Más de 6.500 personas se han vistos afectadas por el retraso de la ayuda a la Dependencia en Canarias

El sistema de ayuda a la dependencia en Canarias vuelve a mostrar signos de estancamiento. A pesar de las mejoras que apuntaban los informes de la Asociación de Gerentes y Servicios Sociales, más de 6.500 personas en las islas siguen esperando recibir la asistencia a la que tienen derecho reconocido. En agosto de 2022, se gestionaron 901 Programas de Atención Individualizada (PIA), el trámite necesario para acceder a los servicios. Sin embargo, en agosto de este año solo se han tramitado 198, una cifra que incluye tanto nuevas altas como bajas por fallecimiento o traslado.

Según los datos más recientes del IMSERSO, en Canarias se han registrado 72.563 solicitudes de ayuda a la dependencia. De estas, se han resuelto 56.213 y se ha reconocido el derecho a percibir la prestación a 49.605 personas. Sin embargo, esta cifra representa solo el 22% de las 253.565 personas que, según el IMSERSO, podrían ser beneficiarias en una población de 2,2 millones de habitantes.

Actualmente, la mayoría de las personas con el grado de dependencia reconocido en Canarias son mujeres (58,8%), frente al 41,42% de hombres. La mayor parte de los beneficiarios tiene más de 80 años (23.159), seguida de la población de cero a 64 años (20.918) y de 65 a 79 años (12.136).

De las 43.050 personas que ya tienen su PIA resuelto y, por tanto, reciben una prestación, la mayoría (18.829) opta por cuidados en el entorno familiar. Otras formas de asistencia incluyen prestaciones vinculadas a servicios (14.817 personas), centros de día o noche (5.776), residencias (5.056), teleasistencia (2.837), prevención y autonomía personal (2.368) y ayuda a domicilio (1.413), siendo este último un servicio que depende en gran medida de los ayuntamientos.

Una de las principales polémicas en el área de Bienestar Social ha sido el decreto de dependencia que busca agilizar los plazos de respuesta. Sin embargo, tanto trabajadores del sector como los Colegios de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas han presentado alegaciones. Los profesionales critican que el decreto minimiza el tiempo y recursos necesarios para una adecuada evaluación de las situaciones de dependencia, lo que podría afectar negativamente a los beneficiarios.

A pesar de que el Gobierno de Canarias rectificó en algunos aspectos del decreto, como la eliminación de la caducidad de las resoluciones si no se responde en seis meses, sigue habiendo puntos de fricción. Entre las principales preocupaciones está la posible eliminación del informe social y su sustitución por uno del entorno, así como la inclusión de profesionales ajenos al servicio para realizar valoraciones, lo que ha generado inquietud en el sector. Además, el decreto plantea que si una persona no hace uso de la prestación en un plazo de tres meses, perderá el derecho a recibirla.