La directora del Instituto Canario de la Vivienda avisa al banco del inicio de expedientes sancionadores y acciones legales en tribunales si no responde a su solicitud de información
Las subidas del alquiler que ha cargado el Santander a los vecinos no han sido autorizadas por el Gobierno de Canarias
De León considera “curioso e inusual” que el régimen de protección sea sólo de 15 años “porque es bastante poco”
El Gobierno de Canarias ha asegurado a Mírame TV Canarias que la venta de las Viviendas de Protección Oficial de Añaza a un fondo buitre es "ilegal" después de que el banco Santander le haya confirmado hoy a La Opinión de Tenerife, una transacción de la que ya había informado esta web . Es importante aclarar que estos dos bloques de 179 viviendas cada uno (358 en total) no forman parte del catálogo de viviendas municipales, sino que son Viviendas de Protección Oficial y, por tanto, dependientes de la vigilancia del Gobierno de Canarias, “el único competente en materia de Vivienda”, encargado de “vigilar que todos los promotores cumplan con la normativa en materia de Vivienda y, si no la han cumplido, actuar en consecuencia; ese es el primer objetivo que quiero que quede claro”, ha respondido a Mírame TV Canarias, Pino de León, la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICV) del Gobierno de Canarias. De León ha aceptado responder a las preguntas de este canal mientras “los juristas del ICV estudian” la solicitud de información pública registrada por este medio de comunicación.
¿Si el banco Santander vendiera cualquiera de estas viviendas estaría cometiendo una ilegalidad?
“Efectivamente. Como única administración competente en materia de Vivienda tenemos que activar todos los mecanismos que nos da el ordenamiento jurídico y que nos dicen las leyes. Tenemos que velar porque esas viviendas, que son protegidas, el promotor y el propietario, cumplan con la legalidad vigente en materia de Vivienda”.
La directora del ICV ha confirmado que el banco Santander también ha incumplido con el Gobierno de Canarias el plazo de 48 horas que se le dio (vía correo electrónico y burofax) para informar sobre el caso después de que el lunes pasado tanto el Ejecutivo canario, como el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz, se comprometieran a tomar medidas para evitar la amenaza de desahucio hecha por el Santander y la venta al fondo buitre Cerberus.
¿Y si siguen sin responder?
“Incoaremos los procedimientos que sean necesarios, no sólo los procedimientos sancionadores correspondientes, sino también las acciones que estimemos necesarias para, si se han vendido las viviendas, anular esos contratos de compraventa”. La directora del ICV se refiere al “derecho de tanteo y retracto”, que tiene el Gobierno de Canarias y que le permite llevar a cabo acciones civiles (“retracto”) para anular la compraventa si no ha sido autorizada por el Ejecutivo Regional. “No sólo tienen que ofrecer el derecho a comprar las viviendas al Gobierno de Canarias, sino también a los arrendatarios” (tanteo”). De León recuerda que “sólo después de que rechazásemos, el Santander podría ir a la venta libre, previa autorización el Gobierno de Canarias”. La representante del Gobierno canario destaca que “aparte de tener potestad de pedir ante los tribunales de justicia la anulación de ese contrato de compraventa, además" el banco cometería "una infracción en materia de Vivienda Protegida”.
Preguntada por si el Gobierno canario estaría interesado en la compra de estos dos bloques, la directora del Instituto Canario de Vivienda ha asegurado que mantienen el interés en la compra para incrementar el parque de viviendas sociales “mientras trabajamos en la adquisición de suelos, redacción de proyectos… que van a tardar y necesitamos vivienda ya”. A De León le “extraña” que la banca esté vendiendo viviendas de este tipo sin consultar al Gobierno de Canarias cuando le hemos pedido en varias ocasiones que pongan a disposición soluciones habitacionales; también al banco Santander”.
