La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado a las autoridades venezolanas por presuntas «prácticas de terrorismo de Estado», acusándolas de buscar «sembrar miedo y ejercer control sobre la población». Estas declaraciones se producen tras la detención y posterior liberación de la líder opositora María Corina Machado, quien fue arrestada al finalizar una manifestación cerca de Caracas en vísperas de la investidura presidencial de Nicolás Maduro.

«La CIDH condena las persistentes prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela y recuerda que María Corina Machado es beneficiaria de medidas cautelares», señala el organismo en un comunicado emitido este jueves.

La CIDH, con sede en Costa Rica, ha señalado un «uso sistemático» de actos de intimidación y represión contra opositores en el contexto de la investidura de Maduro, a la que calificó como «ilegítima». En el comunicado, se insta al régimen venezolano a cesar de inmediato «la persecución contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas», además de exigir la liberación de «todas las personas detenidas por motivos políticos».

Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

Desde principios de la semana, el organismo ha registrado al menos 20 casos de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, incluidos el excandidato presidencial Enrique Márquez y Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González. Ambos fueron acusados de planificar una ceremonia paralela a la toma de posesión de Maduro en Caracas.

La CIDH ha denunciado que estas acciones «reflejan una nueva ola del patrón represivo» de las autoridades venezolanas, en respuesta a las manifestaciones convocadas por la oposición para protestar contra el liderazgo de Maduro. Según el informe, las detenciones han sido ejecutadas por individuos encapuchados y sin identificación, utilizando vehículos sin placas, y las autoridades han negado información sobre el paradero de los detenidos, incumpliendo normas internacionales.

Llamado a la acción

El organismo ha urgido al Gobierno de Venezuela a «informar sobre el paradero de las personas detenidas arbitrariamente, garantizar su vida e integridad personal y proceder a su liberación inmediata». Además, hizo un llamamiento para que las autoridades se abstengan de reprimir las manifestaciones y permitan que medios de comunicación y ciudadanos puedan documentar los eventos sin restricciones.

Este nuevo episodio pone de relieve la creciente tensión política en Venezuela, donde el liderazgo de Nicolás Maduro sigue siendo cuestionado tanto a nivel nacional como internacional.