El Diputado del Común reclama un vuelco presupuestario en favor de las políticas sociales

El Informe Anual de la Diputación del Común de 2023, que entregó este miércoles el Diputado del Común, Rafael Yanes, a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, pone el dedo sobre la llaga de un asunto esencial para miles de canarios en situación vulnerable: los incumplimientos graves y reiterados de la legislación a la hora de garantizar sus derechos. 

El informe corrobora el incumplimiento de los plazos para resolver solicitudes de la Renta Canaria de Ciudadanía, establecidos en tres meses y se tardan quince; las solicitudes del Grado de Discapacidad, con una tardanza de hasta 60 meses mientras está establecido en seis; y las solicitudes de Dependencia, que deberían resolverse en seis y lo hacen en 23.

Yanes apunta que estas demoras se deben a la escasez de recursos económicos destinados a los servicios sociales, puesto que tal y como refleja el Informe, el gasto por habitante y año en Canarias es un 35% inferior a la media nacional; y, por ejemplo, la mitad que el de Extremadura.

Por otro lado, los datos muestran que Castilla y León gasta más dinero en Dependencia que Canarias en toda la Consejería de Bienestar Social, que incluye Dependencia, Discapacidad, Prestación Canaria de Inserción, Menores. “Si una persona  pide la ayuda por dependencia hoy, día 21 de marzo, en Castilla y León, la tiene resuelta antes del día 28 de julio, mientras que si esa misma persona la presenta en Canarias tiene que esperar hasta el año 2026”, explicó Yanes.

El Diputado del Común resaltá que esta situación atenta contra el artículo 14 de la Constitución en cuanto a la igualdad entre los españoles. “Necesitamos más financiación para que los servicios sociales en Canarias sean eficaces”.