La Justica dan un plazo máximo de nueve meses al Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar para subsanar el vertido al mar de aguas residuales sin depurar en el Polígono Industrial de Güímar. Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC), que llevaron a la Fiscalía el caso, se muestran satisfechas con el auto del Juzado nº 4 de Santa Cruz de Tenerife y exigen "la construcción inmediata de la depuradora", según informa un comunicado conjunto de ambas organizaciones políticas.
El concejal de Sí se puede en Candelaria, Agustín Espinosa, manfiesta que “estamos satisfechos de esta resolución judicial porque pone sobre la mesa una solución factible para un problema que llevamos arrastrando hace más de 40 años y, además, fija una fecha para su resolución. Creemos que la medida propuesta es muy razonable y da un tiempo prudencial para ejecutar las obras necesarias”.
Sí se puede e IUC destacan que, en la vista judicial sobre este caso, el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) afirmó que podría asumir la construcción de la depurado en eese plazo. No obstante, “ambas organizaciones interesaremos que el coste de esta inversión sea abonado finalmente por la Asociación Mixta de Compensación del Polígono de Güímar, además de propiciaremos que los ayuntamientos implicados establezcan un canon de vertido a las empresas para sufragar los gastos de mantenimiento de la depuración”, apunta Espinosa.
Las dos formaciones recuerdan que los ayuntamientos tienen el deber de controlar lo que se vierte a la red de alcantarillado. En este asunto, Sí se puede e Izquierda Unida Canaria van a ser muy exigentes con los equipos de gobierno municipales de Candelaria, Arafo y Güímar, más aún cuando el mismo juez les da un plazo de un mes para elaborar un censo de vertidos.
Además, exigirán “contundentemente y con todos los medios de que dispongamos el cumplimiento estricto de la resolución mediante un seguimiento exhaustivo en los ayuntamientos, donde Sí se puede e IUC estamos presentes, para que cumplan con su obligación de hacer de forma inmediata un censo de vertidos de cada empresa y de cada núcleo de población”.
El concejal de Izquierda Unida Canaria en Arafo, Francis Hernández, destaca que “hemos presentado varias denuncias con respecto a esta ilegalidad, preocupados por el futuro de las 250 empresas y los 3.000 puestos de trabajo del Polígono; ahora el juzgado nos da la razón y obliga a una solución inmediata que implica a la Asociación Mixta de Compensación del Valle de Güímar, al Cabildo de Tenerife y a los tres ayuntamientos del valle, Candelaria, Arafo y Güímar, y los obliga a solucionar definitivamente el problema”.
A su vez, la concejala de Sí se puede en Güímar, Lourdes Galindo, manifesta su malestar porque “en el auto se demuestra que sí que existía una solución de un coste razonable y a corto plazo. Lo que nadie entiende es por qué se ha estado vertiendo agua contaminada al mar durante 40 años y nadie resolvió esta situación cuando técnica y económicamente era posible hacerlo”. Galindo se pregunta también quiénes han tomado las decisiones para que esta obra no se hiciera hasta que lo obliga un juez.
Por último, Espinosa recuerda que el último pleno del Ayuntamiento de Candelaria aprobó un acuerdo para que en el convenio de colaboración entre el Cabildo de Tenerife y los tres ayuntamientos implicados se incluya la exigencia al Consejo Insular de Aguas de que se encargue de la construcción de la EDARI en el Polígono Industrial de forma inmediata y por vía de urgencia. Las organizaciones integrantes de la izquierda alternativa del Valle de Güímar trasladarán a los Ayuntamientos de Arafo y Güímar este acuerdo y se mantendrán vigilantes para que se cumpla.
