaCanarias
La sentencia de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial no pasa por alto el papel decisivo que jugó la extinta CajaCanarias en la operación. En una crítica velada a la instrucción del caso, que torpedeó con recursos y aforamientos el propio alcalde, el Tribunal se toma su tiempo para describir la actuación de la entidad de ahorros, encargada de conceder el crédito con el que los empresarios González y Plasencia compraron los terrenos que después vendieron al Consistorio. Zerolo no baila solo, porque en una operación de esta envergadura el origen del dinero es muy importante.
Recuerda la sentencia que el Banco de España sancionó por la forma en la que se llevó a cabo el préstamo, pero lo realmente destacado es cómo describen los magistrados el papel jugado por el que fuera presidente de CajaCanarias, y actual dueño de Binter, Rodolfo Núñez, más conocido como Rudy.
En esa foto fija del poder corrupto de Tenerife, en la que figuran un alcalde, el presidente de los constructores y el de la Cámara de Comercio, solo faltaba el directivo de una caja de ahorros para tener el cuadro completo. El problema es que pese al papel protagonista de la entidad en la operación, Rudy Núñez solo estuvo imputado el tiempo que duró la investigación por cohecho y otros delitos de similar gravedad. La pieza se archivó, pero las pesquisas fueron suficientes para sacar a la luz la participación del todavía militante de Coalición Canaria. Y los magistrados de la Audiencia se encargaron de recordarlo en la sentencia.
El Tribunal hace una mención especial a los vínculos entre Plasencia y Núñez, hasta el punto de que pone negro sobre blanco los cuatro millones que el constructor le ingresó al presidente de CajaCanarias. Cualquier persona que haga un traspaso de tal cuantía hoy en día en la cuenta de un amigo, inmediatamente sería investigado por Hacienda. A Rudy, sin embargo, le bastó con decir que era un préstamo que le hizo el dueño de Promotora Puntalarga para entrar en la compañía Binter, con el que reconoció mantener una estrecha relación, para pasar de puntillas por el caso. La versión que ofreció en su declaración es cuestionada por los magistrados, que no esconden la impotencia de no poder llegar más lejos en sus líneas contra el dueño de la principal aerolínea canaria.
Tampoco se olvidan en la Sección Segunda de poner por escrito que Núñez, y el resto de directivos de CajaCanarias que declararon como testigos en el juicio, "bien han faltado a la verdad, bien han ocultado al Tribunal datos relevantes que debieron haber facilitado (si hubieran prestado declaración con el interés de aclarar los hechos)".
Pero los miembros de la Caja más importante a estas orillas del Atlántico no tenían ningún interés en que la verdad saliera a flote, porque sería como reconocer lo que ha corroborado la sentencia: el poder de Tenerife bailaba bajo una lluvia de corrupción con la única protección del paraguas de la impunidad. Hasta ahora. El fallo de la Audiencia Provincial es la condena a una forma de hacer política, en la que primaban los intereses particulares sobre el bien general. Aquí, en el paraíso donde el arquitecto Dominique Perrault quiso construir su Copacabana canaria, los que manejaban el dinero público se reunían con los representantes del poder empresarial, respaldados por el máximo responsable de una entidad a la que la mayoría de ciudadanos confiaron sus ahorros, para tramar una malversación que ronda los 40 millones de euros.
Con tantos protagonistas en el mismo baile, con tantos millones de beneficios para dos empresarios, resulta difícil creer que el dinero no cambiara de manos. La Fiscalía pensó lo mismo cuando impulsó la investigación por cohecho y asociación ilícita. La Policía encontró indicios serios sobre el posible movimiento dinerario entre los implicados. Se abrieron comisiones rogatorias en el extranjero, se investigó el patrimonio de los acusados (Zerolo, al que le tocó varias veces la Lotería, pasó 28 meses sin mover sus cuentas) y se levantaron las alfombras del poder como nunca antes se había hecho. Pero la causa se archivó y solo llegaron a juicio las acusaciones de malversación y prevaricación.
La Audiencia tampoco pasa de puntillas sobre estos hechos, lo que alimenta la pregunta sobre la posibilidad de haber llegado más lejos. Asegura que las actuaciones se llevaron a cabo en un contexto en el que "resultaba razonable y lógico suponer que la intervención de estos responsables políticos y funcionarios debía haberse producido a cambio de algo". Pero es más, los magistrados no quieren pasar por alto que durante el juicio "el Tribunal pudo confirmar la recepción sin justificación razonable de importantes sumas de dinero por dos de las personas relacionadas con los hechos: el señor Núñez (…) reconoció haber recibido cuatro millones del señor Plasencia (…) y el señor Hayek (condenado por la Sección Quinta por apropiación del dinero recibido por la Junta de Compensación en la compraventa), que reconoció haber recibido 300 millones de pesetas de los señores Plasencia y González". Fin de la cita.
La sentencia no es solo una condena a la corrupción, también es un premio a la honradez. Son 169 folios de reconocimiento a los denunciantes del caso, perseguidos y humillados por Zerolo y su entorno durante años; al trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, que se enfrentó a duras acusaciones de estar politizada; a los miembros de la Policía Judicial, cuestionados por desnudar las vergüenzas del poder; y a los técnicos valientes que no doblaron la rodilla pese a las represalias que sufrieron. Los funcionarios merecen una mención especial porque son ellos el principal muro de contención contra la corrupción. Que los magistrados den "plena credibilidad" a las declaraciones de Pía Oramas, la pieza clave del procedimiento, es una mensaje de tranquilidad para todos aquellos trabajadores de lo público que se plantan ante los abusos políticos.
Zerolo nunca bailó solo, ni si quiera después de levantarse el sumario que sacó a flote los detalles de la trama. Cuando se quedó sin aire en el Ayuntamiento, cambió su despacho de la Alcaldía por el Senado, tras ser elegido en 2011 por el Parlamento, a propuesta de Coalición Canaria, como la persona idónea para representar a la Comunidad Autónoma en la Cámara Alta. En 2014, cuando fue condenado por el Caso García Cabrera, dimitió y dejó la militancia política. En el Palacio de los Dragos ya solo queda su recuerdo, pero todavía hoy, con una sentencia de derribo firme desde 2015, desde los terrenos expoliados de Las Huertas aún es posible contemplar el mamotreto, símbolo de la corrupción de Las Teresitas.
