El Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona ha dictado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas por el presunto trato de favor del Ayuntamiento tinerfeño a un bar ubicado en Valle San Lorenzo. Así consta en un auto dictado el pasado 21 de junio, al que ha tenido acceso mirametv.com.
Después de tomar declaración al exalcalde Francisco Niño y a dos exconcejales, Antonio Sosa y Manuel Reverón, así como a la dueña del local, Ingrid Darias; la jueza Sofía Elena Valdivia ha decidido archivar de manera provisional la investigación abierta, que partió de la denuncia de unos vecinos afectados por la actividad que desarrolló el bar Mi Valle durante meses en contra de los límites de ruidos fijados en la ordenanza municipal.
En un escueto auto de dos folios, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona considera que "de la documental aportada por la parte se desprende que la pasividad del Ayuntamiento no fue tal". La jueza se basa en que el Consistorio sureño advirtió en enero de 2014 de la posible apertura de un expediente si continuaban las quejas vecinales. El bar Mi Valle excedió entre los años 2013 y 2015 los niveles acústicos permitidos, al llevar a cabo actividades, como fiestas y transmisiones de partidos de fútbol, que incumplían la licencia municipal. Este hecho generó un importante descontento entre algunos vecinos de la zona, que trasladaron sus quejas al Consistorio.
En el auto también se insiste en que, después de "numerosas denuncias", el Ayuntamiento dictó en 2014 una resolución en la que se detectaron "una serie de deficiencias" y mediante la que se instó a la propietaria del negocio a "retirar los equipos de música y televisores instalados". Estos hechos, unidos a la decisión de suspender la actividad hasta que no se corrigieran las irregularidades, refuerzan el argumento de la jueza para descartar que el Consistorio de Arona omitiera su deber de hacer cumplir la ordenanza municipal.
Tampoco considera la jueza que "las visitas al establecimiento de algunos de los investigados justifiquen el delito de tráfico de influencias". No hay que olvidar que los denunciantes aludieron a estrechos vínculos entre la propietaria del bar y el Gobierno local, ya que fue personal de confianza de CC en el Ayuntamiento durante algunos años y ocupó el puesto número 20 en la lista electoral de Unidos con Arona que, precisamente, encabezó Antonio Sosa. En el auto no se valoran estos hechos pero se da por descartado el presunto trato de favor.
El abogado de los denunciantes, Carlos Álvarez, anunció este lunes que presentará un recurso de reforma contra el auto del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona y, de forma subsidiaria, apelará a la Audiencia Provincial. "No se han practicado todas las pruebas y no vamos a parar", aseguró en declaraciones a esta web.