Se disparan las quejas por demoras en Servicios Sociales en Canarias
El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha criticado el grado de respuesta de las administraciones públicas canarias respecto a las peticiones de información por parte de la institución, y si bien el año pasado no hubo ninguna declaración de obstrucción, sí se firmaron 135 recordatorios del deber legal de responder los requerimientos y 222 advertencias de declaración de obstruccionismo.
A raíz de estos datos, Rafael Yanes, que hoy martes ha comparecido en comisión parlamentaria para presentar el Informe Anual de 2023, hizo un llamamiento a la Administración Pública, que "debe ser ejemplar en el cumplimiento de la legislación y no lo hace", recordando que el artículo 29 de la Ley del Diputado del Común establece 15 días para responder y, sin embargo, casi siempre se incumple.
En su exposición, el Diputado del Común detalló que en el año 2023 se registraron más de 23.000 documentos de entrada, lo que supuso una cifra récord; se atendieron más de 5.000 consultas telefónicas a través del número gratuito de la Diputación del Común, y más del 64 por ciento de los expedientes tramitados fueron favorables a la ciudadanía.
Por áreas, Rafael Yanes señaló que Servicios Sociales ha sido la que más aumentó el número de quejas en el último año debido a los retrasos de la Administración respecto a la concesión de ayudas a las personas más vulnerables. Así, se revelan incumplimientos de los plazos para resolver solicitudes de la Renta Canaria de Ciudadanía, establecidos en tres meses y se tardan 16; de pensiones no contributivas, con una tardanza de hasta 12 meses mientras el plazo está establecido en tres, y solicitudes de ayudas que deben prestar los ayuntamientos, algunos de los cuales están poniendo "dificultades" para el empadronamiento de personas que deben recibir ayudas básicas, esenciales y urgentes por sufrir una situación de extrema necesidad.
Con respecto a la Discapacidad, Yanes indicó que los "importantes incumplimientos" en Dependencia han hecho que pase desapercibida la "gravísima" situación que sufre esta área, que en cinco años ha registrado un aumento en el número de quejas de un 319 por ciento y ya suma más reclamaciones que las de Servicios Sociales y Dependencia juntas. En este sentido, señaló que si bien el plazo para la resolución del Grado de Discapacidad está establecido en seis meses, se está registrando una tardanza de hasta 65 meses, lo que significa que si una persona solicitase dicho reconocimiento hoy mismo, tendría que esperar hasta octubre de 2028.
En relación a la Dependencia, el Diputado del Común destacó que por segundo año consecutivo ha disminuido el número de quejas, aunque sigue siendo el área que más reclamaciones registra, pues las solicitudes del Grado de Dependencia, que deberían resolverse en seis meses, lo están haciendo en 23, de manera que si una persona lo presentase hoy, 8 de abril, tiene que esperar al año 2026, si no fallece antes, porque en 2023 murieron 2.300 personas esperando en la lista de espera, es decir, seis diarios y uno cada cuatro horas.
Rafael Yanes achacó esta situación a la escasez de recursos económicos destinados a los Servicios Sociales. En concreto, tal y como refleja el Informe, el gasto por habitante y año en Canarias es de 276 euros, mientras que en otras comunidades autónomas, como Extremadura, se destina el doble, 555 euros. Añadió, además, que el gasto certificado en Canarias en 2022 fue de 233 millones y en regiones como Castilla y León de 747 millones, lo que supone que si una persona presenta la situación del Grado de Dependencia en esta comunidad, la tiene resuelta antes del 15 de agosto. Por ello, consideró que la única solución para resolver este problema es financiar las políticas sociales con la media del Estado, si se quieren mejorar los resultados.
En materia de Vivienda, el Diputado del Común incidió en que sigue siendo uno de los "grandes problemas" que sufre la comunidad autónoma, de ahí que la institución haya elaborado un informe extraordinario con 39 propuestas en las que se hacía hincapié, sobre todo, en la necesidad de construir más vivienda pública, toda vez que el 1% de las viviendas en Canarias son públicas, frente al 9% en Europa o el 20% en los países nórdicos; y en mejorar la gestión para evitar actuaciones fraudulentas, ocupaciones ilegales o alquileres clandestinos.
En cuanto a la violencia de género, la Diputación del Común llevó a cabo el año pasado dos actuaciones de oficio, una por la no ejecución de las Oficinas de Atención a Víctimas, una para cada provincia, y por la insuficiencia de medios en los informes periciales, especialmente el personal psicológico, del que depende la seguridad de las mujeres maltratadas y de los menores. También se han abierto cuatro actuaciones de oficio en materia de igualdad, dos en educación, una en sanidad y otra más en derechos sociales.
Por último, en lo que respecta a la migración, Rafael Yanes hizo hincapié en la necesidad de mejorar los mecanismos de determinación de la edad de las personas que llegan de manera irregular al archipiélago. A este respecto, destacó la colaboración tanto de la Fiscalía Superior de Canarias como del Defensor del Pueblo, y que finalmente se pueda modificar la legislación para que los menores no acompañados vean atendidos sus derechos adecuadamente y estén protegidos. Y en materia de menores, abogó por la necesidad de poner en vigor el Plan de infancia y adolescencia, un compromiso adquirido en 2024 y que no se ha abordado.