Representantes vecinales y la activista y portavoz de la Oficina Pro Derechos Económicos Sociales y Culturales de Canarias (DESC Canarias), Inma Évora, han conseguido este lunes al mediodía que el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz se comprometan a luchar contra la amenaza de desahucio que el banco Santander (Banif-Luri 6 SA) ha dirigido a las personas que habitan dos bloques de Viviendas de Protección Oficial (VPOs) en el popular barrio de Añaza de Santa Cruz de Tenerife. En dicha reunión, el Gobierno de Canarias informó a las afectadas que, al ser Viviendas de Protección Oficial (VPOs) en régimen especial hasta 2021, el banco Santander debe notificarles si se va a producir una venta y, además, el Gobierno tendría 'derecho de tanteo y retracto', es decir, que el banco debe respetar la opción de compra que tiene el Gobierno canario antes de venderla a un tercero. Sin embargo, el Gobierno no ha sido notificado por el banco y no sabe si estos inmuebles están entre los que vendió el banco de Ana Botín al fondo buitre Cerberus el mes pasado.
Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento le han pedido a DESC Canarias un escrito que incluya los casos concretos para poder dirigirse mediante un burofax en los próximos días al banco Santander y poder paralizar los desahucios, además de averiguar si se ha producido la venta o no al fondo buitre para estudiar el ejercer el derecho de tanteo desde la administración pública. A la reunión en el Ayuntamiento de Santa Cruz, asistieron la consejera de Viviendas del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el alcalde José Manuel Bermúdez, entre otros.
Precisamente este mismo lunes por la noche, se celebró una asamblea vecinal en la AAVV 8 de Marzo de Añaza en la que Inma Évora y el activista vecinal Lolo Dorta, explicaron la situación a las personas afectadas y solicitaron toda la documentación necesaria para elaborar el primer escrito que, este martes, estará a disposición del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz para el envío del burofax al banco Santander. Cabe recordar que, tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz como el Cabildo de Tenerife han acordado en pleno la aplicación del protocolo antidesahucios propuesto por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Tenerife que pasa por la retirada de fondos públicos de las entidades bancarias que no colaboren en la paralización de los desahucios, como ya ocurrió en 2012 cuando el alcalde de Santa Cruz retiró 1,5 millones de Bankia.
Evora explicó a las afectadas que, el Gobierno de Canarias, les había comunicado que las Viviendas no pueden ser vendidas si su consentimiento porque seguirán siendo de Protección Oficial hasta 2021, año en el se cumple el plazo de 15 años establecido por el "Real Decreto 1/2002 de 11 de enero sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del plan 2002-2005", aunque las viviendas obtuvieron la calificación definitiva en 2006. Fueron calificadas como viviendas de protección oficial "en régimen especial", lo que significa que están destinadas a unidades familiares con ingresos de hasta 2,5 veces el IPREM, que desde 2017 está congelado en 537,84 euros mensuales, 6.454,03 anuales en 12 pagas, y 7.519,59 euros en 14 pagas. Sin embargo, ayer fueron varias las vecinas que denunciaron que, el los últimos años, la inmobiliaria también del banco Santander Altamira, les había subido el alquiler con casos en los que pasaron a pagar de "290 euros a 470 euros". La portavoz de DESC Canarias se comprometió a averiguar si estas subidas de alquiler respetan el IPREM y han sido visadas por el Gobierno de Canarias. "Se trata de una estrategia del banco Santander que no quiere que le paguen, quiere echarles y por eso impone condiciones abusivas que son incumplibles por familias que están en Viviendas de Protección Oficial por un motivo".
De hecho, son tres los tipos de casos que afectan a estas familias: Los casos en los que el banco Santander se niega a renovarles el contrato de alquiler o impone cláusulas abusivas para su renovación (avalistas, fianzas de 6 meses cuando la Ley de Arendamientos establece 2); los casos de desahucio ya judicializados por impago de alquiler precisamente porque las familias no pueden o no quieren asumir el incremento que les cargan automáticamente en la cuenta bancaria sin acuerdo previo (Évora les aconsejo que consignen el alquiler acordado en el juzgado); y los desahucios por okupación. Precisamente durante la asamblea, DESC Canarias detectó algo "preocupante" porque puede suponer "una ilegalidad" cometida por el Santander al ingresar alquileres mediante "dinero negro" ya que no puede declararlos al Gobierno de Canarias: El banco Santander está cobrando a familas okupas mediante conceptos como contrato de okupación en precario ó contrato de contraprestación por okupación.
Inma Évora recordó en la reunión que esta situación "viene de lejos"; de hecho, no sólo pararon un desahucio en el edificio a principios de 2017 [En la foto, la placa de VPO] sino que, como recuerda Évora, portavoz de la PAH Tenerife entonces, en 2013 se consiguió paralizar el desahucio de varias familias con intervención del Ayuntamiento de Santa Cruz y ya entonces denunciaron que eran Viviendas de Protección Oficial dependientes del Gobierno de Canarias.
Pero no fue hasta este lunes cuando el Ejecutivo regional confirmó que se trataba de una promoción privada con financiación pública para las Viviendas de Protección Oficial y que, a diferencia de esta vez que el Santander no le ha comunicado al Gobierno su venta al fondo buitre Cerberus, en 2006 sí se le comunicó la venta al banco Santander. Quien vendió fue Martinsa-Fadesa cuya caída, sólo dos años después, provocó el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Que unos multimillonarios norteamericanos con mucho poder político puedan comprar dos bloques de viviendas protegidas en un barrio popular de una isla perdida en el Atlántico, resume el estado actual del mercado inmobiliario. Un caso paradigmático pero no el único ya que otros fondos buitre como Fidere (Blackstone) están haciendo lo mismo en la Comunidad de Madrid. Con una Diferencia: el Gobierno autónomo sí ha autorizado la venta e, incluso, ha recurrido la sentencia que abre la puerta a la anulación de la venta de 3.000 viviendas al fondo buitre Goldman Sachs-Azora. Mientras los beneficios de estos fondos buitre con la compra-venta alcanza el 400%, el Gobierno de Pedro Sánchez ha asegurado que aprobará una Ley que prohibirá la venta de Viviendas de Protección Oficial a fondos buitre.
