La concejal del Ayuntamiento de Tacoronte Sandra Ramos se hace eco del llamamiento en redes sociales de la asociación DogCan Tacoronte, entidad que tiene encomendada la gestión del refugio municipal. "Esta asociación denuncia que hasta este momento ha podido hacer frente a la alimentación de los animales que han sido acogidos en el albergue gracias a la buena predisposición de una empresa del municipio que le ha puesto facilidades, pero alcanzados más de 5000€ de deuda no podrá seguir suministrándole los piensos, con lo que se desconoce la suerte que correrán los 47 animales que bien por abandono o derivados por los servicios municipales se encuentran en las instalaciones", según recoge una nota de prensa remitida este viernes por la edil tacorontera.
Ramos asegura que “he solicitado el expediente que otorga la concesión del servicio y la respuesta que nos da el ayuntamiento es que no existe, han cargado la responsabilidad de una competencia municipal a una asociación tras la que hay una persona sin la más mínima seguridad jurídica, es indignante”. En su opinión, “es una irresponsabilidad tremenda, pues parece que se adeuda más de 5000€ a una empresa tacorontera por la confianza puesta en la palabra del alcalde y el concejal, hecho de doble gravedad pues José Daniel Díaz es abogado y debe saber cómo se debe obrar a la hora de dar las concesiones para la explotación de los servicios”.
Según la nota, a día de la fecha se desconoce qué va a ocurrir con la perrera municipal y la suerte que correrán los 47 animales que se encuentran acogidos en ella, lo que sí es cierto, es que la forma de actuar de "Daniel Díaz y Antonio Gil es de mala fe, pues provocan un perjuicio directo a terceros y un daño irreparable al servicio, y lo que es peor, dejan mucho que desear de la imagen que representa a los tacoronteros".
La concejal recuerda que el refugio municipal fue presentado por el alcalde, José Daniel Díaz, y el concejal de Sanidad, Antonio Gil, como un logro a su gestión. Así lo manifestaron en una extensa nota de prensa publicada en los medios de comunicación en febrero de 2021 en la que, además, recalcaban que tras la rehabilitación se pondría en funcionamiento el servicio, a través de un convenio, que llevaba cinco años cerrado.