ASCAV critica duramente a la Consejería de Turismo de Canarias
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha lanzado una dura crítica contra la nueva normativa impulsada por la Consejería de Turismo, la cual, aseguran, expulsará a la mayoría de los pequeños propietarios de viviendas vacacionales del archipiélago. A pesar de que la Consejería había prometido mantener el estatus de los actuales propietarios, ASCAV denuncia que las nuevas normas suponen una "auténtica purga" del sector.
Según ASCAV, solo los propietarios que gestionen directamente sus inmuebles podrán optar a una supuesta "consolidación", que en realidad no es tal, ya que deberán pasar por un nuevo proceso burocrático para obtener una licencia, con controles adicionales por parte de Ayuntamientos y Cabildos. Esta medida, advierten, dejará fuera a aquellos que delegan la gestión de sus viviendas a empresas especializadas, un modelo muy común en las islas.
La asociación también subraya que los propietarios de apartamentos y bungalows, que representan cerca del 60 % de las viviendas vacacionales, quedarán automáticamente excluidos del mercado, lo que supone un golpe masivo para el sector. Además, critican que, incluso si logran superar los requisitos para mantener sus licencias, no podrán transferir la actividad turística de sus viviendas a herederos, lo que ASCAV califica como una expropiación encubierta.
Para llevar a cabo esta reestructuración, la Consejería ha otorgado a Ayuntamientos y Cabildos un plazo de entre 6 y 8 meses para revisar las declaraciones responsables de las viviendas vacacionales en sus territorios, un proceso que, según ASCAV, resultará en la eliminación de hasta el 90 % de las viviendas registradas. Este coste, además, será asumido por los propios propietarios a través de una tasa adicional.
ASCAV acusa al Gobierno de Canarias de provocar un "efecto llamada" tras anunciar la norma en octubre de 2023, lo que generó un incremento de más de 20.000 nuevas viviendas vacacionales registradas en solo 10 meses. La asociación sostiene que este aumento ha sido utilizado para justificar la necesidad de una regulación más restrictiva.
Por último, ASCAV desmiente que el texto se haya flexibilizado, como asegura la Consejería, y alerta que aquellos propietarios que pierdan su declaración responsable quedarán excluidos del mercado vacacional durante tres años.