El Gobierno no ha autorizado ningún alquiler al Santander desde 2006
El Gobierno no sólo ha pedido al Santander que le confirme o desmienta la venta al fondo buitre Cerberus, sino que también le comunique “si todas las viviendas están ocupadas o no están ocupadas ya que tienen que estar siempre, y en todo momento, siendo habitadas por familias demandantes de viviendas, inscritas en el registro público, y con los precios establecidos por nosotros”. También el Gobierno canario ha solicitado todos los contratos de alquiler ya que recuerda que “todos los arrendamientos que haya llevado a cabo el Santander los tiene que autorizar el Instituto Canario de la Vivienda”. Sin embargo, aunque todos los contratos tienen que estar visados por el Gobierno de Canarias para comprobar si se cumplen las condiciones, “ahora mismo no tenemos conocimiento de ningún arrendamiento. Desde los originales 2006 no hemos autorizado nada ni hemos visado nada”. Esto quiere decir que la subidas de los alquileres que han sufrido los habitantes de estos bloques y que, en algunos casos han pasado de 290 a 470 euros, no han sido autorizadas por el Gobierno canario. Estos incrementos son los que han provocado, o la imposibilidad de renovar contratos, o los impagos que han derivado en procedimientos de desahucio iniciados por el Santander. Para la activista Inma Évora “se trata de una estrategia para ir vaciando los edificios ahora que confirman que se lo han vendido al fondo buitre”.
VPOs construidas con dinero público
De León respondió a preguntas de Mírame TV Canarias que la construcción de estos dos bloques de Viviendas de Protección Oficial en Añaza fue financiada por el Gobierno de Canarias y el Estado aunque no pudo aclarar de cuánto dinero público estamos hablando ya que están “a la espera de recabar todos los datos.”
El "Real Decreto 1/2002 de 11 de enero sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del plan 2002-2005" se derogó en 2005 y no fue hasta 2006 que estos bloques de Añaza fueron calificados definitivamente como Viviendas de Protección Oficial en régimen especial. Aunque De León asegura que esto no se trata de una irregularidad ya que, argumenta que la solicitud de financiación se inició con el plan entonces vigente y por tanto, a juicio del Instituto Canario de Vivienda, se debe aplicar aplica esa normativa, sí que le resulta “curioso”. La directora del ICV destaca que "hasta en el propio Instituto [Canario de la Vivienda] no es que supusiera dudas, sino que era inusual que se estableciera un régimen de protección de 15 años porque es bastante poco”. La Viviendas de Protección Oficial suelen mantener su estatus el doble de tiempo o incluso medio siglo. Estas de Añaza, por el momento, no dejarán de estar protegidas hasta 2021.
La propiedad del suelo.
Preguntada por la propiedad del suelo original, De León respondió que “todavía [el dato] no lo tenemos, a mí no me costa que sea público. Es una promoción privada 100%, con lo cual, tanto el suelo como el proyecto de las viviendas debería ser privados”. Cabe recordar que, el entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz y hoy concejal, José Ángel Marín (PSOE), dijo a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Tenerife que se trataba de suelo público aunque ese extremo no se ha podido confirmar hasta el momento. “Yo ese dato no lo puedo dar porque se han pedido los antecedentes y el expediente en archivo para ver todos los antecedentes pero a mí no me consta y, por lógica, en una promoción privada, el suelo tiene que ser privado. Otra cosa –aclara De León- es que se haya vendido o que el promotor original lo haya comprado o se derivara de una empresa pública del Ayuntamiento… no lo sé, pero cuando tengamos todos los datos, el Gobierno va a ser absolutamente transparente poniendo todos los datos sobre la mesa y sobre todo aquello que se pueda informar sin incumplir la Ley de Protección de Datos”.
Lo que sí se sabe hasta ahora es que el Gobierno de Canarias y el Estado financiaron la obra de Martinsa-Fadesa, la promotora cuya caída provocó el estallido de la burbuja inmobiliaria en España en 2008 y que nada más conseguir, en 2006, la calificación definitiva de las Viviendas de Protección Oficial en Añaza, las vendió (“inmediatamente” aclaró De León) al banco Santander (Banif-Luri 6 SA). Una venta “autorizada” por el Gobierno de Canarias “porque cumplía con la legalidad en materia de Vivienda”, según declara la directora del ICV, a diferencia de esta última venta, confirmada por el propio banco Santander, al fondo buitre Cerberus sin autorización del Gobierno canario. El Instituto Canario de la Vivienda asegura que iniciará acciones legales una vez tenga constancia de esta compraventa de primera mano o si, “una vez pasado un tiempo prudencial, ya que el burofax lo enviamos este miércoles”, el banco Santander no responde a su solicitud de información.
