La acogida de menores inmigrantes no acompañados y su masiva llegada a Canarias, que actualmente alberga a más de 5.800 menores, ha encendido el debate político y mantiene en alerta a las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia.
Catalina Perazzo, portavoz de Save The Children, califica la situación en Canarias como «insostenible» y subraya la necesidad de una solución que garantice los derechos de estos menores, «sin politización».
Según Perazzo, la mejor noticia para 2025 sería alcanzar un acuerdo para la distribución de los menores por todo el territorio nacional y establecer «una solución a largo plazo y estructural».
Asimismo, destaca la importancia de que la futura regulación permita evaluar la situación particular de cada menor, considerando aspectos como la posible presencia de familiares en las comunidades de destino, lo que favorecería su integración y bienestar.
En este contexto, el Gobierno central y el Ejecutivo canario han acordado un plazo de 10 días para ultimar los detalles de un Real Decreto que facilite el traslado excepcional de 4.000 menores migrantes desde Canarias a otras comunidades autónomas. Además, el Ejecutivo central estudia una reforma de la Ley de Extranjería para hacer estos traslados permanentes.
Sin embargo, la iniciativa ha generado rechazo en algunos sectores políticos, entre ellos el Partido Popular, que han cuestionado tanto el fondo como las implicaciones de esta propuesta.
