El consejero Julio Concepción declara en sede judicial que el vicepresidente Aurelio Abreu le confirmó que el proyecto para evitar desahucios lo propuso la activista de la PAH y que entregárselo a la Iglesia fue “una decisión política”
La declaración de la directora insular de Vivienda, a favor de Cáritas, evidencia que Évora denunció en el Cabildo que la Iglesia no atiende ni a familias monomarentales ni a mujeres víctimas de violencia machista
La Jueza, vinculada con el PP valenciano de la ‘era Camps’ y que consiguió su plaza por sentencia del Supremo tras suspender el examen por “omisión de cuestiones de fondo”, forzó el acuerdo en tres ocasiones apercibiendo a la activista de una condena por mala fe si insistía en el despido nulo
Cáritas ha indemnizado a la activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Inma Évora con 4.000 euros después de despedirla de forma improcedente, según reconoce en el acuerdo alcanzado el pasado martes durante el juicio que se celebró en la sala del juzgado de lo Social número 7 de Santa Cruz de Tenerife tras la demanda presentada por Évora contra la organización de la Iglesia Católica.
Este párrafo que acaba de leer y que, en principio, parece que es la noticia (al menos formalmente ya que responde al ‘qué’, ‘quién’, ‘cómo’, ‘cuándo’, ‘dónde’ y ‘por qué’) está incompleto si se tiene en cuenta que no explica por qué en el juicio declararon un consejero y una directora insular del Cabildo de Tenerife. Y es que Inma Évora fue despedida de forma improcedente de un proyecto (Base 25) enteramente financiado con dinero público (al menos, más de 550.000 euros) procedente de subvenciones a dedo otorgadas a Cáritas por el Cabildo de Tenerife y que forman parte de una larga lista de ayudas directas cuyo gasto ha crecido un 775% desde que Carlos Alonso (CC) llegó a la presidencia de la Corporación.
Pero en este caso no fue el presidente, sino el vicepresidente Aurelio Abreu (PSOE) quien tomó “la decisión política” de otorgarle a dedo el proyecto a Cáritas o al menos eso es lo que declaró, bajo juramento y con advertencia de dos años de cárcel si mentía, el consejero del Cabildo de Tenerife Julio Concepción (Podemos). Concepción también aseguró tener pruebas de que Abreu le reconoció que fue Inma Évora la que propuso, en el marco del Consejo Insular de la Vivienda (en el que la activista, junto a Abreu y Concepción, también era miembro como antigua portavoz de la PAH) la creación de un proyecto para atender a personas afectadas por los desahucios y que ese proyecto se le entregó “por una decisión política de Aurelio Abreu”, insistió el consejero. Concepción declaró que, como miembro de la oposición, le aclaró al vicepresidente que no estaba de acuerdo con la decisión a lo que Abreu le respondió con un “tengo una buena noticia para ti”. Según su declaración, esa noticia era que, aunque la gestión del proyecto se entregara a Cáritas mediante subvenciones a dedo, Évora sería la encargada de llevarlo a buen puerto ya que Cáritas la contrataría.
También declaró la mano derecha de Abreu en el área de Vivienda del Cabildo, la directora insular Marta Arocha (PSOE), pero a diferencia de Concepción (que declaró como uno de los testigos de Évora propuesto por la abogada del sindicato CNT, Cristina Vilela) el cargo público del gobierno insular declaró a favor de Cáritas. A preguntas del abogado de la organización de la Iglesia Católica, Rogelio Zamora, que intentaba demostrar una competencia desleal por parte de Inma Évora, lo que reconoció Arocha es que la activista ya le había advertido que Cáritas estaba dejando sin atención a familias monomarentales (formadas por mujeres e hijos) y mujeres víctimas de violencia machista, precisamente dos de los perfiles a los que se refirió Évora durante la acampada que hizo junto a la PAH a las puertas del Cabildo como acto de protesta y en la que denunció públicamente que su despido se debía a que se oponía a dejar sin atención a personas por razones ideológicas de la organización de la Iglesia católica. El abogado de Cáritas intentó demostrar la competencia desleal al preguntarle a Arocha si era cierto que Évora le propuso otro proyecto para atender a mujeres víctimas de violencia machista y familias monomarentales a lo que la directora insular respondió “sí”. Pero, al ser preguntada por la abogada de Évora si la activista lo hizo para mejorar la atención a las personas afectadas por desahucios Arocha no sólo respondió con un insistente “no sé” sino que la directora insular de Vivienda también reconoció que el proyecto de Cáritas no atendía a esos perfiles que le proponía Évora por lo que no podría existir esa competencia desleal.
En esa supuesta “competencia desleal” es en la que insistieron tanto secretaria general de Cáritas, Rosa Martín González, como la coordinadora de acción social de Cáritas, Úrsula Peñate Martín, pero ambas reconocieron que las funciones del proyecto ‘Base 25’ y de la PAH “se solapan” y que la plataforma se ocupa de “un perfil más amplio”. Ambas declararon como testigos de Cáritas ya que Rosa Martín no pudo hacerlo como “medio de prueba” ya que carecía de Poder de representación de Cáritas a diferencia del abogado de Cáritas en el juicio quien rechazó hacerlo por “desconocer el fondo” del asunto. Ursula Peñate Martín declaró que suponía que la carta de despido de Inma Évora, en la que se expone como motivos su participación en diferentes actos públicos como miembro de la PAH, la había elaborado el equipo directivo de Cáritas. Por su parte, Rosa Martín aseguró en su declaración bajo juramento que fue “el abogado” quien elaboró la carta de despido pero no aclaró cuál ya que Cáritas Diocesana Tenerife tiene un “equipo de asesores jurídicos” del que también forma parte el concejal de Santa Cruz, José Ángel Martín Bethencourt (PSOE).
