El alcalde de Santa Cruz ordena “revisar” la relación financiera del Ayuntamiento con el banco Santander
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha admitido a trámite la denuncia presentada en la mañana de este lunes por la activista Inma Évora, en representación de las vecinas de Añaza a las que el banco Santander ha amenazado con desahuciar de sus Viviendas de Protección Oficial (VPO) para venderlas al fondo buitre Cerberus. Évora ha basado la denuncia vecinal en la advertencia de ilegalidad que hizo el Gobierno de Canarias al banco de Ana Botín en declaraciones a Mírame TV Canarias, y en la confirmación de la compraventa realizada por fuentes del propio Santander a la Opinión de Tenerife.
El fiscal de guardia Rafael Unceta recibió a activista para registrar su comparecencia junto al escrito presentado y las firmas de algunas de las afectadas. Además, Unceta le informó de que, la semana que viene, la Fiscalía le comunicará el número de diligencias previas de investigación que abrirá el Ministerio Fiscal. En el escrito vecinal, Évora hace referencia a las declaraciones de la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICV), Pino de León, hechas a este medio de comunicación advirtiendo de que la compraventa de cualquiera 358 VPO sin el permiso del Gobierno de Canarias sería una “ilegalidad”. Además, la denuncia presentada en Fiscalía hace referencia a que De León reconoció a este canal que desde que el Gobierno Canario visara los contratos de arrendamiento en 2006, “no se han autorizado ni visado más y no hay conocimiento de ningún arrendamiento desde entonces, lo que quiere decir que los contratos de arrendamiento suscritos por la empresa, sus renovaciones y subidas de renta, no han sido supervisadas ni autorizadas por el Gobierno canario, siendo incluso, estos incrementos, algunas de las razones que han provocado la imposibilidad de renovar contratos, o los impagos de renta que han derivado en procedimientos de desahucios iniciados por el Santander”.
Ya ha pasado una semana desde que el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz se reunieran con Inma Évora y las representantes vecinales para comprometerse a impedir el desahucio y la venta de estas VPO al fondo buitre. La denuncia relata que el banco Santander se ha negado a informar a las administraciones públicas canarias sobre la compraventa, incumpliendo así el plazo de 48 horas que le dieron a la entidad de Ana Botín, bajo la advertencia de incoar expedientes; tanto sancionadores (retirada de fondos públicos en las cuentas bancarias en el Santander que tienen el Cabildo y el Ayuntamiento, o multas del Ejecutivo regional por infracciones en materia de vivienda protegida) como legales (la anulación del contrato de compraventa mediante una denuncia del Gobierno canario). Las tres administraciones han sido consultadas por Mírame TV Canarias para conocer si se han aplicado estas medidas o si se sumarán a la denuncia vecinal pero, de momento, sólo el Ayuntamiento de Santa Cruz ha enviado un comunicado de prensa en el que se informa de que “el alcalde ordena revisar la relación financiera con el banco Santander, toda vez que esta entidad no ha respondido a la petición del Consistorio para clarificar sus intenciones”. En el comunicado, el Ayuntamiento recuerda que ya en 2012 se retiraron 1,5 millones de Bankia en aplicación del Protocolo municipal Antidesahucios propuesto por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Tenerife, pero aún no se informa de las cantidades de dinero público municipal existentes en cuentas del banco Santander y cuánto de este dinero se retirará.
Quienes sí han acudido ya a los tribunales ante el incumplimiento con creces de las 48 horas dadas por el Gobierno canario, el Cabildo y el Ayuntamiento han sido las vecinas que acompañaron a Évora a Fiscalía y que se unieron, con su firma, al escrito presentado en el que se denuncia el incumplimiento del Real Decreto 1/2002 de 11 de enero sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del plan 2002-2005 mediante la inclusión en los contratos de “clausulas económicas abusivas que contradicen el régimen de protección de las viviendas: avales bancarios, hasta seis meses para poder suscribir los contratos, imposición del impuesto de bienes inmuebles, subidas desmedidas de las rentas y contraprestaciones por ocupación en precario, además de ejercer prácticas coercitivas para la resolución de contratos, su no renovación o para que familias abandones los inmuebles por razones económicas”. Recuerda la denuncia que "el 90% de los inquilinos" de estas VPO dependientes del Gobierno de Canarias son usuarios de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz y que, estas irregularidades en sus contratos de alquiler denunciadas, impiden que puedan optar a las ayudas de alquiler municipales. Para Inma Évora, todo esto se trata de una estrategia para vaciar estos dos bloques de viviendas y que el fondo buitre Cerberus pueda especular con ellos. Évora recordó que el hombre fuerte de Cerberus en España es el hijo del expresidente del Gobierno José María Aznar (PP).
En la rueda de prensa ofrecida a las puertas del Palacio de Justicia, la activista mostró su extrañeza por la aplicación de esta norma ya que se derogó en 2005 y no fue hasta 2006 que las 358 viviendas de los dos bloques de Añaza fueron calificadas definitivamente como Viviendas de Protección Oficial en régimen especial: “Este decreto establecía un periodo de 15 años para agotar la clasificación de VPO pese a que la mayoría de viviendas protegidas tiene un periodo de vigor de 30 o, incluso, 50 años”; por eso la vecinas piden a Fiscalía que solicite al Gobierno de Canarias toda la documentación ya que, por ahora, lo que se sabe es que la promotora inmobiliaria Martinsa-Fadesa vendió al banco Santander estas viviendas, esa vez con permiso del Gobierno de Canarias, y después de que el Ejecutivo regional y el Estado financiaran su construcción. “Todavía no sabemos si es cierto lo que nos dijo en su día el concejal de Urbanismo de Santa Cruz, José Ángel Martín: que, además, el suelo donde se construyeron también es público”.
