El Gobierno de España y el Ejecutivo de Canarias celebrarán el próximo 26 de agosto una reunión bilateral para abordar los asuntos que quedaron pendientes tras la suspensión de la XIV Conferencia Sectorial de Inmigración, que este jueves no pudo celebrarse por falta de quórum después de que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular decidieran no asistir.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, acordaron fijar ese encuentro durante una reunión mantenida en la sede del ministerio.
«Nos reuniremos el 26 de agosto para tratar todos los puntos del orden del día que estaban previstos en la conferencia sectorial», explicó Delgado al término del encuentro.
Canarias rechaza asumir el triaje de menores sin un protocolo estatal
Uno de los asuntos centrales de la reunión fue el requerimiento remitido por la Delegación del Gobierno en Canarias para que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias designe, en un plazo de quince días, representantes temporales para los menores extranjeros no acompañados durante la fase de triaje.
La consejera trasladó a la ministra la «profunda perplejidad» del Ejecutivo autonómico ante esa petición y anunció que Canarias responderá formalmente rechazando asumir esa obligación mientras el Estado no defina el procedimiento.
Según explicó, el requerimiento incorpora una advertencia sobre posibles actuaciones si no se cumple el plazo fijado, algo que calificó de «amenaza velada».
«Vamos a responder negándonos porque todavía no está establecido por parte del Estado cómo se va a desarrollar ese protocolo ni quién debe intervenir en el triaje», señaló.
Delgado aseguró que desde el Ministerio les trasladaron que no tenían conocimiento del requerimiento enviado y se comprometieron a abordar la cuestión con los ministerios del Interior y de Juventud e Infancia para elaborar un protocolo común.
Canarias pide seguridad jurídica
El Gobierno autonómico sostiene que existen importantes dudas jurídicas y competenciales sobre quién debe asumir la representación de los menores durante esa primera fase de identificación.
A juicio del Ejecutivo canario, el procedimiento de triaje corresponde a la Administración General del Estado y las competencias autonómicas en materia de protección de menores solo se activan una vez finalizado ese proceso y determinada oficialmente la minoría de edad.
Además, recuerda que el propio Estado había señalado anteriormente que las implicaciones del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo para las comunidades autónomas aún estaban pendientes de concretarse, por lo que considera contradictorio exigir ahora actuaciones sin que exista un protocolo previamente acordado.
La consejera insistió en que Canarias mantiene su disposición a colaborar para garantizar la protección de los menores migrantes, pero reclamó que esa cooperación se desarrolle «desde la seguridad jurídica, la coordinación institucional y el respeto al reparto competencial».
También planteó dudas sobre quién asumiría el coste de la representación jurídica si finalmente se recurre, por ejemplo, a los colegios de abogados a través del turno de oficio, ya que el modelo de financiación varía entre comunidades autónomas.
Críticas al plantón de las comunidades del PP
La reunión bilateral se produjo después de que la Conferencia Sectorial de Inmigración no pudiera celebrarse por la ausencia de las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Preguntada por esa decisión, Delgado lamentó que las autonomías populares optaran por no acudir al encuentro y defendió que los órganos de coordinación institucional deben utilizarse precisamente para debatir las discrepancias con el Gobierno central.
«Hay que venir a hablar. Si hay que pelearse, se pelea uno aquí, y si hay que llamar la atención al Estado, se hace dentro y fuera de estas reuniones», afirmó.
La consejera añadió que, cuando considera que no se respetan las competencias de Canarias, el Ejecutivo autonómico recurre también a la vía judicial, pero insistió en que el diálogo entre administraciones resulta imprescindible para afrontar un fenómeno tan complejo como la gestión de la migración y la atención a los menores extranjeros no acompañados.