Además del consejero del Cabildo Julio Concepción, como testigos de Inma Évora declararon dos miembros de la PAH. Por un lado, otra Inma (pero de apellido Molina) para demostrar que una intermediación con el Ayuntamiento de La Laguna para evitar un desahucio no la había hecho Inma Évora siendo trabajadora de Cáritas (como aseguraba la carta de despido) sino Inma Molina, como miembro de la PAH y el actual portavoz de la PAH, Borja López, para dejar claro que una de las líneas rojas de la Plataforma, tanto a nivel local como a nivel estatal, es que no cobran por la función social que realizan por lo que, según expuso la abogada de Évora, no se puede argumentar que la activista estuviese realizando el mismo trabajo ya que su participación como miembro de la PAH en actos públicos (Cáritas incluso presentó como prueba una entrevista a Inma Évora en Mirame TV Canarias que se vio en la sala durante el juicio) responde a Derechos Fundamentales como el de Libertad de Expresión, Reunión y Asociación recogidos en la Constitución.
Sin embargo, la jueza titular del juzgado de lo Social número 7 de Santa Cruz de Tenerife María Luisa Mediavilla Cruz no tuvo en cuenta esa ‘cuestión de fondo’ presentada por la abogada de Évora e insistió, hasta en dos ocasiones antes de comenzar el juicio, en que las partes llegaran a un acuerdo apercibiendo de “condena por mala fe” a la activista si insistía en su petición de despido nulo. Mientras que la jueza habló con Évora y su abogada siempre en la sala en la que posteriormente se celebró el juicio, con la secretaria general de Cáritas se la vio reunida en el pasillo adyacente a la sala. Otro ejemplo del trato diferencial fueron las formas que tuvo la jueza al dirigirse durante el jucio a la abogada de Évora, a la que incluso le llegó a ordenar con un grito que se callara cuando la jurista de la CNT insistió en presentar, como cuestión de fondo, que la carta de despido de Cáritas atentaba contra los Derechos Fundamentales de su defendida. María Luis Mediavilla Cruz es titular del juzgado número 7 de Santa Cruz de Tenerife por sentencia del Tribunal Supremo, que estimó en parte su recurso contra la Comisión Permanente Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Poder Judicial había considerado que “el insuficiente tratamiento de los aspectos materiales y procesales de las cuestiones sometidas a los aspirantes” fue “el factor que determinó” que Mediavilla “no obtuviera en su examen la consideración de apta”. Sin embargo el Supremo consideró que “la omisión” en su prueba “del análisis de alguna de las cuestiones de fondo” de un supuesto que tuvo que dictaminar “no puede ser un factor determinante para su suspenso”. Mediavilla estuvo compaginando el juzgado de lo Social número 7 de Santa Cruz de Tenerife con su puesto en el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana del que fue miembro nombrado durante la era Camps, nombrada primero por el propio expresidente Francisco Camps (PP) y, luego, por el expresidente Alberto Fabra (PP) . Además, la jueza ya fue noticia nacional cuando también compaginó otros dos cargos el de técnico de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) pública (la antigua canal 9) con el de magistrada suplente en la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que intervino en el dictamen de una providencia en el caso de una trabajadora que demandó a la RTVV para la que aún trabajaba.
La jueza que no fue considerada “apta” por el CGPJ “por el insuficiente tratamiento de los aspectos materiales y procesales” y que el Supremo reconoció que omitió en su examen “el análisis de alguna de las cuestiones de fondo” no tuvo tampoco en cuenta en el juicio de Inma Évora contra Cáritas la ‘cuestión de fondo’ que argumentaba la abogada de CNT: Que la carta de despido de Cáritas iba en contra de los Derechos Fundamentales de su defendida lo que posibilitaba la declaración de despido nulo. Pero, en vez de seguir con el juicio, tras las declaraciones, la jueza Maria Luisa Mediavilla insistió en que las partes llegaran a un acuerdo que finalmente se firmó: El despido improcedente de Inma Évora con una indemnización de 4000 euros “sin tener nada más que reclamarse las partes” y así quedó “saldada y finiquitada la extinta relación laboral”. Mientras, Cáritas seguirá encargándose de un proyecto que, según las declaraciones judiciales, nació en un órgano público (el Consejo Insular de la Vivienda del Cabildo de Tenerife) y, “por una decisión política”, se le entregó a una organización de la Iglesia Católica mediante subvenciones a dedo (que, al menos, sobrepasan el medio millón de euros) pero que no sirven para que no se discrimine a familias monomare-ntales y mujeres víctimas de violencia machista en la atención a personas afectadas por desahucios.
Pese a que estos ingredientes del despido de Inma Evora lo convirtieron en noticia nacional en varios medios de comunicación, en el juicio sólo estuvo presente este medio y no sin problemas ya que el auxilio judicial, en un primer momento, lo desalojó de la sala e intentó hacerlo incluso del edificio, además de que requisó el medio de grabación por orden de la jueza.
