La Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha condenado la corrupción continuada que durante años tuvo como epicentro el municipio tinerfeño de Arona. En una sentencia histórica, que ocupa más de 350 folios, el Tribunal corrobora la existencia de una trama orquestada para cobrar sobornos a cambio de la concesión de licencias de obras. El fallo también castiga a toda la Junta de Gobierno del Ayuntamiento entre los años 2003 y 2007, con el exalcalde de Coalición Canaria José Alberto González Reverón a la cabeza, por la concesión de permisos urbanísticos y la adjudicación de contratos en contra de la legislación vigente.
La Audiencia Provincial considera probado el funcionamiento corrupto de una trama que se tejió alrededor del Consistorio de Arona. La confabulación tenía como representante político al exconcejal y exconsejero insular del PP Félix Sierra, al que la Sección Sexta condena, por delitos continuados de cohecho, prevaricación urbanística y prevaricación, a cuatro años de cárcel, 25 años de inhabilitación especial y multa de 500.000 euros.
La trama se apoyó en la necesaria participación de los dos principales funcionarios de la Oficina Técnica de Arona. La sentencia, contra la que cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo, condena al exaparejador municipal Roberto de Luis, por delitos continuados de cohecho y prevaricación urbanística, a seis años de cárcel, 18 años de inhabilitación especial y multa de 700.000 euros.
También castiga el Tribunal al exarquitecto municipal Eliseo de la Rosa, la otra pieza clave del entramado, por delitos continuados de cohecho y prevaricación urbanística, a cinco años de cárcel, 17 años de inhabilitación especial y multa de 500.000 euros. Junto a los funcionarios, la sentencia considera implicados en la red de sobornos a un grupo de empresarios y técnicos externos.
La Sección Sexta ve culpable de un delito continuado de cohecho al empresario Arsenio Zamora, considerado el intermediario de la trama. En total, la Audiencia le condena a dos años de cárcel, cuatro años y medio de inhabilitación y multa de 250.000 euros.
La trama se apoyaba en el trabajo de dos arquitectos externos a los que se encargaban los proyectos que después informaban de manera favorable los técnicos municipales condenados. El Tribunal castiga por ello a Zenón Rodríguez y a Antonio González Tolosa, por un delito continuado de cohecho, a dos años de cárcel y cuatro años y medio de inhabilitación. Ambos tendrán que pagar una multa de 40.000 euros y 30.000 euros, respectivamente.
El tercero de los arquitectos externos que se sentó en el banquillo durante el juicio, Jorge Menéndez Díaz, es el único de los acusados que ha sido absuelto por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ante la falta de pruebas.
Tercera condena de González Reverón
La sentencia, que llega nueve meses después de que finalizara uno de los juicios más mediáticos de la historia judicial de Canarias, también condena a toda la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arona entre los años 2003 y 2007. Con el exalcalde José Alberto González Reverón a la cabeza, el Consistorio concedió 203 licencias y adjudicó un total de 79 contratos en contra de la legislación vigente.
A pesar de la práctica establecida de conceder licencias y adjudicar contratos sin respetar los informes desfavorables de los técnicos, durante la instrucción no se encontraron indicios de cohecho contra los miembros de la Junta de Gobierno, con la excepción de Félix Sierra. Todos los concejales del órgano municipal, representantes de Coalición Canaria excepto Manuel Barrios (CAN), han sido condenados, por delitos continuados de prevaricación urbanística y prevaricación, a 17 años de inhabilitación especial. La lista de ediles que figuran en el fallo judicial la completan Daniel Martín, Alfonso Barroso, José Luis González y Juan José Alayón.
Aunque la Fiscalía pedía penas de cárcel para todos los miembros de la Junta, el Tribunal, pese a que condena los delitos, aplica el Código Penal anterior a la reforma que se aprobó en 2010, al ser los hechos previos al cambio legislativo, en el que no se contemplaba la prisión como castigo a la prevaricación urbanística.
Esta es la tercera condena que recae sobre el exalcalde González Reverón, inhabilitado por el conocido como Caso Enchufe y por una de las tres piezas separadas de la causa principal del Caso Arona. El regidor, que siempre ha sido apoyado públicamente por los líderes de Coalición Canaria, está a la espera de una cuarta sentencia por la última de las diligencias que se desgajaron del procedimiento principal.
La investigación de unos de los procedimientos judiciales más extensos que ha conocido el Archipiélago, en un sumario que alcanza los 22.000 folios, arrancó el 17 de enero de 2007, cuando el exportavoz municipal del PSOE Francisco Santamaría denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado. La instrucción comenzó el 8 de marzo y tuvo su principal punto de inflexión a finales de año.
El 18 de diciembre de 2007, el empresario José Ramón Ansorena se presentó en el Juzgado de Arona y realizó una declaración ante el juez Nelson Díaz en la que destapó la existencia de una trama de sobornos. Fue entonces cuando se declaró el secreto de sumario y se produjeron las primeras detenciones. Después vinieron las escuchas telefónicas, que sacaron a la luz pública la corrupción con la que se manejó durante años el Ayuntamiento tinerfeño. En enero de 2016 se inició el juicio oral, que concluyó el 27 de abril. La sentencia es el penúltimo escalón en una historia judicial que, como confirmaron algunos de los acusados a su salida de la Audiencia Provincial, acabará en el Supremo.
