La jueza del Instrucción nº5 de Las Palmas, Ana Isabel de Vega, tiene sobre su mesa el escrito basado en un informe pericial elaborado por Juan Martos Luque, perito informático, que revela la manipulación en la recogida de pruebas practicada por la policía en el caso Kokorev, que se sigue contra Vladimir Kokorev, su mujer y su hijo, por ejercer el primero de supuesto testaferro de Teodoro Obiang en España.
La pericia cuestiona de un modo especial y contundente la memoria USB entregada por el testigo estrella Ismael Gerli, sobre el que pivota gran parte de la acusación y, por tanto, de la instrucción. En el informe, elaborado por Martos Luque, perito informático de reconocida reputación y trayectoria (a instancias del abogado de los Kokorev, José Antonio Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional) su autor desvela “las graves deficiencias observadas en algunos soportes analizados, que condicionan la completa invalidez de la prueba, así como la manipulación de determinados particulares unidos a las actuaciones”.
Las defensas de la familia hispano-rusa, afincada de nuevo en Las Palmas, han puesto en conocimiento de la jueza las conclusiones del análisis científico de esa prueba especial en la que se había convertido el USB de Gerli: “del análisis del pen drive hemos podido extraer evidencias tanto de manipulación del mismo (con creación, borrado y modificación de archivos) como de la manipulación del acta de declaración de Ismael Gerli (…) La grave irregularidad de la instrucción policial que se denuncia tiene más trascendencia aún cuando tiene lugar en un momento en el que la causa se encontraba secreta”, y Vladimir Kokorev, su esposa Julia y su hijo Igor sufriendo prisión provisional en el centro penitenciario de Juan Grande debido, fundamentalmente, a esta prueba que ahora se revela manipulada.
Esta memoria USB o pen drive era en efecto hasta hoy de vital importancia en la instrucción y considerada un pilar sobre el que se mantenía la acusación contra el empresario ya jubilado y enfermo. Sobre ella no sólo se tendrá que pronunciar la jueza sino el fiscal anticorrupción, Luis del Río, alineado hasta hoy con las tesis de la magistrada.
No se respetaron los protocolos
Según relata el perito informático, lo más sorprendente de este caso es la ausencia del código hash -el algoritmo matemático que equivale al ADN de cualquier documento digital- y la consiguiente modificación del medio.Durante la pericial se preguntó a los agentes de policía por el código hash y estos respondieron “que no disponen de ningún hash relativo al referido dispositivo, por cuanto nunca se habría llevado a cabo operación alguna para su obtención”.
Esta circunstancia es crucial en la medida en que esta firma digital es imprescindible en un proceso de tratamiento de este tipo de evidencias ante cualquier tribunal: es el único modo de poder verificar que no se han producido alteraciones ni manipulaciones por parte de miembros de las fuerzas de seguridad que hayan podido tratarlo.
En este sentido, el perito concluye no sólo en relación a supuestos documentos de los Kokorev que se almacenaban en el USB sino en relación a la propia declaración ante la policía de Gerli, que “se observa de una forma evidente la existencia de numerosas evidencias de que el dispositivo original ha sido manipulado en momentos posteriores a la declaración presentada por el Sr. Gerli”.
Las conclusiones de la pericia sobre el material informático incautado a los Kokorev cuadran con la resistencia que habían tenido los agentes para poner ese material a disposición del juzgado en tiempo y forma. El pasado mes de septiembre y tras retiradas peticiones, la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó la entrega de la memoria USB a la jueza De Vega. Cuatro meses después, el pasado diciembre, la magistrada dirigió un escrito a los policías advirtiéndoles que incurrirían en delito de desobediencia si no entregaban el material.
La Fiscalía General del Estado y el Parlamento Europeo tramitan diversos expedientes por irregularidades/ilegalidades en la instrucción de este caso que se prolonga (tras dos archivos de la causa en Madrid) durante más de una década.
