Redacción MTVEl exdiputado socialista por la povincia de Las Palmas Juan Bernardo Fuentes ha quedado en libertad tras prestar este miércoles declaración ante la juez del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife por el caso Mediador, después de que la magistrada instara a su detención el pasado lunes tras el registro que realizaron agentes de la Policía Nacional en su casa de Puerto del Rosario, según fuentes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La puesta en libertad de Fuentes se produce después de que el fiscal no pidera prisión para él por no pareciar ni peligro de fuga ni de que destruya pruebas. Este caso no cuenta ni con acción popular ni particular personadas.
El socialista majorero está investigado en una trama de corrupción que supuestamente encabezaba por los cargos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y grupo organizado. Hasta el momento solo uno de los 12 detenidos, el exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas.
El caso Mediador
En el llamado caso Mediador se investiga la presunta extorsión a empresarios del ámbito ganadero y alimentario y de energías renovables a cambio de recibir tratos de favor en las inspecciones o en el trámite de ayudas europeas.
El desde el paso martes, día en el que presentó su dimisión, exdiputado socilista fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias a principios de este mandato y lo relevó en el cargo su sobrino Taishet Fuentes, también inevstigado en esta causa.
El caso recibe este nombre debido a que e origina en una denuncia presentada por un alto cargo del Cabildo de Tenerife sobre otros asunto el que llevó a iniciar una investigación con el fundamento de los archivos de los dispostivos electrónicos del empresario A. Navarro Tacoronte, que supuestamente ejercía de mediador entre empresarios y políticos.
Según el sumario de esta investigación, cuyo contenido a transcendido a través de los medios de comunicación, este empresario pedía un "peaje económico" de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de "obtener privilegios" en materia de contratación pública. Los reuniones entre los supuestamente implicados se realizaban en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar "seriedad" y acababan en "grandes fiestas" en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros.
