La Audiencia Provincial de Las Palmas ha emitido la sentencia del llamado caso Faycán, en la que considera que el Partido Popular (PP) solo tiene responsabilidad civil en el desvío de una factura de 740 euros pagada por el Ayuntamiento de Telde con fondos europeos destinados a la lucha contra el desempleo y que se usaron para abonar la reforma de una oficina del PP.
Tal y como ya había adelantado el julio, la Audiencia condena a los 21 acusados que se había declarados culpables durante el juicio y absuelve a los otros siete procesados, entre los que están los exalcaldes Francisco Valido y Carmen Castellano. Sin embargo, solo uno de los acusados, el técnico municipal Jorge Rodríguez podría ingresar en prisión. Rodríguez ha sido condenado a una pena de dos años y dos meses de prisión por prevaricación, cohecho, contra el mercado y los consumidores y falsedad en documento oficial.
La sentencia, contra la que cabe recurso de casación, considera probado, tal y como confesaron los acusados que llegaron a un acuerdo con el fiscal, que "a los pocos meses de celebradas las elecciones municipales que tuvieron lugar el 25 de mayo de 2003 y en las que el Ayuntamiento de Telde paso a ser gobernado por el Partido Popular (PP) y la Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinamar (AFV-CIUCA), los acusados Enrique Orts Herrera, Carmelo Oliva Bethencourt y la cónyuge del primero hoy fallecida María Antonia Torres, siendo Enrique Orts interventor municipal y Carmelo Oliva concejal del grupo de gobierno, deciden organizar un sistema de obtención ilícita de fondos, con la falsa excusa de financiar al Partido Popular de Telde utilizando a tal fin los cargos que ostentaban en la citada corporación local".
Según el tribunal, las comisiones que la trama cobraba oscilaban entre el 6% y el 20% y las empresas obtenían así una "posición privilegiada" en las adjudicaciones. Este dinero ilícito iba a engrosar el patrimonio de los acusados Enrique Orts, Carmelo Oliva, Francisco Gordillo, Jorge Rodríguez y Esteban Cabrera.
Esta sentencia, que dio a conocer este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, está firmada por los magistrados Carlos Vielba, Oscarina Naranyo y eSalvador Alba, que remtió a sus compañeros de tribunal un voto particular cuando estaba de baja médica y el Consejo General del Poder Judicial ya había decidido suspenderlo.
