Más de 200 agricultores han reclamado en Tazacorte los derechos de los agricultores con fincas sepultadas en 2021 por la lava del volcán y solicitan que las administraciones públicas les permitan con urgencia poder volver a trabajar sus tierras, reconstruyendo sus plataneras y recuperar su medio de vida.
El colectivo de afectados por el volcán, que conforma la Plataforma Agraria Libre de Canarias (PALCA), exige la aplicación de las tres vías que a su entender «gozan de consenso para la recuperación de la normalidad agraria del Valle de Aridane, sin la imposición de ninguna sino reconociendo el derecho de cada agricultor a decidir la que mejor le convenga».
Defiende que estas tres alternativas deben ser «la concentración parcelaria y ejecución pública de las obras; la sorriba de la superficie original de su finca con ayudas públicas; y una ayuda directa y justa al productor por la superficie de su finca perdida, para poder seguir su vida».
Asimismo, reclama que se garanticen las ayudas necesarias tanto de renta como de POSEI (Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias) para el sustento de sus familias, trabajadores y aparceros hasta la puesta en producción de las nuevas fincas.
Aclara que esta petición obedece a que consideran que con el modelo que pretende aprobar por decreto ley la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias «no existe garantía alguna de mantenimiento de las ayudas durante el tiempo que dure la concentración parcelaria propuesta» que, subraya, «no tiene fecha estimada de finalización», por lo que auguran «la firma de una sentencia que les condenará irremediablemente durante 15 o 20 años».
El presidente de la Plataforma Agraria Libre de Canarias (PALCA), Amable del Corral, pide a la administración pública a que escuche las propuestas y necesidades de los afectados, proque considera que sin ellos no es viable una reconstrucción para todos.
Del Corral explicó que PALCA defiende la sorriba con ayudas públicas para los que quieran hacerla, concentración parcelaria voluntaria para los que no deseen sorribar sus fincas, así como una indemnización para las personas que no quieran o puedan seguir con el cultivo.
Además, apuntó que han encontrado en el Ayuntamiento un sólido apoyo a esta reivindicación a través de David Ruiz y Juan Miguel Rodríguez, alcalde y teniente de alcalde, respectivamente.
En este punto, afirmó que el alcalde se refirió a la necesidad de que el Cabildo de La Palma modifique la zona de exclusión para poder hacer efectivas las licencias de obra que está concediendo el Ayuntamiento de Tazacorte para la reconstrucción agrícola, ya que los 50 metros propuestos por el gobierno insular son «directamente, inaceptables e insuficientes para replantear una verdadera recuperación del suelo agrario».
En cuanto el primer teniente de alcalde entiende que «aún puede redirigirse la situación» y manifiesta que «la unidad política, demandada desde el inicio de la erupción por el presidente del Gobierno canario empieza necesariamente por escuchar a los afectados y atender a sus demandas».
Tazacorte era hasta septiembre de 2019 el municipio con la mayor superficie agrícola de Canarias respecto a su superficie total pero actualmente tiene sepultado por la lava el 30 por ciento de su territorio. Por ello, esperan empezar «ya, de manera ordenada, con proyecto y licencia de obras a recuperar las fincas arrasadas por las coladas del volcán, medidas que, tras más de 500 días transcurridos del final de la erupción, no pueden dilatarse más».
En este sentido, señalaron que actualmente no es posible reconstruir sobre las coladas porque el Cabildo de La Palma las califica como zona de exclusión por razones de seguridad mediante un decreto dictado en octubre de 2022 y que fue modificado el pasado abril, pero dejando fuera toda posibilidad de intervención sobre las fincas agrícolas afectadas por la catástrofe en Tazacorte.
También recuerdan que la administración ha realizado decenas de actuaciones sobre las coladas desde que terminó la erupción, por lo que reivindican el mismo derecho a reconstruir sobre los terrenos porque entienden que ha quedado demostrado que es viable y seguro hacerlo.
