El exalcalde de Garachico y exdirector general de Deportes del Gobierno de Canarias, Ramón Miranda, se ha declarado este martes culpable de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, con lo que ha conseguido rebajar a la mitad la acusación a la que se enfrentaba por desviar algo más de 6.300 euros del Patronato Nuestra Señora de la Concepción para hacer frente al pago de una condena personal por vulnerar el derecho al honor de un conocido empresario del municipio tinerfeño.
Justo antes de la celebración del juicio, la defensa de Ramón Miranda y la Fiscalía Anticorrupción, representada por Jaime Serrano-Jover, alcanzaron un acuerdo por el que el exalcalde de Garachico asume una pena de un año de cárcel, tres años de inhabilitación para empleo público y la devolución de los 6.300 euros que sustrajo de una residencia de personas mayores.
El acuerdo no evitó que, durante algunos minutos, Miranda ocupara el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El tiempo justo para que los magistrados dieran lectura a los términos de una condena que firmó el propio acusado, iluminado por los flashes de las cámaras de numerosos periodistas que se dieron cita en el Palacio de Justicia.
Aunque inicialmente el Ministerio Público solicitaba cuatro años de cárcel para el exalcalde de Garachico, el fiscal explicó que la pena máxima que podía caerle a Ramón Miranda en aplicación de la última reforma judicial era de dos años, que finalmente ha quedado reducida a la mitad gracias a la declaración de culpabilidad. Las partes reconocieron también la existencia de dilaciones indebidas.
Los hechos se remontan a octubre de 2007, cuando el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santa Cruz de Tenerife condenó a Miranda al pago de una indemnización por la intromisión en el honor del empresario y marqués Luis López de Ayala, en una sentencia que fue ratificada por la Audiencia Provincial en junio de 2008.
El entonces alcalde de Garachico optó por buscar en las arcas públicas el dinero con el que tenía que indemnizar al empresario, en lo que ahora ha reconocido como un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación. Miranda aprovechó su condición de presidente de la Residencia de Ancianos Nuestra Señora de la Concepción, que al tratarse de un organismo autónomo no se encontraba sometido a los controles de fiscalización.
El exdirector general de Deportes en el último Gobierno de Paulino Rivero no se cuidó de disimular la procedencia del dinero, hasta el punto de que las dos transferencias bancarias que realizó para sufragar la condena, una de 4.410 euros y otra de 1.896 euros, aparecían con cargo al patronato municipal.
La sentencia, al haber reconocido su culpabilidad, pasa a ser firme sin posibilidad de recurso. Aunque Miranda nunca ha escondido su intención de volver a la primera fila política, ahora tendrá que esperar, al menos, tres años y un día para poder ocupar un cargo público.