El juez archiva la causa penal contra el exgerente de Casinos de Tenerife al no apreciar delito en las bajas incentivadas de trabajadores
Ni daño patrimonial para las arcas públicas ni intención de generar un perjuicio. Un auto del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, dictado el pasado 2 de abril, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa penal abierta contra el exgerente de los tres casinos públicos del Cabildo insular, Hermenegildo Hernández, al no apreciar indicios de delito en el despido de ocho trabajadores mediante bajas incentivadas. El juez Alejandro Carrillo concluye que el investigado “actuó en todo momento guiado por la intención de conseguir una ventaja patrimonial para los casinos mediante la reducción del montante total de los salarios”.
El auto incide en que “no se ha causado un perjuicio patrimonial, descartándose la concurrencia del delito” de malversación de caudales públicos que se imputaba al exgerente de las sociedades dependientes del Cabildo de Tenerife. El magistrado accede así al archivo solicitado por la defensa de Hermenegildo Hernández, representada por el letrado Pablo Villaseca Rico, del despacho de abogados Cuatrecasas, a la que también se sumó en marzo la Fiscalía. Una vez practicadas las diligencias previas, después de la denuncia inicial del Ministerio Público, todas las partes llegan a la conclusión de que no existe reproche penal en las decisiones adoptadas por el exgerente de Casinos de Tenerife.
La causa penal fue abierta a petición de la Fiscalía, después de que los hechos fueran puestos en conocimiento del Ministerio Público por el propio Cabildo de Tenerife, gobernado entonces por el PSOE y Ciudadanos, en base a un informe externo encargado a un despacho de abogados. La defensa del investigado alerta en el escrito de solicitud de archivo que se presentó una “denuncia sesgada coincidiendo con la proximidad de las elecciones”, lo que considera que “genera suspicacias más que evidentes y permite dar respuesta a unas acusaciones, cuanto menos, irresponsables”. Tanto la defensa como la Fiscalía, una vez practicadas las diligencias de investigación, comparten que la situación financiera de los casinos era “crítica” en el año 2008, lo que obligaba a tomar decisiones para reducir unos gastos que, como ha quedado acreditado en la instrucción, tenían en el capítulo de personal el principal agujero económico. La situación llegó al punto de que los tres casinos del Cabildo de Tenerife (ubicados en Playa de Las Américas, en Puerto de la Cruz, y en Santa Cruz) cargaban con unos gastos de personal en el año 2008, justo en el inicio de la crisis económica global, que superaban el 89% sobre el importe neto de la cifra de negocios; mientras que la media nacional de este tipo de empresas se encontraba en menos de un 41%. En 2011, ante el riesgo de disolución de las sociedades públicas, el Cabildo de Tenerife pidió al exgerente de los casinos que elaborara un plan de saneamiento que permitiera reducir los gastos y generar beneficios en un plazo de tres años.
La nueva hoja de ruta financiera tuvo como actuación principal, además de la congelación de los salarios, el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 17 trabajadores, a los que se indemnizó con 1,3 millones de euros, frente a los 1,8 millones que fijaba entonces el máximo legal, lo que supuso un ahorro superior a los 514.000 euros. La medida redujo el gasto en el capítulo de personal, pero no fue suficiente para alcanzar el objetivo de llegar a un 41% de coste sobre la cifra de ingresos de explotación.
Esta situación llevó a que se incorporara al plan de saneamiento la política de bajas incentivadas, que afectó a 34 empleados, entre los que se encontraban los ocho trabajadores que dieron pie a la causa penal ahora archivada. Las bajas incentivadas supusieron un ahorro de 1,7 millones para Casinos de Tenerife, pero solo la instalación de Playa de Las Américas cumplía en 2014 los objetivos fijados en la hoja de ruta para su saneamiento, por lo que desde el Servicio de Hacienda del Cabildo de Tenerife se instó a la puesta en marcha de un nuevo plan de corrección del desequilibrio financiero que, a la postre, evitó la disolución de las sociedades. Todas las medidas adoptadas en los planes de saneamiento elaborados y ejecutados por Hermenegildo Hernández permitieron salvar la situación financiera de los tres casinos, que incluso el Cabildo de Tenerife intentó privatizar mediante un concurso que quedó desierto.
Entre 2012 y 2019, como ha quedado demostrado en la causa penal, las bajas incentivadas permitieron un ahorro de 1,7 millones, si se tiene en cuenta que el máximo legal fijado para los despidos superaba los 3,2 millones de euros. En el caso de los ocho trabajadores que suponen el objeto de la investigación penal, el ahorro para las arcas públicas rondó los 600.000 euros. Durante las diligencias previas, como señala en su escrito la Fiscalía, fue clave el testimonio de la directora de Recursos Humanos de Casinos de Tenerife, María Teresa Gallardo, que acreditó los beneficios económicos de las bajas incentivadas y la dificultad de que los despidos por un descenso del rendimiento, motivación que se utilizó para su justificación, hubiesen prosperado en la jurisdicción social con las mismas cuantías que se consiguieron mediante la conciliación.
Fuentes vinculadas al exgerente de Casinos de Tenerife critican que “se hayan utilizado recursos públicos para emitir una denuncia sesgada”, en alusión al anterior Gobierno del Cabildo de Tenerife, y cuestionan que “no se permitiera el derecho a la defensa de un trabajador con más de 30 años de experiencia” en la administración. “Se ha causado un daño a la reputación de una persona honrada en base a falsas acusaciones”, concluyen. Las mismas fuentes aseguran que están “ejerciendo acciones legales contra dos de las denunciantes”, en referencia a María Elena Rodríguez, que ocupaba el cargo de secretaria no consejera de los tres casinos del Cabildo de Tenerife; y Lidia Patricia Pereira, exdirectora insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, que en la actualidad desempeña las funciones de interventora general de la Comunidad Autónoma de Canarias.