Así se vende el ‘alma’ de la hemodiálisis en Canarias
El TSJC obliga al Gobierno canario a indemnizar a una empresa porque le suspendió la concesión del servicio de hemodiálisis y luego se la dio a ‘otra’
El auto judicial con el que se archivó en 2012 el ‘caso Lifeblood’ considera probada una relación entre las dos empresas que también confirmó Roldós
El experto nefrólogo Benito Maceira advierte que "hay que controlar la pérdida de calidad de la diálisis" en manos de negocios privados
Para entender la trascendencia de la sentencia que ha hecho pública esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), y que deja con pocas opciones a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para evitar pagar una indemnización millonaria a una empresa que se quedó fuera de la privatización de los servicios de hemodiálisis en los hospitales de Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote, es necesario hacer un repaso por lo ocurrido en los últimos 8 años.
En teoría, es sencillo:
1º. En 2010, una empresa fue la adjudicataria provisional del concurso que volvía a privatizar el servicio de hemodiálisis en estos dos hospitales
2º. Como se abre una investigación por supuestas irregularidades en el concurso, la empresa decide mandar una carta a la Consejería de Sanidad diciendo que, si hay dudas, que se vuelva a convocar el concurso.
3º. Intencionadamente, o no, en 2011 el Gobierno interpreta que la empresa se retira y mantiene la privatización anterior. En 2012 se archiva la investigación judicial penal y, en 2013, se convoca un nuevo concurso que gana ‘otra’ empresa.
4º El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo le dio la razón a la empresa ganadora de 2010 que había presentado recurso contra resolución de la Sala del Tribunal Superior de Justicia canario (TSJC) que, en 2015, le dio la razón al Gobierno canario. El Supremo interpreta que, como mucho, la empresa renuncia en su carta sólo a ser la adjudicataria provisional y ordena que se convoque de nuevo el concurso. Pero como el concurso ya se convocó en 2013 y lo ganó ‘otra’ empresa, la empresa 2, la empresa 1 exige una indemnización o, en su defecto, abrir un periodo de negociación con la Consejería de Sanidad.
5º. Esta semana, El TSJC ha informado de que, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Supremo, el pasado viernes dictó sentencia contraria a la que dictó en 2015 que ahora obliga al Gobierno de Canarias a anular la orden que apartó a Lifeblood del procedimiento. Esto significa que, o bien la Consejería de Sanidad vuelve a convocar el procedimiento de contratación y resolverlo “en los términos que procedan con arreglo a derecho”, o bien declara que la sentencia es de imposible cumplimiento (porque ya se adjudicó a ‘otra’ empresa, la empresa 2) y opta por la vía de la indemnización para restablecer a Lifeblood en sus derechos. Fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias asegurar que a sus servicios jurídicos no les han notificado aún la sentencia por lo que alegan que, de momento, no pueden asegurar que vayan a recurrir el fallo judicial que les ordena a pagar dos veces por el mismo servicio de hemodiálisis con el dinero de toda la ciudadanía. “A modo orientativo”, y aunque el TSJC aclara en un comunicado que, “en ningún caso se afirma que sea la cifra que podría alcanzar la indemnización”, la cuantía del proceso judicial alcanza los 31,4 millones de euros, frente a los casi 125 millones que supuso el contrato de hemodiálisis al que no optó la empresa 1 y se concedió a la empresa 2.
‘Sencillo’…
Pero la realidad es mucho más compleja si adelantamos que, detrás de la empresa 1 y detrás de la ‘otra’ empresa, la empresa 2, está la misma persona: Javier Artiles, tal y como considera probado el mismo auto con el que se archivó en 2012 el caso Lifeblood. Artiles -en la foto, a la derecha, junto a un defendido suyo, el Marqués de la Oliva Domingo González Arroyo (PP)- fue uno de los cuatro imputados por tráfico de influencias, prevaricación, malversación y negociación prohibida a funcionarios públicos, junto con Lourdes Quesada, Guillermo Martinón y Leocadia Palop.
La doctora Leocadia Palop, exjefa del Servicio de Nefrología del Hospital Doctor Negrín, especialista que se encargaba de elaborar los pliegos técnicos para la privatización del servicio de hemodiálisis, dijo en el programa “59 Segundos” de TVE-C, a finales de 2010, que las empresas adjudicatarias del anterior concurso le habían intentado sobornar. Un extremo que no se pudo demostrar pero que sirvió para abrir el ‘caso Lifeblood’ ya que la doctora, que no reconocía los pliegos como suyos, señaló a unas funcionarias, y éstas a Lourdes Quesada, como responsable de unos requisitos hechos a medida de una empresa sin experiencia.
