La creciente dificultad para acceder a una vivienda digna se refleja en el municipio grancanario de Agaete, afectado por el fenómeno nacional de la crisis habitacional, exacerbado por la presencia de turistas estacionales y trabajadores nómadas. Alberto García, un madrileño residente en la villa, asegura estar sufriendo presiones para abandonar el piso por el que paga 550 euros al mes desde hace tres años.
El edificio donde reside, ubicado en el casco de Agaete, nunca fue finalizado. En 2008, la constructora quebró y el inmueble pasó a manos de un banco malo, siendo recientemente adquirido por un empresario del norte. Fuentes municipales indican que el edificio «no cuenta con cédula de habitabilidad y nunca fue recepcionado», por lo que su legalidad es cuestionable.
Alberto García afirma: «No soy un okupa, pago 550 euros de alquiler y tengo un contrato en vigor». Sin embargo, el pasado 29 de mayo, denunció públicamente que un grupo de desocupación se presentó en el edificio «tapiando puertas, quitando la puerta del edificio para hacernos más vulnerables y recibiendo amenazas», todo sin orden judicial. Además, el grupo retiró las placas fotovoltaicas de la azotea, dejando el edificio sin agua ni luz.
Alberto, el único residente que queda en el edificio tras este episodio, reconoce que eventualmente tendrá que irse, a pesar de llevar tres años abonando una mensualidad a «una casera que se porta muy bien». No obstante, el Ayuntamiento de Agaete señala que la supuesta propietaria no puede serlo, ya que el edificio nunca fue terminado ni entregado legalmente a los compradores iniciales.
Los desalojados en días recientes han experimentado «impotencia, miedo y ansiedad». De los seis pisos habitados, tres eran ocupados ocasionalmente y dos ya han sido desalojados. Alberto, el último en resistir, denuncia que «la estrategia llevada a cabo es ilegal», sin respaldo judicial y casi por la fuerza. El Ayuntamiento de Agaete aclara que no tiene competencias en el asunto.
Para paliar la escasez habitacional en la villa, el consistorio y el Gobierno de Canarias trabajan en la rehabilitación de inmuebles a medio construir, como el caso de 26 viviendas que serán ofrecidas en alquiler social, en un esfuerzo por ofrecer soluciones a la creciente crisis de vivienda en Agaete.
