Denuncian demoras en la atención a menores migrantes en Canarias tras su llegada en pateras
Un total de 24 menores que llegaron a Canarias en pateras y cayucos a finales de septiembre no recibieron la atención inmediata que establece la ley para situaciones de desamparo, pasando entre uno y tres días en dependencias policiales a la espera de ser acogidos en un centro especializado. Esta es la denuncia que recoge un informe de la Fiscalía Superior de Canarias, que alerta sobre los efectos de una instrucción dada por el Gobierno regional el pasado 2 de septiembre.
En dicha fecha, el Ejecutivo canario ordenó a las ONG que gestionan los centros de acogida no admitir a menores migrantes sin una autorización previa y explícita de la administración autonómica. Según la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, esta medida no solo ha generado retrasos en la acogida, sino que ya es "una realidad comprobada", tal y como expone en un documento avanzado por *El País* y al que ha tenido acceso la agencia Efe.
La fiscal Martínez detalla en su informe ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que, como consecuencia directa de esa normativa, 24 menores no fueron ingresados de manera inmediata en centros adecuados a su situación y edad. Entre los casos mencionados, la mayoría ocurrieron en Lanzarote, donde varios menores de entre 12 y 17 años permanecieron bajo custodia policial hasta por tres días tras su llegada el 18 y 20 de septiembre. En El Hierro, seis menores de entre 13 y 15 años y otros cinco de 15 a 17 años vivieron una situación similar el 20 de septiembre. Fuerteventura también se vio afectada, con dos menores retenidos tras su llegada en una patera el 19 de septiembre.
El TSJC ha suspendido cautelarmente esta instrucción del Gobierno canario, al considerar que podría vulnerar los derechos de los menores al retrasar su acogida, una medida que también ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional. La fiscalía, por su parte, ha advertido previamente de la situación y reitera que la Ley del Menor exige a las administraciones competentes proporcionar una "asistencia inmediata" y urgente a los menores extranjeros no acompañados, sin someterla a trámites o procedimientos adicionales.
En su informe, la fiscal María Farnés Martínez subraya que estos menores constituyen un "colectivo especialmente vulnerable" debido a su condición de ser menores, extranjeros y estar solos, y critica que los protocolos implementados por el Gobierno canario no han respetado esa urgencia, al condicionar la acogida a trámites burocráticos como la filiación completa o entrevistas para evaluar posibles solicitudes de refugio o asilo.