“Es el alma del Servicio Canario de Salud”. Así definía su equipo a Lourdes Quesada, quien fuera, hasta enero de 2017, directora general de relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de C
anarias nombrada por el presidente Fernando Clavijo y que, al menos en mayo de 2017, representaba a la Viceconsejería de Hacienda y Planificación. En 2010, Quesada era la secretaria general técnica del área de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que presidía la hoy Delegada del Gobierno de Mariano Rajoy en Canarias, Mercedes Roldós (PP). Quesada era, por orden de Roldós, la encargada de sacar el concurso para la privatización del servicio de hemodiálisis del Gobierno de Canarias y la que, como presidenta de la mesa de contratación, lo adjudicó el 19 de octubre de 2010, una semana antes de que el PP dejara el Gobierno de Canarias tras la ruptura del pacto con CC. Los 124,7 millones de euros se convirtieron, en medio de la crisis, en el contrato de mayor importe concedido hasta ahora por la Consejería de Sanidad y, contra todo pronóstico, a una empresa sin experiencia hasta entonces desconocida: ‘LifeBlood’ .
Al combinar las palabras ‘vida’ (Life) y ‘sangre’ (blood), en inglés, nos encontramos con un concepto (‘LifeBlood’) que, curiosamente, se traduce al español como… “alma”. Quesada, “el alma” del SCS, además es la mujer del teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Guillermo García-Panasco, que se vio obligado a inhibirse de la investigación, junto a todos los miembros de su fiscalía, porque una de las investigadas era su mujer. Algo que, por cierto, no hizo su Fiscalía al archivar otro caso, el de la privatización del servicio de ambulancias, en el que también estaba implicada Quesada, y que tuvo que reabrir luego la Audiencia Provincial. Pero volviendo al caso LifeBlood, y no sin presiones de la Fiscalía de García-Panasco, los fiscales enviados desde Madrid dijeron que pudieron cometerse irregularidades pero pese a tener “sospechas” al no poder probarlas pidieron el archivo del caso Lifeblood para “no dañar más” a los imputados.
Sí, se cerró el caso; pero de manera provisional y no libre, lo que suponía que se podría reabrir en un futuro si se hallaban nuevas pruebas o declaraciones incriminatorias, y no sin dejar de relatar una serie de hechos probados que hoy es necesario recordar porque cobran especial relevancia tras la sentencia del Tribunal Supremo:
"Javier Artiles era socio y administrador de la empresa Avericum", una entidad que en 2004 fue la adjudicataria del concurso de hemodiálisis de la zona Sur de Gran Canaria y la entidad que se hizo con el concurso en 2014, la empresa 2. Por otro lado, también era responsable de la empresa "llamada Hospitalia", según el auto, que también tenía otro concurso adjudicado y, a la vez "era apoderado de RTS-Baxter adjudicataria del centro satélite de hemodiálisis del Hospital Doctor Negrín por haber ganado el anterior concurso", ese que la doctora Palop aseguró objeto de soborno. No era la única relación que tenía con Palop ya que "ella atendió médicamente a una hermana de Artiles y “él ayudó a su hijo, también nefrólogo, a constituir una empresa [...] y la asesoró con unas d
enuncias contra otro médico". En el nuevo concurso también "se presentó en una UTE, RTS-Diaverum" a la vez que actuaba como "gestor real" de Lifeblood SL, empresa de su amigo Javier Jorcano. Entidad que finalmente fue la adjudicataria del concurso por valor de 124 millones de euros. Hay que detenerse Jorcano porque, a través de su figura, enlaza el ‘caso Lifeblood’ con el ‘caso canódromo’ y el pelotazo de ‘Torres del Mar’, durante la etapa de José Manuel Soria como alcalde.
Volviendo al auto, Javier Artiles, "era asesor eventual de órganos vinculados" con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, hasta el punto de participar, según la investigación, "en tres mesas de contratación relacionadas con concursos importantes del ámbito sanitario", uno de los cuales, "dio lugar a imputación de varias autoridades y funcionarios a quien defendió el propio Artiles", se destaca en el auto en referencia al ‘caso ambulancias’ en el que Artiles defendía a Quesada.
