El Tribunal Constitucional, con siete votos a favor y cuatro en contra, ha decidido estimar el recurso del Alberto Rodríguez exdirigente de Podemos contra las decisiones del Tribunal Supremo que terminaron por sustituir su condena de mes y medio de cárcel por una multa manteniendo la inhabilitación especial para presentarse a unas elecciones y considera que fue desproporcionada. Esta condena tuvo como consecuencia que perdiera u escaño en el Congreso de los Diputados.
Según informa el Tribunal Constitucional, la mayoría progresista del pleno avala las pruebas que sirvieron para condenarle –el testimonio del policía pateado y un parte médico basado igualmente en su testimonio– pero critica que se le mantuviera una pena de cárcel de mes y medio, obligatoriamente sustituible por una multa, con todas las consecuencias sobre su inhabilitación. La consecuencia es que la alusión de la condena de cárcel desaparecerá del fallo de su sentencia y, con ella, la “accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo”, manteniendo la multa que ya pagó.
El pasado mes de octubre de 2021 el Tribunal Supremo decidió imponer mes y medio de cárcel e inhabilitación especial para sufragio pasivo a Alberto Rodríguez. Los magistrados, en una decisión con varios votos en contra pidiendo la absolución, declararon probado que el parlamentario de Unidas Podemos pateó a un policía antidisturbios en 2014 en una manifestación en La Laguna contra la ‘Ley Wert’ de educación. La condena de cárcel, como establece la Ley, fue sustituida por una multa pero las consecuencias se trasladaron a la cámara baja.
En un primer momento, tanto la presidenta Meritxell Batet como los letrados del Congreso entendieron que la condena no acarreaba la pérdida obligatoria del escaño. Una consulta posterior a la sala de lo penal del Supremo, que sin decirlo abiertamente dejaba ver que su criterio era que sí se quedaba sin sillón en el Congreso, llevó a Batet a expulsar de la cámara baja al diputado de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife.
Ahora el dirigente de Proyecto Drago ha ganado el primer asalto en el Tribunal Constitucional con el aval de la mayoría del pleno a la ponencia de la progresista María Luisa Segoviano, que entiende que esa actuación del Supremo fue desproporcionada, manteniendo la multa que ya pagó pero retirando la inhabilitación.
