Los indicios de delitos en la actuación de Clavijo obligan a la jueza a enviar el caso Grúas al TSJC
De las nueve páginas de escrito de la jueza, siete son un 'corta y pega' de ese auto de la Audiencia Provincial que, en tan sólo 10 páginas, concentra "suficientes indicios de la comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias". La jueza a preferido seleccionar, para acabar su exposición de motivos, el párrafo que se refiere a los levantamientos que hizo Fernando Clavijo de los reparos formulados por la Intervención Municipal que llevaron a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la empresa de quienes han declarado ser sus amigos y a la prórroga del contrato: "no se puede excluir [...] que no atenten de forma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes Intervención Municipal", así como "tampoco cabe excluir en este momento que [...] no haya actuado con plena conciencia de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico y voluntad de hacerlo". Por los "mismos motivos, no cabe excluir en este momento, que estemos ante una conducta típica de malversación de caudales públicos".
Finalmente, la jueza ha elevado la causa contra el presidente del Gobierno de Canarias al TSJC, en contra de ese Ministerio Fiscal que se opuso en un escrito argumentando que los delitos no tenían "un mínimo de consistencia" pese a que la Audiciencia ya había dejado claro que habían indicios "suficientes" de delito. Es la misma Fiscalía, que rechazó el recurso de apelación de XTF-NC y Unidxs Se Puede apoyando así el archivo del caso que se logró reabrir porque la Audiencia sí estimó el recurso. "La Fiscalía hizo dejación de funciones", explica el portavox de XTF-NC Santiago Pérez, que celebra que exista "la acusación popular para que la ciudadanía sea garante de la lucha por hacer justicia".
Para Rubens Ascanio, portavoz de Unidxs Se Puede, la decisión de la jueza "es otra buena noticia en la dirección de clarificar si existieron los elementos de prevaricación y malversación de caudales públicos que detectamos y que la Audiencia Provincial también señaló en su escrito". Señala Ascanio que, el 'caso Grúas', "está tomando un rumbo tremendamente serio y señala, con el traslado al Tribunal Superior de Justicia, a la inminente imputación de Fernando Clavijo". El concejal de la formación morada cree "que Clavijo tendría que haber renunciado a su cargo en el momento que se desvelaron el contenido de las llamadas efectuadas por él en las escuchas del Caso Corredor" y que, "ahora, cuando se produzca su imputación, creo que deberá actuar en consecuencia por la gravedad de unos hechos que se refieren a una gestión contraria al interés general y saltándose muchos de los informes de los funcionarios municipales".
Este medio ha vuelto a intentar hoy recabar la versión del presidente del Gobierno de Canarias para añadirla a esta información pero no ha obtenido respuesta.
"EL PROTAGONISTA"
El 'corta y pega' que la jueza ha hecho del auto de la Audiencia se ha hecho público tan sólo unas horas después de que la jueza recibiera, a primera hora de la mañana, un escrito de la acusación popular de XTF-NC en el que argumentaba que, la imputación de Antonio Pérez Godiño que anunció la jueza ayer jueves, requería previamente la imputación de Fernando Clavijo ya que el decreto por el que se imputsa a Godiño es consecuencia de los decretos del entonces alcalde de La Laguna y ahora presidente del Gobierno de Canarias. Según Santiago Pérez, "Pérez Godiño es un actor secundario pero Clavijo es el protagonista de la pelicula y lo es desde la primera escena".
'LA PELÍCULA'
Precisamente el 'corta y pega' del auto de la audiencia que ha hecho la jueza vuelve a contar la película del 'caso grúas' cuya primera escena comienza en 2003:
El entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Clavijo decide privatizar el servicio de grúas municipal, siendo Ana Oramas la alcaldesa de la Laguna. El concurso de privatización se aprobó en pleno el 12 de febrero con un presupuesto de casi 4,5 millones de euros. El 8 de julio de 2004, el servicio fue adjudicado al empresario José Padilla por su oferta económica de un precio mensual de 72.634,67 euros mensuales durante 5 años, prorrogables a 25. El contrato se formalizó poco más de un mes después pero el concesionario tuvo que esperar más de un año para que el Pleno acordara la cesión del contrato a una sociedad limitada unipersonal de se creación: Auto Grúas Poli.
