El portavoz de CC lagunero declarará como imputado en el 'caso Grúas' por lo mismo que hizo Clavijo

El portavoz de CC lagunero declarará como imputado en el 'caso Grúas' por lo mismo que hizo Clavijo

Canarias
La jueza del 'caso Grúas' ha llamado al portavoz de Coalición Canaria en La Laguna, Antonio Pérez Godiño, a declarar como imputado ("investigado") el próximo 4 de diciembre. De esta notificación, realizada ayer 23 de noviembre, ya advertía la jueza en su famosa Providencia del 31 de octubre en la que reconocía estar siguiendo las órdenes de la Audiencia Provincial para solicitar tres decretos que levantaron los reparos jurídicos y acordaron actuar en contra de los informes "dictados por el Sr Clavijo Batle [2] y Sr Pérez Godiño [1]", y por los que la Audiencia apreció "indicios suficientes de delitos" ya que pudieran atentar de forma "patente y grosera contra la legalidad". Además, "a fin de cumplimentar" lo que le había "ordenado" la Audiencia Provincial ("diligencias de investigación") respecto a llamar a declarar (por tanto, como investigados/imputados) "a las autoridades que dictaron los decretos". la jueza recordó que "uno de ellos" es "el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias" y que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tenía que declarar como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias "por ser aforado". Mientras se espera para saber lo que pasa con "uno de ellos", el 'otro' ya está, desde ayer, imputado. Declarará el próximo día 4 pero no será el único... También lo harán dos testigos que han pasado desapercibidos pero que pueden ser la clave para la imputación de Clavijo.

Con una nueva providencia, la jueza de primera instancia y (de momento) única magistrada del 'caso Grúas', ha llamado a declarar como imputado ("investigado") al actual portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna, Antonio Pérez Godiño. El, por entonces, concejal de Seguridad Ciudadana está imputado por hacer lo mismo que hizo el entonces alcalde y, hoy, presidente del Gobierno, Fernando Clavijo: dictar resoluciones en contra de informes jurídicos y levantar los reparos.

La historia del caso Grúas

Tal y como relata en su auto la Audiencia Provincial, en 2003 y siendo concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Clavijo decide privatizar el servicio de grúas municipal, siendo Ana Oramas la alcaldesa de la Laguna. El concurso de privatización se aprobó en pleno el 12 de febrero con un presupuesto de casi  4,5 millones de euros. El 8 de julio de 2004, el servicio fue adjudicado al empresario José Padilla por su oferta económica de un precio mensual  de 72.634,67 euros mensuales durante 5 años, prorrogables a 25. El contrato se formalizó poco más de un mes después pero el concesionario tuvo que esperar más de un año para que el Pleno acordara la cesión del contrato a una sociedad limitada unipersonal de se creación: Auto Grúas Poli.

Según la denuncia que presentaron de forma conjunta Unixs Se Puede y XTF-NC, que hace lreferencia a la declaración de Padilla ante la Guardia Civil el 4 de febrero de 2013, al empresario le presionaron, primero, para que contratara en Auto Grúas Poli a personas con relaciones directas o indirectas con el concejal, más tarde alcalde, y hoy presidente del Gobierno canario: "Algunos por petición expresa de Clavijo".  Después de contratarlos, declaró Padilla que las presiones se centraron en que vendiera su empresa a esos trabajadores con relación directa o indirecta con Clavijo. Tras sufrir periodos de hasta cuatro meses de impago por parte del Ayuntamiento llegando a acumular una deuda de 200.000 euros, Padilla cede a las presiones y el escrito de compraventa se  firma el 13 de abril de 2011. A diferencia de Padilla que estuvo esperando más de un año para que el Pleno municipal le permitiera ceder sus derechos a una empresa a su nombre, los nuevos dueños de Grúas Poli, amigos de quien ya era alcalde desde 2008, no tuvieron ni siquiera que pasar por Pleno. Aseguraba la Audiencia Provincial que  "Algunos de sus socios adquirentes de las participaciones sociales pudieran tener vinculaciones personales con el Sr. Alcalde D. Fernando Clavijo, que tampoco han sido investigadas por el Juzgado de Instrucción", por lo que el auto ordenaba a la jueza investigarlo y, así lo ha hecho, y lo ha comprobado la juez: Cinco de los siete implicados han reconocido ser amigos de Clavijo. Además, como ya hacía la denuncia de Unidxs Se Puede y XTF-NC, la Audiencia "advierte que dicha entidad mercantil durante un tiempo indicó en escritos dirigidos a órganos judiciales el 30 de abril de 2012, que tenía su sede a efectos de notificaciones en el número 13 de la Avenida Lucas Vega, Edificio Parra de La Laguna donde también se ubicaba el domicilio social de la entidad Administración Ecológica S.L., la sociedad de la que D. Fernando Clavijo fue administrador hasta marzo de 2009".

