El Grupo Municipal Avante La Laguna, al que pertenece el concejal de Urbanismo y senador por el PSOE, Santiago Pérez, defiende, en comunicado remitido este viernes, la legalidad de los contratos suscritos por el área de Desarrollo Rural, por los que el concejal no adscrito, Alfredo Gómez, denunció ante el Tribunal Supremo a Pérez.
Según Avante, esta denuncia se fundamenta en una “negligencia inexcusable” del exsecretario del Pleno municipal y para ello esgrime un informe del jefe de Servicio del Área de Promoción y Desarrollo Local de La Laguna en el que señala que el informe del exsecretario «confunde e identifica sin más» la existencia de dos decretos en el mismo procedimiento de cada contratación con la existencia de dos contratos.
Para este grupo municipal, el exsecretario incurre en un “grave error” a sumar todos los decretos como si fueran adjudicaciones de contratos diferentes para llegar a la conclusión errónea de que se había superado el máximo legal por contratos menores (más de una decena por importe cercano a los 200.000 euros).
Además, añade que «no hay ninguna resolución dictada frente a informes jurídicos o de Intervención en Desarrollo Rural», y tanto en esta área como en la de Vivienda o la de Urbanismo la instrucción dictada por el concejal delegado, y compartida por quienes gestionan directamente esas áreas, «ha sido la del respeto absoluto a la legalidad».
El informe del jefe de servicio sostiene que a veces pueden existir dos decretos sobre un mismo asunto pero no tratarse de dos adjudicaciones de contratos sino de otras circunstancias, como la imputación del pago a un ejercicio presupuestario posterior; la subsanación de un error o la transferencia de un contrato de un área a otra porque a posteriori aparece como más conveniente que sea tramitado por esta.
Avante aclara asimismo que el área de Desarrollo Rural «ha sido prácticamente creada» por el actual Gobierno «y está siendo gestionada con gran éxito Aitor López, a diferencia de lo que ocurría en la época de gestión de Coalición Canaria, que la usaba para pagar gastos de fiestas o para contrataciones verbales sin el menor procedimiento, lo que ha dado lugar a pronunciamientos judiciales condenando al Ayuntamiento».
