FCC, segunda clasificada en el proceso de reprivatización de la limpieza, también avisa por escrito a CC y PP: “Hay una presunta estrategia para distorsionar la valoración de las ofertas, práctica que es contraria a la Ley”
El abogado y concejal de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández-Arcila, ha presentado esta misma tarde en la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife un escrito dirigido “a todos y cada uno de los miembros que componen la Junta de Gobierno local” (los concejales de CC y PP), como órgano de contratación del concurso de basuras de la capital, advirtiéndoles de las “responsabilidades penales y patrimoniales […] en vista de las declaraciones del alcalde de Santa Cruz que ya anuncia que adjudicará el contrato a Valoriza Servicios Ambientales SA, sin analizar adecuadamente en sede institucional las circunstancias que concurren en el presente caso y a la vista del informe técnico emitido con relación a la oferta de Valoriza”. Un informe, el de los técnicos del Servicio municipal que califica la oferta de “anormal y desproporcionada” y asegura que “no se puede cumplir”.
Arcila expone que la adjudicación a Valoriza por parte de los miembros de la Junta de Gobierno “podría suponer una administración desleal del patrimonio público, vinculado al servicio público objeto de licitación y una clara y palmaria contravención de lo previsto en el artículo 152. 4. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y, por tanto, se advierte de las responsabilidades penales en que pudiera incurrir los miembros de la Junta de Gobierno Local”. Arcila se refiera al artículo 152.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que dice que “Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa”.
Además, el abogado experto en Derecho Penal y Administrativo y edil de SSP, expone “la responsabilidad patrimonial que deriva de lo establecido en la Disposición adicional decimonovena del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”. Arcila transcribe dicha disposición que establece la “responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas”: Primero, el procedimiento para exigir “La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas derivada de sus actuaciones en materia de contratación administrativa, tanto por daños causados a particulares como a la propia Administración”. Y segundo, recordando que “la infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la presente Ley por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando mediare al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la materia”.
Un argumento jurídico del que se infiere que lo que para alcalde es evitar cometer un delito de prevaricación, según sus declaraciones, podría suponer lo contrario.
En su escrito, Pedro Fernández Arcila se refiere también a las consecuencias del incumplimiento de la oferta en el hecho de que la propia “Mesa de Contratación” la introduce al reconocer que “tendrá como consecuencia una deducción en los pagos mensuales del contrato” y que establece como máximo en el 9% del precio del contrato, es decir se admite el incumplimiento y las consiguientes penalizaciones derivados de este”. Destaca el edil que “hasta tal punto contempla la Mesa de Contratación que Valoriza no va a llevar a cabo la oferta propuesta que, aunque no lo reconoce, se viene a introducir de facto una baja temeraria con relación al precio (10% de baja de la oferta más las detracciones por penalización) que no ha sido convenientemente evaluada por los técnicos municipales”. A Arcila le resulta “sorprendente” que la propia Mesa reconozca en su propuesta que “la suma de la baja ofertada y el importe máximo hipotético que se pudiera deducir del precio del contrato por incumplir sus compromisos de calidad alcanzaría, según el informe técnico un 18,11% de baja acumulada respecto del precio de licitación” cuando el máximo es de un 15%. Pero lo que más “soprende” al edil es que se asegure en la propuesta que “un escenario configurado como previsible y admitido “ por el Pliego de Condiciones.
Al concejal de Sí Se Puede le resulta “evidente” lo “erróneo” de este planteamiento ya que “hace décadas que los contratos públicos no se vislumbran tan sólo desde el punto de vista económico, sino desde el binomio coste-eficacia”. Por ello, el objeto de análisis de la mesa de Contratación “debía haber incluido consideraciones en relación no sólo al precio del contrato, sino a si la calidad de las prestaciones pueden realmente mantenerse y de eso no se hacecla más mínima mención”. Arcila recuerda que los pliegos definen como objeto del contrato la mejora de los niveles actuales de calidad en la prestación del servicio, por lo que los incumplimientos afectan de manera directa a un elemento esencial del contrato.
