La Diputación del Común ha alertado sobre las «gravísimas» demoras en el reconocimiento del grado de discapacidad en Canarias, con esperas que alcanzan hasta cinco años, incumpliendo el plazo legal de seis meses. El informe anual de la institución refleja un aumento del 80% en las quejas ciudadanas en 2024 respecto al año anterior, lo que ha motivado la apertura de una investigación de oficio ante la falta de colaboración de la Dirección General de Discapacidad.
La diputada del Común, Lola Padrón, ha calificado de «inaceptable» que la administración canaria tarde hasta cinco años en reconocer una discapacidad, cuando la legislación establece un plazo máximo de seis meses. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Padrón subrayó la necesidad de «actuar con urgencia» para garantizar los derechos de este colectivo.
El informe de la Diputación del Común destaca que las quejas por retrasos en el reconocimiento de la discapacidad han pasado de 310 en 2023 a 563 en 2024, lo que representa un incremento del 80%. Estas demoras afectan directamente al acceso de las personas con discapacidad a servicios esenciales como educación, empleo, salud y transporte.
Ante esta situación, la institución ha iniciado una investigación de oficio para evaluar los recursos disponibles en los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) y en la Dirección General de Discapacidad, así como la demanda real y las listas de espera existentes. Sin embargo, hasta la fecha, la Dirección General no ha remitido la información solicitada.
Canarias es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de personas con discapacidad, con 115 por cada mil habitantes, lo que equivale a unas 212.000 personas. A pesar de ello, la región enfrenta una escasez de personal especializado y una burocracia excesiva que dificultan el acceso a los derechos y servicios para este colectivo.
La diputada del Común ha instado a la administración pública a acelerar los procesos burocráticos y a dotar de mayores recursos humanos a los servicios encargados de la valoración de la discapacidad. También ha propuesto revisar y simplificar los procedimientos administrativos, promover la coordinación entre los diferentes servicios implicados e informar claramente a los solicitantes sobre el estado de sus solicitudes.
La situación actual refleja la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en Canarias y evitar que las demoras administrativas continúen vulnerando su acceso a servicios fundamentales.
