Detrás del aparente misterio del que se ha rodeado su vida hay un retrato mundano, Vladimir Kokorev, el empresario hispano-ruso afincado en Las Palmas y al que se investiga desde hace una década por tener supuestamente privilegios de Teodoro Obiang y no haber podido acreditar parte de su patrimonio (así lo entiende el juzgado de instrucción nº5 de la capital grancanaria), lleva medio año recluido en el paseo de Las Canteras, con su familia.
Es la insólita medida cautelar -prohibición de salir de la isla- que junto a otra serie de decisiones en el proceso, van a provocar en el corto plazo una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tras haber presentado toda suerte de contratos y de documentación que acreditan sus negocios con el Estado de Guinea Ecuatorial, del que habría facturado construyendo y reparando barcos unos veinte millones de euros, y con la jueza -no conforme- reclamando más y más documentación, sus abogados se han plantado.
De un lado se ha solicitado el sobreseimiento del caso, ante la incapacidad de formular un auto de procesamiento con cargos concretos. De otro, apelan a la vulneración reiterada de derechos fundamentales tutelados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y reclaman la correspondiente indemnización de daños sufridos. Entre otras razones, por la prisión preventiva que antes de que se le permitiese el uso de su piso en Las Canteras se le aplicó durante casi 30 meses.
A estos elementos en la instrucción se suman las denuncias por ‘manipulación policial’, vistas ya ante la juez Ana Isabel De Vega, ante la que los agentes de la UDYCO canaria reconocieron que había determinado material informático propiedad presuntamente de Kokorev que, dado que no se había respetado la cadena de custodia, no podrían utilizar como prueba en un eventual juicio. “Las autoridades carecían de pruebas, no tenían pruebas suficientes para llevar el caso a juicio”, pero en vez de poner en libertad al investigado, se mantuvo la prisión.
Es por esto que las defensas del empresario, ya jubilado y que ha tenido que sufrir una intervención para la colocación de cuatro by pass, aseguran ante el juzgado canario que “las autoridades judiciales de un país, especialmente las policiales y las judiciales, no pueden actuar de acuerdo con la máxima de que el fin justifica los medios”.
Es la “ausencia de indicios racionales” que soporten el blanqueo de capitales, la “ausencia de acusación” y “los daños anteriores como la no puesta en libertad a la espera de juicio o la obstaculización al procedimiento debido al secreto de sumario lo que provoque que Kokorev y su familia vayan a poner el caso en el tejado de la justicia europea. Lo más grave sería no sólo que “no está descrito el delito que ha generado los fondos ilícitos” originalmente atribuidos a la amistad con Teodoro Obiang sino que durante largo tiempo las defensas de Kokorev “no tuvieron acceso ni oportunidad de rebatir las evidencias o la falta de estas obrantes en el sumario”.
“Conjeturas, opiniones y sospechas carentes de pruebas”
Al abogado de la esposa del investigado, Julia, no le pasa desapercibido el hecho de que recientemente la propia justicia canaria se haya pronunciado en casos como el ‘Faycan’, dejando el descubierto cómo durante los últimos años se vapuleó la presunción de inocencia de los investigados.
Antonio José García Cabrera señala que “son en ocasiones irreparables las lesiones en los derechos y en los intereses de personas a las que se implica en grandes casos de corrupción política o empresarial que quedan sustanciados en una mínima parte al final del proceso (…) terminan absueltos o con penas pactadas con la Fiscalía y sustanciamente inferiores a las inicialmente planteadas”.
García Cabrera subraya las palabras del propio ponente de la sentencia, cuando subraya que la Brigada Provincial de Información de la Guardia Civil, que llevó la investigación del ‘caso Faycan’ construyó la causa “en base a informes plegados de conjeturas, opiniones y sospechas carente de pruebas e indicios algunos”.
En el ‘caso Kokorev’, y de acuerdo con las defensas, “contrasta la especial gravedad con que se ha presentado la instrucción con el hecho de que el paso del tiempo indica que las autoriades no le han dado esa prioridad”.
