El Seprona investiga a 136 personas en Gran Canaria por delitos contra la ordenación del territorio. La investigación comenzó en 2023 tras detectar construcciones ilegales en suelos protegidos con fines residenciales, recreativos e industriales. Entre las consecuencias, entra la obligación de demoler la obra, sea del tipo que sea, y devolver a su estado original el espacio natural protegido.
Los promotores adquirían fincas rústicas con un uso muy restringido, debido a su protección medioambiental, a un precio muy económico. Posteriormente, las vendían a un precio más elevado creyendo que las construcciones quedarían legalizadas por prescripción. Los nuevos propietarios, sin licencia, comenzaban construcciones de uso residencial mayormente para segundas viviendas.
Según la Guardia Civil, como consecuencia, se crean grupos de población que no cuentan con los servicios necesarios, creando así problemas con los accesos y la gestión de residuos. Por lo tanto, no contribuyen al pago de impuestos urbanos para el mantenimiento de estos servicios, lo que hace que los propietarios no cuenten con esos servicios y disminuya su calidad de vida.