El concejal de Sí Se Puede concluye que “ningún órgano ha cuestionado el informe de los técnicos que ‘estima, como consecuencia de la reducción del 80% a aplicar los valores de los intervalos de los indicadores del servicio, que el aseguramiento de la calidad no puede ser cumplido’. Es decir, que aplicando el artículo 152. 4. “mencionado en el Informe 04/2018 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias” y emitido a solicitud del alcalde de Santa Cruz, la Junta de Gobierno debe considerar la justificación efectuada Valoriza y los informes de los técnicos municipales y estimar que “la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados” por lo que deberá excluir a Valoriza. “En caso contrario los miembros de la Junta de Gobierno Local podrían incurrir en las responsabilidades ya advertidas al inicio de este escrito”, avisa Arcila.
La empresa más perjudicada también avisa
Por su parte, Fomento Construcciones y Contratas (FCC, la multinacional controlada por la séptima persona más rica del mundo, Carlos Slim, y con un 5% de sus antiguas dueñas, las Koplowitz) también advierte: “No hay viabilidad técnica ni económica en la oferta elaborada por Valoriza, además de una presunta estrategia para distorsionar la puntuación y valoración de las ofertas, práctica que es contraria a la Ley así como una práctica restrictiva a la competencia”.
Es la conclusión de un escrito fundamentado jurídicamente durante ocho páginas por la segunda clasificada en la propuesta de la Mesa. El documento analiza la oferta de Valoriza y asegura que “La Mesa de Contratación propone irregularmente, sin fundamentar exhaustivamente su decisión y en contra del propio criterio del Ayuntamiento de Santa Cruz, legitimando una estrategia practicada por Valoriza, para distorsionar artificialmente la puntuación de la valoración de las ofertas de todos los licitadores” al aceptar una oferta anormalmente desproporcionada “admitiéndose además que no se va a cumplir, por parte de la empresa, los servicios técnicos municipales, y por la mesa de contratación”. FCC se refiere al argumento que da la propuesta de la Mesa al valorar que el incumplimiento vendría acompañado de sanciones económicas que, para la segunda clasificada, tendrían que sumarse a la oferta económica de Valoriza y se traducirían en una oferta temeraria también por el precio (superaría el límite del 15% de reducción en más de tres puntos) y no sólo por el criterio de calidad (que ya supera en 30 puntos el 50%).
Aunque para el informe del Gobierno de Canarias se refiere al artículo 149.6 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público para venir a decir que, si la Junta de Gobierno excluye a Valoriza por su oferta temeraria (que no puede ser cumplida, según el informe técnico) deberá acordar la adjudicación a la segunda clasificada, FCC se limita en su escrito a pedir que la convocatoria quede “sin efecto”, tal y como prevé el pliego de condiciones del concurso de privatización del servicio de basuras deja claro en su cláusula 22.2. Dicha cláusula, además de señalar que “la adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de contratación, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico, en cuyo caso la convocatoria quedará sin efecto” recuerda que el artículo 151.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público ordena a la Junta de Gobierno “a adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación” (recuerda FCC en su escrito) y la propuesta de la Mesa de Contratación está colgada en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Santa Cruz desde el 21 de septiembre. Llama la atención que, en su escrito, FCC aporta ejemplos de casos en los que la Mesa de Contratación sí hace suyos los informes de los mismo técnicos municipales para excluir otras ofertas temerarias en otros concursos.
Este viernes hay lio en el Ayuntamiento.
Este viernes, el concejal de Servicios Públicos Dámaso Arteaga (CC) ha convocado a todos los grupos municipales a una Comisión Informativa (a puerta cerrada) a la que ha invitado al resto de miembros de la Mesa de Contratación, pero no a los técnicos autores del informe en contra de adjudicar el Servicio a Valoriza. Arcila (SSP) ha pedido por escrito que los técnicos del servicio, autores del informe que la Junta de Gobierno debe tener en cuenta, según la ley, estén también en esa Comisión Informativa. El concejal y también miembro de la Junta de Gobierno, Damaso Arteaga, tuvo una ronda de reuniones este jueves con redactores de diferentes medios de comunicación para insistir en la versión defendida por el alcalde y presidente de la Junta de Gobierno, José Manuel Bermúdez (CC): que un aspecto parcial de la oferta sea considerado por los técnicos municipales como “anormalmente bajo o desproporcionado” y “no pueda ser cumplido” no afecta a toda la oferta, según el Gobierno municipal (CC y PP). Sin embargo, a esa reunión (en la que el concejal estuvo acompañado por el director de Servicios Públicos, un cargo nombrado por la Junta de Gobierno en 2015) Arteaga no invitó a Mírame TV Canarias, pese a ser el medio que publicó en primicia el informe del Gobierno de Canarias contrario a la versión del Gobierno municipal, y pese a la solicitud por escrito en la que se le pedía la versión de su Concejalía.