Según la denuncia que presentaron de forma conjunta Unixs Se Puede y XTF-NC, que hace referencia a la declaración de Padilla ante la Guardia Civil el 4 de febrero de 2013, al empresario le presionaron, primero, para que contratara en Auto Grúas Poli a personas con relaciones directas o indirectas con el concejal, más tarde alcalde, y hoy presidente del Gobierno canario: "Algunos por petición expresa de Clavijo". Después de contratarlos, declaró Padilla que las presiones se centraron en que vendiera su empresa a esos trabajadores con relación directa o indirecta con Clavijo. Tras sufrir periodos de hasta cuatro meses de impago por parte del Ayuntamiento llegando a acumular una deuda de 200.000 euros, Padilla cede a las presiones y el escrito de compraventa se firma el 13 de abril de 2011. A diferencia de Padilla que estuvo esperando más de un año para que el Pleno municipal le permitiera ceder sus derechos a una empresa a su nombre, los nuevos dueños de Grúas Poli, amigos de quien ya era alcalde desde 2008, no tuvieron ni siquiera que pasar por Pleno. Aseguraba la Audiencia Provincial que "Algunos de sus socios adquirentes de las participaciones sociales pudieran tener vinculaciones personales con el Sr. Alcalde D. Fernando Clavijo, que tampoco han sido investigadas por el Juzgado de Instrucción", por lo que el auto ordenaba a la jueza investigarlo y, así lo ha hecho, y lo ha comprobado la juez: Cinco de los siete implicados han reconocido ser amigos de Clavijo. Además, como ya hacía la denuncia de Unidxs Se Puede y XTF-NC, la Audiencia "advierte que dicha entidad mercantil durante un tiempo indicó en escritos dirigidos a órganos judiciales el 30 de abril de 2012, que tenía su sede a efectos de notificaciones en el número 13 de la Avenida Lucas Vega, Edificio Parra de La Laguna donde también se ubicaba el domicilio social de la entidad Administración Ecológica S.L., la sociedad de la que D. Fernando Clavijo fue administrador hasta marzo de 2009".
Cabe recordar que los declarados amigos de Clavijo, habían adquirido una empresa con deudas e incumplían sistemáticamente el pliego de condiciones ya que no tenían, ni tarjeta de transporte, ni capacitación específica para realizar el servicio. A esto se unía el impago de nóminas, el mal estado de las grúas... Se provocó una situación tan alarmante que la Junta de ese Gobierno municipal liderado por Clavijo acordó, el 28 de enero de 2014, intervenir y asumir temporalmente el servicio "nombrando a dos funcionarios, Antonio Vera y Alejandro Cordero, interventores municipales".
Explica la Audiencia Provincial que "Dichos técnicos municipales ya advirtieron de la inestable situación económica-financiera de la entidad concesionaria, en sus informes de 12 de marzo de 2014 y 8 de abril de 2014, en los que señalaron que las deudas pendientes de pago a corto plazo superaban los 300.000 euros y que se observa un problema de liquidez que arrastraba deudas con al A.E.A.T. de 2012, 2013 y 2014 , así como destacan la existencia de embargos de créditos, teniendo la sociedad bloqueados sus ingresos y que tenía deudas a corto plazo por importe de 347 691, 87 euros. Y concluyeron que la sociedad Autogrúas Poli S.L. no se encontraba en condiciones de poder prestar el servicio de grúa municipal en esa fecha ( 8 de abril de 2014).
Y es aquí cuando la actuación de Clavijo podría ser considerada, según la Audiencia, un atentado "de forma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes la Intervención Municipal" por lo que "no cabe excluir en este momento que, en su caso, la autoridad que las dictó, a quienes siquiera se ha oído, no haya actuado con plena conciencia de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico y voluntad de hacerlo". O lo que es lo mismo: Prevaricación. "Por los mismos motivos, no cabe excluir en este momento, que estemos ante una conducta típica de malversación de caudales públicos", explica la Audiencia.
Y es que Clavijo no sólo dictó el Decreto nº 858/2014, de 18 de junio por el que se levantó los reparos a la concesión de 120.000 euros de crédito a la entidad concesionaria, sino que, mediante Decreto nº 1284 /2014 de 26 de agosto de 2014, resolvió levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal en relación la prórroga de la "medida cautelar de intervención y asunción temporal del servicio adjudicado a la entidad Autogrúas Poli S.L. por un periodo de cinco años , comprendidos entre el 28 de agosto de 2014 y el 27 de agosto de 2018 inclusives, por importe máximo anual de 650.000 euros". Pero no lo acordó directamente el entonces alcalde, que estaba siendo investigado por otra trama de favores por la que sería imputado sólo tres meses después y de la que se libraría justo a tiempo de convertirse en presidente del Gobierno canario. No, Clavijo levantó los reparos pero fue el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Pérez Godiño, quien dictó el Decreto nº 1125/2014 de 27 de agosto de 2014 por el que se resuelve "prorrogar en el ámbito de la media cautelar de intervención y asunción temporal del servicio adjudicado a la entidad Autogrúas Poli S.L. , por un periodo de cinco años comprendidos entre 28 de agosto de 2014 y 27 de agosto de 2019 , por importe máximo anual de 650.000 euros".
"Más allá de los hechos, que son muy importantes", recalca Santiago Pérez, "se está investigando un modo de hacer las cosas, marca de la casa de Coalicíon Canaria- ATI, que siempre han creído que las instituciones y el dinero público son de ellos y no de la ciudadanía".