Los eurodiputados Jean-Luc Schaffhauser (Francia) y Georgios Epitideios (Grecia) se han dirigido al Consejo General del Poder Judicial demandando explicaciones por los arrestos y la persecución judicial seguida contra los ciudadanos españoles de origen ruso Vladimir Kokorev, su esposa Julia Kokoreva y su hijo Igor.
El kafkiano proceso que sufre esta familia (acusada de blanquear dinero de Teodoro Obiang), sin pruebas que hayan sido reveladas, con una investigación prolongada durante una década y durante un lustro secreta, despierta la alerta de los eurodiputados, que especialmente en el caso de Vladimir subrayan en el escrito al CGPJ su grave situación de salud.
El empresario ha sobrevivido en las últimas fechas a un infarto, una isquemia, una apoplejía, fuertes trastornos de próstata (tras una intervención urgente en recientes fechas) que mantienen minada su débil condición física, agravada ahora por una sistemática tensión alta, temblores permanentes y una severa presbicia. En este sentido, señalan que “su detención en una prisión sin personal médico cualificado es de una crueldad inexplicable y podría tener consecuencias irremediables”, en alusión a las decisiones hasta ahora tomadas por la juez Ana Isabel de Vega, del Instrucción nº5 de Las Palmas, convalidadas por la propia Audiencia Provincial.
Jean-Luch Schaffhauser y Georgios Epitideios señalan en la misiva que, al no aparecer durante el cautiverio de los Kokorev indicios de su culpabilidad, “se está violando el derecho de los detenidos a su propia defensa”, que en estas condiciones “se hace imposible”. Así, denuncian “las violaciones flagrantes de normas del Derecho Internacional además de las propias leyes del Reino de España”.
En concreto, desde las instituciones europeas se plantea la violación que con este proceso se está haciendo de los artículos 9.3 (principio de legalidad), 24.1 (derecho a la defensa eficaz) y 17.1 (derecho a la libertad) de la Constitución.
Los parlamentarios de Francia y Grecia no ponen en duda que deba mantenerse secreta una parte o la totalidad de la investigación. Sí denuncian, en cambio, que las autoridades encargadas de la aplicación de la ley no están cumpliendo con su obligación de informar a los acusados y sus abogados de sus indicios de delito (en caso de haberlos), tal y como establecen los artículos 302, 505 y 506.2 “del código que regula los procedimientos penales”, escriben literalmente.
Los eurodiputados Schaffhauser y Epitideios insisten en la vulneración de disposiciones varias de la directiva 2012/13 de la Unión Europea de 22 de mayo de 2012. Su petición de información al órgano de gobierno de los jueces en España lo amparan en el artículo 13 y el artículo 6 de la Convención Europea de los Derechos Humanos.
