Carlos Soler, el funcionario perseguido por negarse a certificar una obra: "Lo que me ha pasado a mí es habitual en la administración"
El ingeniero Carlos Soler respira tranquilo. Después de cinco años de batalla con el Gobierno de Canarias, que decidió abrirle un expediente tras negarse a certificar una obra en la que detectó supuestas irregularidades, ha logrado una trabajada victoria en los tribunales que pone punto final a una historia que destripó el funcionamiento de la administración pública. La última sentencia, la dictada por el Supremo, da la razón al funcionario y obliga al Ejecutivo autonómico a devolverle las retribuciones que dejó de percibir durante el año y medio en que fue suspendido de empleo y sueldo, además de tener que correr con las costas del procedimiento.
Este lunes, Soler intervino en el programa de Mírame Televisión La Tertulia para recordar que la situación que ha vivido “es habitual en la administración”. El ingeniero repasó el periplo que ha atravesado e hizo hincapié en los proyectos “que hemos perdido todos los ciudadanos” por la decisión de poner fin a la dirección que Soler, “junto a un equipo de profesionales”, llevaba en cuatro obras hidráulicas de Canarias, tres en La Gomera y otra en La Palma.
Fue la actuación del túnel de trasvase para abastecer al valle de Aridane la que desencadenó el enfrentamiento entre el funcionario y la Consejería de Agricultura. Carlos Soler se negó a firmar unos certificados de obra presentados por la adjudicataria de los trabajos, la empresa Dragados, al detectar numerosas irregularidades que recordó durante su intervención televisiva: “Empezaron a pedir un incremento del 20% del presupuesto basándose en cosas que no existían en la obra, o mediciones que se habían inflado o precios que no eran de proyecto”.
Preguntado por un pasaje de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ratificó el Supremo, donde se afirma que “desde luego que resultaría sospechoso que otro funcionario aceptase firmar las certificaciones de obra pese a las objeciones hechas por el recurrente”, Carlos Soler aseguró que no “ha sabido” si se llegó a certificar.
Lo que no quiso pasar por alto el ingeniero es que, después de ser cesado en la dirección, “Dragados terminó la obra y agotó todo el presupuesto”. Pero es más, Soler insistió en que “para agotar todo el presupuesto había que hacer una obra de protección de un acueducto, que costaba 300.000 euros, y eso no se hizo”, a lo que añadió que “eso está en manos de la administración y ahora mismo debe de estar preocupando a más de uno”.
El ingeniero Carlos Soler respira tranquilo. Después de cinco años de batalla con el Gobierno de Canarias, que decidió abrirle un expediente tras negarse a certificar una obra en la que detectó supuestas irregularidades, ha logrado una trabajada victoria en los tribunales que pone punto final a una historia que destripó el funcionamiento de la administración pública. La última sentencia, la dictada por el Supremo, da la razón al funcionario y obliga al Ejecutivo autonómico a devolverle las retribuciones que dejó de percibir durante el año y medio en que fue suspendido de empleo y sueldo, además de tener que correr con las costas del procedimiento.
Este lunes, Soler intervino en el programa de Mírame Televisión La Tertulia para recordar que la situación que ha vivido "es habitual en la administración". El ingeniero repasó el periplo que ha atravesado e hizo hincapié en los proyectos "que hemos perdido todos los ciudadanos" por la decisión de poner fin a la dirección que Soler, "junto a un equipo de profesionales", llevaba en cuatro obras hidráulicas de Canarias, tres en La Gomera y otra en La Palma.
Fue la actuación del túnel de trasvase para abastecer al valle de Aridane la que desencadenó el enfrentamiento entre el funcionario y la Consejería de Agricultura. Carlos Soler se negó a firmar unos certificados de obra presentados por la adjudicataria de los trabajos, la empresa Dragados, al detectar numerosas irregularidades que recordó durante su intervención televisiva: "Empezaron a pedir un incremento del 20% del presupuesto basándose en cosas que no existían en la obra, o mediciones que se habían inflado o precios que no eran de proyecto".
Preguntado por un pasaje de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ratificó el Supremo, donde se afirma que "desde luego que resultaría sospechoso que otro funcionario aceptase firmar las certificaciones de obra pese a las objeciones hechas por el recurrente", Carlos Soler aseguró que no "ha sabido" si se llegó a certificar.
Lo que no quiso pasar por alto el ingeniero es que, después de ser cesado en la dirección, "Dragados terminó la obra y agotó todo el presupuesto". Pero es más, Soler insistió en que "para agotar todo el presupuesto había que hacer una obra de protección de un acueducto, que costaba 300.000 euros, y eso no se hizo", a lo que añadió que "eso está en manos de la administración y ahora mismo debe de estar preocupando a más de uno".