Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dictada el pasado 8 de marzo, condena al Ayuntamiento de Adeje a tramitar la revisión de oficio de las licencias municipales de ampliación que concedió al Monkey Beach Club, una sala de fiestas que se levanta sobre la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. El fallo judicial estima en parte el recurso de los vecinos de la Comunidad Galaxia, que piden la nulidad de los permisos al considerar que las obras incumplieron la Ley de Costas.
Sin entrar en el fondo del conflicto, los magistrados concluyen que el Ayuntamiento de Adeje tenía que haber iniciado el procedimiento administrativo para revisar de oficio las licencias, después de que los vecinos lo solicitaran en febrero de 2020. En aquel momento ya se encontraba en marcha una causa penal por la que se investiga por un presunto delito contra la ordenación del territorio, entre otros, al alcalde, el socialista José Miguel Rodríguez Fraga, y al resto de concejales que aprobaron los permisos de ampliación de la sala de fiestas. El Consistorio prefirió entonces ignorar la solicitud de la Comunidad Galaxia, "sin que hubiere realizado actuación conocida alguna" durante los seis meses de plazo que tenía para ello, como recoge la sentencia.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC considera suficiente "el carácter razonado y serio de la solicitud" presentada por los vecinos para estimar en parte el recurso de apelación. El fallo deja sin efecto la sentencia de primera instancia, que no aceptó la petición de la Comunidad Galaxia, y declara "la disconformidad a derecho de la actuación administrativa impugnada, condenando a la administración demandada a que proceda a tramitar la solicitud de revisión de oficio promovida por la apelante".
La ampliación del Monkey Beach Club tiene varias aristas en la vía administrativa, que a su vez se conectan con una causa penal mucho más amplia, donde además de los permisos concedidos a la sala de fiestas se investiga el aumento de altura y superficie que concedió el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) de Costa Adeje al local de ocio.
La ampliación del Monkey Beach Club se apoyó en el polémico PMM, que a su vez fue anulado posteriormente por el TSJC. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno regional, también a petición de los vecinos, inició un procedimiento de revisión de oficio de las autorizaciones concedidas al Monkey Beach Club por Política Territorial, cuyo exviceconsejero Jesús Romero también está imputado en la causa penal. El expediente concluyó con una propuesta de la secretaria general técnica favorable a la anulación de los permisos por vulnerar la Ley de Costas, pero la petición fue rechazada por el Consejo Consultivo.
En el ámbito de las licencias municipales, según los argumentos jurídicos del recurso de la Comunidad Galaxia, el conflicto gira alrededor de la interpretación de la disposición adicional única del PMM de Costa Adeje, que estableció que en las construcciones que ocupan la servidumbre de protección del dominio público sería obligatorio aplicar los parámetros fijados por la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas.
Para los vecinos de la Comunidad Galaxia, en una posición que comparte el dictamen del perito judicial elaborado en la causa penal, esta regulación tendría que haberse interpretado como una prohibición de la posibilidad de conceder licencias para la ampliación de construcciones que implicasen un aumento de superficie o altura, como ocurrió con el Monkey Beach Club.
La disposición adicional única se añadió a última hora en respuesta al informe desfavorable emitido el 20 de mayo de 2015, dos días antes de la aprobación del PMM, por la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, donde se advirtió de que las edificaciones ubicadas en la servidumbre de protección "quedarán sujetas al régimen establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, pudiéndose solamente realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes".
El fallo del TSJC, aunque tampoco entra en el fondo del debate jurídico, da un poco de oxígeno a los vecinos y obliga al Ayuntamiento a tramitar una revisión de oficio que no comparte. Hasta ahora, el Consistorio siempre ha mantenido una posición contraria a la posible nulidad de las licencias, en consonancia con la estrategia jurídica que mantiene en la vía penal la defensa de Rodríguez Fraga y del resto de concejales investigados por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
