El alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila, ha sido citado a declarar el próximo 10 de mayo, según consta en una providencia del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, a la que ha tenido acceso mirametv.com. La jueza Ana Serrano Jover convoca al dirigente de Coalición Canaria (CC) un año y medio después de haber dictado el auto por el que daba a conocer su imputación por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho.
La citación del alcalde de Tacoronte se produce en respuesta a la investigación abierta por el Juzgado tras las querellas presentadas contra Dávila por el Grupo Municipal Popular y la exinterventora del Ayuntamiento Natalia García. Tanto la funcionaria como la portavoz del PP, Teresa Barroso, también tendrán que prestar testimonio el mismo día que el dirigente nacionalista.
La Fiscalía también ha solicitado al Juzgado, una vez "valoradas las especiales características de los hechos punibles objeto de investigación, la participación de presuntos responsables y el volumen de las diligencias", que el procedimiento sea declarado complejo, lo que permitiría prolongar la instrucción durante 18 meses. Cabe recordar que el auto de imputación de Dávila se dictó en noviembre de 2014, pero por diferentes contratiempos no se ha podido señalar la fecha de su declaración hasta un año y medio después.
En la providencia del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna se anuncia que la declaración del alcalde de Tacoronte se llevará a cabo "con todas las garantías de la imputación, con información de los derechos que le asisten y a presencia de letrado".
Entre las presuntas ilegalidades cometidas se encuentra el pago de sobresueldos sin justificar a determinados cargos de la máxima confianza del alcalde, como la secretaria municipal o el jefe de la Policía Local. También se consideran indiciarias de delito una serie de contrataciones realizadas presuntamente al margen de la legalidad vigente a determinadas empresas, las cuales mantienen una supuesta vinculación directa con CC.
Especialmente llama la atención, y es una de las bases de su querella, un informe elaborado por la interventora municipal en el que se ponen de manifiesto hasta 194 reparos que el actual alcalde obvió durante 2012. A través de distintos decretos, Dávila desoyó los constantes avisos de la funcionaria encargada de fiscalizar su gestión y levantó los reparos sin dar cuenta al Pleno. En su momento, el dirigente nacionalista justificó su actuación por la necesidad de "no dejar a los vecinos sin servicios básicos".
Después de la resolución judicial que permitió a Dávila recuperar el bastón de mando en el pasado mandato, tras la moción de censura de PSOE y PP que suspendieron los tribunales, la interventora dejó su puesto de trabajo y abandonó Tenerife. Eso sí, no sin antes poner en conocimiento de la Fiscalía todos las presuntas ilegalidades que observó y reparó sobre la gestión del político nacionalista.
