El fiscal José Ramón Jurado solicita un total de 15 meses de cárcel por un delito de malversación para el exconcejal del PP en Puerto de la Cruz Luis Miguel Rodríguez. El Ministerio Público considera probado que el exedil generó, durante el año 2011, un gasto al Ayuntamiento tinerfeño de 9.304 euros en llamadas telefónicas desde el dispositivo móvil que tenía asignado por su condición de cargo público.
Tal y como consta en un escrito al que ha tenido acceso mirametv.com, la Fiscalía también pide que se condene al exedil, que será juzgado por un jurado popular, a tres años y seis meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público.
Luis Miguel Rodríguez, según consta en la petición de la acusación pública, realizó, entre otras, un total de 2.496 llamadas, de las que más de un centenar superaron la media hora de duración, al teléfono particular de una vecina de Santa María de Guía, en la isla de Gran Canaria. Las conversaciones, que se llevaron a cabo tanto en días laborables como en domingos y festivos, tenían una naturaleza "estrictamente privada y totalmente ajena al ejercicio de su cargo", asegura el fiscal.
Hay que recordar que cuando se conoció la apertura de una investigación judicial, a raíz de la denuncia del concejal de IU en Los Realejos Jonás Hernández, el exedil del PP reintegró la parte de su factura telefónica que sobrepasó el límite de gasto fijado por el Ayuntamiento a los miembros de la Corporación que disfrutan de un móvil municipal. En total, Rodríguez reingresó a las arcas públicas 6.000 euros, lo que ha sido tenido en cuenta por el fiscal como un atenuante.
Para demostrar la culpabilidad del exconcejal del PP, el fiscal reclama que se tome declaración durante el juicio, además de al acusado, a la vecina de Gran Canaria a la que con tanta insistencia llamó Luis Miguel Rodriguez durante 2011. El Ministerio Público también solicita que se lea en la vista la declaración que en fase de instrucción realizó el exalcalde Marcos Brito, ya fallecido, así como el peritaje llevado a cabo por un agente de la Guardia Civil.
Acusación popular
La acusación popular, defendida por el abogado José Pérez Ventura en representación de IU, añade varios nombres más a la lista de testigos solicitados por el fiscal, aunque las penas que pide para el exconcejal del PP son menores y no incluyen prisión: un año y tres meses de inhabilitación especial.
El letrado de IU considera necesario que se tome declaración durante el juicio, junto a la vecina de Santa María de Guía y al miembro de la Guardia Civil, a varios testigos. En el escrito de la acusación popular se pide la presencia en la vista de dos interventores municipales, el secretario del Ayuntamiento, un informático, y de Jonás Hernández.
Todavía no hay fecha para el juicio que sentará en el banquillo a Luis Miguel Rodríguez y que se desarrollará bajo la figura del tribunal del jurado.
