"El obispo no va a comentar nada": la respuesta de la diócesis tinerfeña a la carta que pide su dimisión

La Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación de Víctimas de Abusos (AVA) y la Asociación contra los Abusos Sexuales en la Infancia Lulacris, acaban de publicar una carta en la solicitan la dimisión inmediata del obispo de Tenerife, Bernardo Álavarez. El motivo, mantener en el cargo a un sacerdote de Tejina que fue denunciado en 2004 por por pederastia y pedofilia.

Fuentes del Obispado consultados por Mírame Noticias dejan claro que Álvarez no se ha a pronunciar tras la publicación de la carta: "el obispo no va a comentar nada", dicen de forma escueta. La carta en cuestión dice:

"Desde la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), la Asociación  de Víctimas de Navarra (AVA) y la Asociación contra los Abusos en la  Infancia Lulacris nos dirigimos a usted para hacerle llegar nuestros profundos sentimientos de rechazo, indignación y desconcierto tras descubrir que el sacerdote C. H. G. de su diócesis siguió ejerciendo como tal después de que fue denunciado por pederastia y pedofilia en  el año 2004, en el pueblo de Tejina.  

La credibilidad de la acusación contra este sacerdote quedó  demostrada en el polémico documento que la Conferencia Episcopal  encargó al despacho de abogados de Cremades, -luego retocado por  Alfredo Dagnino y publicado por Josetxo Vera (responsable de prensa  de la CEE)-, así como por los diferentes documentos gráficos de la  época y por los informes e investigaciones del diario El País y de la  emisora Cadena Ser en Canarias. 

El hecho de que esté «ungido de Dios» continuó ejerciendo como tal  se puede comprobar al consultar los nombramientos autorizados por  usted en el Boletín Oficial de la Diócesis Nivariense. Es más, por los testimonios de otras víctimas ha quedado acreditado  que los abusos sexuales perpetrados por este sacerdote se han estado  produciendo desde los años setenta".

En la extensa misiva publicada por religióndigital, las tres asociaciones enumeran diversos hechos y piden a la Iglesia que tome diferentes acciones:
 

1. La puesta en marcha de acciones valientes que demuestren su compromiso evidente con el bienestar de todas las víctimas, con su sanación y rehabilitación, así como con la  restauración de su dignidad, de tal manera que se respete y  reverencie la vida tal y como usted profesa en el credo.  
2. La defensa y acompañamiento de los supervivientes, incluyendo la disponibilidad de servicios relacionados con la salud mental, la orientación jurídica y la indemnización  económica que proceda por el daño sufrido.  
3. Por supuesto, la colaboración con los poderes públicos en los planes de reparación que se establezcan.
4. Que el clero y la comunidad eclesial reciban formación de manera obligatoria en la prevención de la violencia y abuso sexual. 
5. La garantía de que los recursos para denunciar funcionen y cumplan con los estándares fijados.

“Llegó a darme besos en la boca”

El portavoz de la Asociación Infancia Robada en Canarias, Ciro Molina, describe los abusos sexuales que sufrió cuando tenía 10 años por parte del sacerdote Don Carmelo en la parroquia de Tejina. La iglesia sólo reconoce 9 de las 22 denuncias que ha habido en el archipiélago. Sobre su caso, Molina explica, en Mírame TV, que la situación se agravó cuando entró en el seminario porque tenía que pasar más tiempo con el cura: “estaba viviendo una situación que no entendía y pensaba que solo la vivía yo. Fue más tarde cuando me enteré de que también abusaba de otros chicos que se preparaban para la confirmación”.

Molina revela que “en ese entonces me preguntaba si se me ponía durita, me sobaba y llegó a darme besos en la boca”. Tras años en silencio, él y sus compañeros deciden contárselo a sus catequistas y, de un día para otro, el Obispado decide cambiar al sacerdote de la parroquia a un asilo de ancianos de La Laguna sin dar ningún tipo de explicación. Según relata, desde ese momento comenzó una gran ofensiva contra él: “los amigos de Carmelo y la gente del pueblo más religiosa iban a amenazarme a mi casa. Incluso, el mismo día de mi confirmación se hizo una manifestación para que el párroco regresara”.

El portavoz de Infancia Robada interpuso una denuncia en 2006 por lo sucedido y el sacerdote siguió ejerciendo su cargo hasta 2014. “Si no es porque presento una segunda denuncia él se hubiera jubilado siendo cura”, aclara. Además, asegura que la Iglesia nunca ha dejado de encubrirlo y protegerlo: “Bernardo Álvarez, obispo de la diócesis Nivariense, también fue cómplice con el mal ya que sabía que Carmelo cometía delitos”.

Años después, Molina pide al Obispado ver a su abusador en persona: “lo tuve en frente de mí y descargué una mochila que no debía cargar yo, sino él. Le pregunté porqué había hecho eso y su respuesta fue que lo hizo porque me quería”. Nunca se llegó a la vía penal porque no hubo penetración.

Tras la investigación por parte del grupo PRISA y un informe del Defensor del Pueblo en el que se detectaron más de 1400 casos de abusos sexuales en España, la Iglesia anunció públicamente que indemnizaría a todas las víctimas de agresión sexual conocidas con o sin sentencia judicial. “ Ni vendiendo todo el Vaticano y las propiedades de la Iglesia ese daño se va a reparar. Con dinero no se va a solucionar nada, serviría para pagar las terapias para intentar procesar los traumas”, expresa Molina.