El alcalde ayudó a sanear la deudora empresa de sus declarados amigos

Cabe recordar que los declarados amigos de Clavijo, habían adquirido una empresa con deudas e incumplían sistemáticamente el pliego de condiciones ya que no tenían, ni tarjeta de transporte, ni capacitación específica para realizar el servicio. A esto se unía el impago de nóminas, el mal estado de las grúas... Se provocó una situación tan alarmante que la Junta de ese Gobierno municipal liderado por Clavijo acordó, el 28 de enero de 2014, intervenir y asumir temporalmente el servicio "nombrando a dos funcionarios, Antonio Vera y Alejandro Cordero, interventores municipales".

Explica la Audiencia Provincial que "Dichos técnicos municipales ya advirtieron de la inestable situación económica-financiera de la entidad concesionaria, en sus informes de 12 de marzo de 2014 y 8 de abril de 2014, en los que señalaron que las deudas pendientes de pago a corto plazo superaban los 300.000 euros y que se observa un problema de liquidez que arrastraba deudas con al A.E.A.T. de 2012, 2013 y 2014 , así como destacan la existencia de embargos de créditos, teniendo la sociedad bloqueados sus ingresos y que tenía deudas a corto plazo por importe de 347 691, 87 euros. Y concluyeron que la sociedad Autogrúas Poli S.L. no se encontraba en condiciones de poder prestar el servicio de grúa municipal en esa fecha ( 8 de abril de 2014).

Y es aquí cuando la actuación de Clavijo podría ser considerada, según la Audiencia, un atentado "de forma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes la Intervención Municipal"  por lo que "no cabe excluir en este momento que, en su caso, la autoridad que las dictó, a quienes siquiera se ha oído, no haya actuado con plena conciencia de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico y voluntad de hacerlo". O lo que es lo mismo: Prevaricación. "Por los mismos motivos, no cabe excluir en este momento, que estemos ante una conducta típica de malversación de caudales públicos", explica la Audiencia.

Precisamente los dos interventores municipales de la empresa de Grúas que informaron en contra de que la empresa volviera a manos privadas, declararán también el día 4 de diciembre en el juzgado en calidad de testigos y, de lo que escuche la jueza, podría depender que finalmente pida al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que se haga cargo de la declaración como imputado de Clavijo, "por ser aforado"  

 

     La jueza no puede citar al presidente del Gobierno "por ser aforado" pero sí puede, y así lo ha hecho, llamar a declarar el mismo día que a Pérez Godiño, a dos testigos que han pasado desapercibidos pese a ser clave para imputar al presidente: los interventores municipales de la empresa de Grúas cuyos reparos levantó Clavijo 

 

Y es que Clavijo no sólo dictó el Decreto nº 858/2014, de 18 de junio por el que se levantó los reparos a la concesión de 120.000 euros de crédito a la entidad concesionaria, sino que, mediante Decreto nº 1284 /2014 de 26 de agosto de 2014, resolvió levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal en relación la prórroga de la "medida cautelar de intervención y asunción temporal del servicio adjudicado a la entidad Autogrúas Poli S.L. por un periodo de cinco años , comprendidos entre el 28 de agosto de 2014 y el 27 de agosto de 2018 inclusives, por importe máximo anual de 650.000 euros". Pero no lo acordó directamente el entonces alcalde, que estaba siendo investigado por otra trama de favores por la que sería imputado sólo tres meses después y de la que se libraría justo a tiempo de convertirse en presidente del Gobierno canario. No, Clavijo levantó los reparos pero fue el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Pérez Godiño, quien dictó el Decreto nº 1125/2014 de 27 de agosto de 2014 por el que se resuelve "prorrogar en el ámbito de la media cautelar de intervención y asunción temporal del servicio adjudicado a la entidad Autogrúas Poli S.L. , por un periodo de cinco años comprendidos entre 28 de agosto de 2014 y 27 de agosto de 2019 , por importe máximo anual de 650.000 euros".  Por ir en contra de los informes, igual que hizo Clavijo, Godiño va a declarar como imputado en el 'caso grúas', como ya advertía la jueza en la famosa providencia que señala que el presidente del Gobierno de Canarias tiene que declarar en el Tribunal Superior de Justicia "por ser aforado". Una apreciación que comparten las acusaciones de Unidxs se Puede y XTF-NC pero que se ha vuelto a encontrar con la negativa de la Fiscalía.  El Ministerio Fiscal no aprecia "un mínimo de consistencia" en los delitos  pese a que la Audiencia lo ve claro: "Hay indicios suficientes de la comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y trafico de influencias".

  

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