La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que preside el magistrado Francisco Javier Mulero, suspendió este lunes el juicio por la construcción del edificio La Ninfa, en Ifara, hasta resolver las cuestiones previas planteadas por las defensas. En el banquillo se sientan los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia, así como los funcionarios Víctor Reyes y José Tomás Martín. La acusación particular pide para todos ellos cuatro años de cárcel por fraude procesal. También se encuentra encartada la presidenta de la comunidad de vecinos, María Ángeles Carrillo, para quien la abogada denunciante, Rosa Sanz, solicita tres años de prisión. La Fiscalía pide la absolución de los cinco.
El juicio por la construcción del edificio La Ninfa, en la capital tinerfeña, supone el regreso a los banquillos de tres de los condenados por la vista de de Las Teresitas: Manuel Parejo, Víctor Reyes y José Tomás Martín. Se da la circunstancia de que tanto el exconcejal de Urbanismo como Norberto Plasencia tenían que haber entrado en la cárcel la semana pasada en cumplimiento de la sentencia del mamotreto, pero consiguieron un aplazamiento hasta el próximo viernes para acudir a un juicio que, tras la decisión del Tribunal, ha quedado suspendido hasta que los magistrados de la Audiencia Provincial resuelvan las cuestiones previas.
El caso La Ninfa es un procedimiento plagado de contratiempos, en donde parte de los delitos han prescrito y el resto han sido descartados por la Fiscalía. Si hay juicio es porque una de las vecinas afectadas, Isabel Concepción, ha mantenido viva la causa como acusación particular y el juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife apreció indicios criminales suficientes para abrir la vista oral.
Los hechos están relacionados con la construcción del edificio La Ninfa, cuya licencia fue anulada por la Justicia, en el ámbito Contencioso-Administrativo, al invadir los 10 metros de retranqueo con respecto a una parcela colindante e incumplir el planeamiento vigente. El fallo judicial obligaba a derribar la parte ilegal del inmueble, lo que nunca se produjo como consecuencia de una serie de decisiones que se tomaron en la Gerencia de Urbanismo y que la acusación particular considera delictivas.
Además de por fraude procesal, los acusados, menos la presidenta de los vecinos al no trabajar para la Administración, también se sientan en el banquillo por presunta prevaricación y desobediencia (delito que tampoco se atribuye a Manuel Parejo), por lo que se enfrentan a diez y dos años de inhabilitación especial, respectivamente. La acusación particular también reclama una indemnización como responsabilidad civil, aunque pide que los daños y perjuicios sean cuantificados en la ejecución de la sentencia, para lo que también solicita que se abra una pieza separada.
Nuevo escrito
La abogada Rosa Sanz reconoció la existencia de "errores materiales" en su escrito de acusación inicial y presentó un nuevo documento en el que incluye una serie de subsanaciones y la calificación de las penas, que se había omitido en el primero. Este hecho provocó la indignación de las defensas, que protestaron ante lo que tildaron de un acto procesal "inaudito". Tras un receso de 20 minutos para que las partes pudieran examinar el informe de la letrada, los representantes de los acusados manifestaron su queja durante la exposición de las cuestiones previas, por las que reclaman la nulidad de la causa.
Las defensas, entre otros argumentos, consideran que la denunciante no está legitimada para actuar como acusación particular al no ser parte afectada, lo que supondría un vicio en el procedimiento. La Fiscalía contradice este extremo y, aunque no acusa, avala la presencia de la vecina Isabel Concepción como perjudicada por los hechos.
El Tribunal decidió suspender la vista hasta que se resuelvan las cuestiones previas, por lo que se aplazan las sesiones previstas para el martes, donde estaban citados 17 testigos, y el miércoles, cuando se preveía interrogar a los peritos y escuchar las conclusiones. No hay fecha para la reanudación del juicio, aunque algunos letrados de las partes señalaron que esperan que la decisión no se dilate más de una semana.