Cuando Lourdes Quesada fue señalada por las funcionarias a las que había señalado Palop como responsable d
e la modificación de los pliegos, ella responsabilizó a su vez al cuarto imputado, el por entonces director general del SCS, Guillermo Martinón (PP), la mano derecha de Mercedes Roldós (PP) en la Consejería, que también acabó imputado en el ‘caso ambulancias’. La mujer de Martinón había sido empleada del despacho de Javier Artiles antes de que Lifeblood ganase el concurso. Dos años después del archivo, Guillermo Martinón entró las conocidas puertas giratorias y empezó a trabajar para Artiles como director gerente de Avericum.
Que es la misma empresa y la misma persona la que, gracias a una ingeniería empresarial y jurídica, se puede ver beneficiada por partida doble de una misma privatización tras la sentencia del Tribunal Supremo es algo que se le escapó a la Delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós (PP). La entonces consejera de Sanidad que justo unos días antes de dejar el cargo, sacó un concurso que ganó un asesor suyo, hablaba de él de esta manera en 2014, al analizar que ‘Avericum’, la ‘otra’, la empresa 2, se llevara el concurso: "Javier Artiles estuvo dos años imputado, un hecho que perjudicó a su imagen personal y laboral. Y su reacción magistral ha sido ésta, 'me presento de nuevo y esta vez lo gano' lo cual me parece estupendo”.
Quedan todavía unos hechos probados que se suelen perder de vista pero que quizá son los más importantes:
Canarias es el lugar con mayor obesidad mórbida de Europa, por tanto no es de extrañar, que también esté a la cabeza de los casos de diabetes, provocada por esa obesidad en el viejo Continente, una enfermedad que causa más muertes en Canarias que en el resto del Estado.
Durante el pasado Congreso Sociedad Española de Nefrología se aseguró que Canarias está entre las Comunidades en las que más aumentan los casos en los que los pacientes necesitan hemodiálisis. Los médicos de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública en Canarias (ADSPC) aseguran sin tapujos que el SCS fomenta la obesidad, lo que está beneficiando a empresas privadas, como las que citó el programa ‘Privados de Salud’ de Despiertos, o como a las que el Gobierno beneficia al privatizar un servicio público como la hemodiálisis. Diferentes estudios cuestionan no sólo la forma, al poner seriamente en duda que el coste del servicio privatizado sea menor que el público, sino también el fondo ya que se opta por ‘curar’ antes que prevenir, por lo que los expertos proponen un “cambio de paradigma: menos hemodiálisis privada y más nefrología pública”.
El promotor de los trasplantes renales en Canarias, el doctor Benito Maceira, siempre deja claro que "nuestro éxito con los trasplantes es la expresión de un fracaso que es nuestra inhabilidad y nuestra incapacidad para conseguir que no haya tantos enfermos renales”. Este exjefe de Nefrología del Hospital Universitario de Canarias (HUC) contó, en una entrevista realizada por David Cuesta en Mírame TV Canarias, que cuando montó en los años 80 una consulta específica personas diabéticas, con insuficiencia renal y camino de la hemodiálisis para descubrir por qué Canarias tenía (y sigue teniendo) el triple de entrada a Hemodiálisis que el resto del país (también el triple de mortalidad relacionada con la diabetes), descubrió que le 70% estaban bajo el umbral de la pobreza: “Más que los niveles de pobreza, lo que influye es la desigualdad social”, provocada según este experto por el “Gran Hermano orwelliano: el sector financiero, empresarial y bancario que convierte, un kilo de grasa, en un kilo de oro”, lo que para algunas empresas privadas “es una tajada brutal”.
Consultado por esta reciente sentencia del TSJC, este nefrólogo jubilado con 40 años de experiencia aclara que el problema de la privatización del servicio de hemodiálisis es que, “al tratarse de un negocio, lo que hay que controlar es la pérdida de calidad de la diálisis, tanto por la vía de la ratio de personal sanitario no médico por número de enfermos, como la idoneidad de los filtros de diálisis” y es que, las compras masivas de un mismo tipo de filtros, abarata los costes para las empresas privadas pero dificulta el tratamiento individualizado. Para Maceira, “este es sólo un ejemplo más de que el negocio de las empresas privadas sólo es la rentabilidad y por eso no les interesa que haya prevención” y recuerda que “el Gobierno de Canarias sólo dedica un 0,7% del presupuesto sanitario a prevención”.
Así es como se sigue vendiendo el “alma” de la Hemodiálisis en Canarias.