Los trabajadores y trabajadoras del área de Menores de Canarias han denunciado ante la Diputada del Común la «mala gestión» del sistema y aseguran estar «desbordados» por la cantidad de casos que deben atender. Según afirman, actualmente hay alrededor de 12.000 menores tutelados, y en muchos casos, un solo profesional debe hacerse cargo de hasta cien expedientes, lo que compromete la calidad de la atención y vulnera los derechos de la infancia.
La Diputada del Común, Lola Padrón, se reunió con representantes de los trabajadores del Servicio de Prevención y Protección de Menores de la Consejería de Bienestar Social, así como del área de Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. En el encuentro, los empleados expresaron su preocupación por la falta de recursos técnicos y humanos, que impide ofrecer un servicio adecuado y garantizar la protección de los menores en situación de desamparo.
Falta de personal y recursos insuficientes
Los denunciantes alertan de una mala gestión generalizada en la atención a menores en desamparo, las derivaciones y los acogimientos en todas sus modalidades. La principal causa, afirman, es la insuficiencia de personal. «Estamos desbordados», sostienen, explicando que un solo profesional debe hacerse cargo de hasta cien menores, cuando lo ideal sería atender entre 25 y 30 para garantizar un trato de calidad.
Asimismo, señalan que las políticas de prevención y desarrollo comunitario fallan debido a la escasez de recursos en los ayuntamientos. Consideran que cada caso debería ser analizado por un equipo multidisciplinar de profesionales en psicología, trabajo social y educación social, algo que, en la práctica, es «casi imposible» por la elevada carga de trabajo.
Menores migrantes no acompañados en situación crítica
La denuncia también pone el foco en la situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias, cuya cifra ronda los 6.000. Según los trabajadores, la falta de personal especializado y de condiciones óptimas para atenderlos agrava la crisis en el sistema de protección.
Ante estas quejas, la Diputada del Común, Lola Padrón, se comprometió a continuar con la supervisión del cumplimiento de la ley de protección a la infancia y la adolescencia en Canarias. «Es fundamental evitar el deterioro de sus derechos. Los niños y niñas son el futuro de nuestra sociedad, y hay que fomentar su talento para garantizar una generación próspera que beneficie a toda la comunidad canaria», aseguró.
CCOO, por su parte, ha remitido varios escritos dirigidos a la Consejería de Bienestar Social desde hace más de un año, denunciando la imposibilidad de cumplir con la normativa vigente debido a la sobrecarga de trabajo. La situación, advierten, impide evaluar adecuadamente el interés superior del menor y tomar decisiones cruciales en grupo, lo que supone «una vulneración de los derechos fundamentales de la infancia».