En dichos encuentros, Arteaga defendió las bondades de Valoriza, e insistió (como ya hizo el 27 de septiembre en declaraciones a Radio Club Tenerife) en que la oferta temeraria de la filial de Sacyr en el parámetro de calidad del servicio “quiere decir que la empresa ha dicho que van a ser excelentes en la limpieza de Santa Cruz”.
La “excelencia” de Valoriza dentro y fuera de Canarias
Esa excelencia es a la que Sacyr también se comprometió en la empresa pública de aguas Emmasa (en cuyo consejo de administración también tiene hueco para tres representantes de Valoriza) y con un proceso de privatización nulo, según la sentencia del Tribunal Supremo tras la denuncia de Ciudadanos de Santa Cruz (CSC). Sentencia que no fue ejecutada porque, solicitarlo, hubiera supuesto importantes sanciones por derechos adquiridos ya que fue el Ayuntamiento el que cometió errores en el procedimiento. Entonces, los grupos de la oposición (Sí Se Puede, XTF, PSOE y CSC) denunciaron los graves incumplimientos de contrato de Sacyr (la mayoría, subcontrataciones a empresas del mismo grupo) que podrían suponer la rescisión del mismo según el pliego, pero el Ayuntamiento se limitó a poner sanciones que no se han podido cobrar porque, unas caducaron sin que se les reclamara a la empresa y, otras, están recurridas en los tribunales. Todo el procedimiento contencioso-administrativo de la gestión de Emmasa por parte de Sacyr-Valoriza, incluidas sentencias, consta en las diligencias de investigación abiertas por el Juzgado de instrucción número 2 de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife tras la denuncia del exconcejal de XTF, José Manuel Corrales y la denuncia en Fiscalía primero, y posteriormente en los juzgados, de Arcila (SSP). Además, el concejal Dámaso Arteaga y el exconcejal Noberto Plasencia están a la espera de juicio (pendiente del parecer de Fiscalía) acusados de permitir vertidos ilegales de Emmasa (Sacyr-Valoriza) en el muelle capitalino de Honduras. Este vertido, calificado de “puntual” recientemente, fue denunciado en los tribunales por SSP en 2008 y al menos hay registro del mismo desde 2007.
Valoriza controlaba también el 33% de la empresa pública de aguas del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria (Emalsa) hasta que, recientemente, vendió sus acciones a Saur de espaldas al Ayuntamiento. El ‘caso Emalsa’ investiga en los tribunales los pagos de Valoriza-Saur (Sercanarias) a SATOCAN, una práctica similar a las subcontrataciones a empresas del mismo grupo por las que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife decidió sólo multar a Sacyr-Valoriza y no quitarles el servicio, tal y como solicitó entonces la oposición en base al pliego de condiciones de una privatización declarada nula por el Tribunal Supremo.
Sacyr (Valoriza) es una multinacional que se controla desde Canarias ya que, el dueño de la petrolera canaria DISA, Demetrio Carceller (el nieto del ministro franquista de mismo nombre que evitó ir a la cárcel junto a su padre pagando una multa millonaria por 13 delitos fiscales), y el segundo hombre más rico del archipiélago, el grancanario Juan Miguel Sánjuan (SATOCAN), tienen una mayoría de acciones de forma mancomunada. Valoriza (ex SUFI, SA comprada por Sacyr en 2005), es la empresa que aparece en ‘los papeles de Bárcenas’, el ‘caso Gürtel’, y el ‘caso Brugal’) por presuntos sobornos al Partido Popular para hacerse, precisamente, con las concesiones de basuras de diferentes municipios. El Partido Popular de Santa Cruz de Tenerife comparte con Coalición Canaria las sillas en la Junta de Gobierno cuyos miembros deberán decidir si, prevaricar, es lo que dice el alcalde de Santa Cruz o lo que advierte la oposición.
