El Parlamento de Canarias ha dado este martes luz verde, por unanimidad, a la prórroga durante tres meses de las medidas fiscales aprobadas para amortiguar el impacto del encarecimiento de los combustibles provocado por la guerra en Oriente Medio. La Cámara convalidó el decreto ley impulsado por el Ejecutivo autonómico, aunque rechazó tramitarlo posteriormente como proyecto de ley.
La norma mantiene hasta el próximo 30 de septiembre el tipo cero del IGIC aplicado a los combustibles y la devolución del impuesto sobre los derivados del petróleo para agricultores y transportistas, dos de las medidas que el Gobierno regional considera esenciales para contener el impacto de la volatilidad energética sobre la economía de las islas.
Durante la defensa del decreto, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, argumentó que la prolongación de estas medidas sigue siendo necesaria porque el conflicto con Irán continúa generando incertidumbre en los mercados internacionales. No obstante, reconoció que se trata de actuaciones «paliativas», ya que Canarias carece de capacidad para afrontar en solitario las consecuencias de una crisis internacional y debe complementar las medidas impulsadas por el Estado, muchas de las cuales no pueden aplicarse en el Archipiélago por las particularidades de su sistema fiscal.
Amplio respaldo, pero con críticas
Aunque todos los grupos parlamentarios votaron a favor de la convalidación, el debate dejó patente las diferencias sobre la suficiencia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
El portavoz del Grupo Mixto (AHI), Raúl Acosta, defendió la continuidad del decreto al considerar que la incertidumbre en torno al mercado energético sigue siendo elevada y advirtió de que retirar ahora estos incentivos fiscales podría repercutir negativamente en los precios y en el coste del transporte.
Desde Vox, Javier Nieto respaldó la prórroga, aunque señaló que en ocasiones el efecto de los conflictos internacionales genera un impacto psicológico en consumidores y mercados superior a sus consecuencias económicas inmediatas.
Más crítico fue el portavoz de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Luis Campos, quien calificó el decreto de «rácano» y lamentó que únicamente incluya «dos miserables medidas». Además, defendió que la norma se tramitara como proyecto de ley para poder ampliar su contenido y aseguró que las actuaciones impulsadas hasta ahora no han servido para contener la inflación en Canarias.
Críticas al Gobierno central
Desde el Partido Popular, Fernando Enseñat apoyó la prórroga de las medidas tributarias, pero aprovechó el debate para reclamar al Gobierno de España el pago de las ayudas comprometidas con Canarias. Según denunció, el Ejecutivo central sigue sin transferir los 15 millones de euros anunciados inicialmente, a los que se sumarían otros siete millones adicionales.
Por su parte, el portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, defendió la estrategia del Ejecutivo regional al centrar sus actuaciones en el sector del transporte, al entender que es uno de los principales factores que inciden en la formación de los precios. En su opinión, se trata de una intervención «de microcirugía», similar a la desarrollada por el Estado en ámbitos como el sector primario.
El diputado socialista Manuel Hernández confirmó el respaldo de su grupo al decreto «por responsabilidad», aunque consideró que las medidas son «insuficientes» y que la respuesta del Gobierno autonómico ha sido «precaria». A su juicio, el decreto «llegó mal y se quedó corto» para responder al impacto económico derivado del conflicto.
Con esta aprobación, Canarias mantendrá al menos hasta finales de septiembre las principales medidas fiscales extraordinarias sobre los combustibles mientras persista la incertidumbre en los mercados internacionales.
