La asociación Justicia y Sociedad afirma que la parcela de El Sobradillo donde el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz han decidido ubicar el futuro la ciudad de la Justicia presenta “importantes limitaciones que impiden la inmediata ejecución” de la obra.
La Asociación sostiene que tanto el consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, como el concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Garcinuño, han ocultado “datos esenciales” y que “el Estudio Comparativo que manejaron tanto Presidencia como Ayuntamiento estaba viciado desde un principio, ya que además de no tener solvencia técnica, estaba diseñado para que fuera la del Sobradillo, la única opción frente a las que ofrecía la zona de Cabo Llanos”
Justicia y Sociedad asegura en un comunicado que ambos responsables políticos han ocultado “deliberadamente” que en la parcela en cuestión no es de aplicación la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) de 2013 y que está sujeta al Plan General de Ordenación Urbana de 1992. Como consecuencia de esto, explica, “la normativa de aplicación a dicho sector es el Plan Parcial del Rosario, donde se determina que dicha parcela es “Equipamiento Comunitario”, con uso de equipamiento social que tiene “unos condicionantes urbanísticos específicos”.
Estos condicionantes son la tipología abierta, que solo permite ocupar el 70 % de la parcela; un límite de superfice construida de 55.431 metros cuadrados y que las alturas contruidas no pueden superar las cuatro. Según la asociación, tanto la superficie como la ocupación pueden modificarse pero no la limitación de alturas. A reglón seguido dice dice estar “muy preocupada” por el “nivel elevado de ocultamiento de la realidad y de mostrar a la ciudadanía una opción a todas luces cuestionable, lo que hace a pensar en esos 'intereses' que tantos nervios parece que ha generado”.
Sin embargo, la asociación, que ha pedido la dimisión del consejero de Presidencia por sus intolerables declaraciones con la finalidad de coartar el legítimo derecho a la crítica de la plataforma judicial pro parcela Cabo Llanos, insta a “superar la actual fase de comunicados y declaraciones cruzadas, para retomar el camino de un diálogo que permita, sobre bases constructivas y con todos los datos reales sobre la mesa, alcanzar la solución que mejor satisfaga el interés general de la ciudadanía y de los sectores relacionados con la Justicia en la isla”.
