González Reverón admite que permitió obras sin licencia en un hotel
El sur de Tenerife volvió a convertirse en la mañana de hoy en el epicentro de la actualidad judicial de Canarias. La Audiencia Provincial de la capital acogió durante algo más de cuatro horas la primera sesión del juicio oral por una de las piezas separadas del conocido como caso Arona, por el que la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para el exalcalde José Alberto González Reverón por presunta prevaricación, y un año de prisión y nueve de inhabilitación para el exconcejal de Urbanismo Antonio Sosa por el mismo delito y otro de malversación de caudales públicos.
Aunque la pieza se divide en varios expedientes vinculados con diferentes actuaciones presuntamente ilegales de los dos acusados, el asunto de mayor calado tiene que ver con la supuesta pasividad que el Ayuntamiento de Arona tuvo con uno de los hoteles más importantes del municipio, el Sir Anthony, perteneciente al complejo Mare Nostrum, al permitir que se desarrollaran obras de gran envergadura sin la correspondiente licencia urbanística. Además, como pusieron de manifiesto las conversaciones telefónicas intervenidas durante la instrucción, González Reverón se hospedaba frecuentemente en el recinto en paralelo a la tramitación del expediente.
El propio exalcalde, que abandonó la política en noviembre de 2012 al ser condenado a cuatro años y medio de inhabilitación, reconoció durante el juicio que las obras se ejecutaron sin licencia durante gran parte del año 2008, aunque recalcó que no se pararon los trabajos hasta enero de 2009 porque nunca lo pidieron los técnicos (pincha aquí para ver el vídeo de la declaración íntegra de González Reverón).
La declaración del político de Coalición Canaria (CC) estuvo marcada por la insistencia de la Fiscalía sobre su amistad con el responsable de una empresa vinculada al complejo hotelero, el testigo Rafael Estartús, con el que aseguró que solo le unía una "relación institucional". Una afirmación que contrasta con las frecuentes conversaciones telefónicas que ambos mantenían en aquella época, ya que el directivo era el encargado de conseguir habitaciones de las que el exalcalde disfrutaba de manera asidua en el Mare Nostrum. Para el fiscal de la causa, Jaime Serrano-Jóver, tiene especial relevancia el hecho de que el responsable del hotel y el político hablasen también sobre la licencia de las obras cuando las competencias urbanísticas estaban delegadas en el otro acusado, el exconcejal Antonio Sosa.
El propio Estartús, durante su declaración como testigo, admitió los contactos con el alcalde, e incluso llegó a aseverar que González Reverón "era consciente" de que los trabajos que se realizaban en el edificio del hotel Sir Anthony no contaban con licencia. "Me estuvo insistiendo para que presentara los papeles" que requería la instalación para obtener el permiso de obra mayor.
El responsable de una empresa vinculada a Mare Nostrum, y que abandonó su puesto a mediados de 2008, también admitió que los trabajos "no tenían la cobertura legal" para iniciar la obra mayor, pese a lo que se llevaron a cabo desde principios de ese año hasta, al menos, finales de enero de 2009. "Siguieron ejecutándose", respondió al fiscal cuando le preguntó si se pararon las actuaciones por no tener la preceptiva licencia urbanística.
Rafael Estartús también dejó claro que "las obras eran difíciles de esconder porque se veían desde la playa", lo que impide cualquier defensa basada en el desconocimiento de los trabajos por parte de los responsables municipales. No hay que olvidar que las reformas afectaron a la fachada de todo el edificio y también al interior.
De hecho, el fiscal insistió en que no solo las conversaciones telefónicas han acreditado que González Reverón conocía la existencia de las obras, sino también los diferentes informes que realizaron los técnicos municipales. Uno de ellos fue elaborado por una inspectora urbanística, que también declaró hoy como testigo, en mayo de 2008. En su testimonio explicó que informó de que "se estaban realizando las obras sin licencia", e incluso aclaró que "se podía haber ordenado la suspensión" de los trabajos desde ese momento, sin embargo no se dictó la paralización hasta enero de 2009, justo después de que el Juzgado solicitara el expediente al Ayuntamiento.
González Reverón incurrió en varias contradicciones durante su declaración, como se encargó de destacar el responsable del Ministerio Público. A pesar de que en una conversación telefónica Rafael Estartús le dijo que las obras se iban a iniciar el 1 de abril de 2008, el exalcalde aseguró que "en absoluto" conocía la fecha del comienzo de los trabajos. También dijo que "no sabía lo que estaban haciendo" porque el expediente no le había llegado, aunque existen informes negativos fechados, al menos, en mayo, septiembre y noviembre de 2008, así como en enero de 2009.
El fiscal también recordó un SMS entre el político y el responsable del Sir Anthony el 27 de junio de 2008 en el que Reverón le advierte de que "ya hay rumores" sobre el expediente. Preguntado por esto, el exalcalde explicó que le "habían comentado que faltaba algo, que no estaba completo". Aunque la estrategia del exalcalde se centró en responsabilizar a los trabajadores del Ayuntamiento, el fiscal fue contundente en sus conclusiones: "Los técnicos hicieron su trabajo, denunciaron".
El concejal que tenía las competencias urbanísticas, Antonio Sosa, también se escudó en el desconocimiento del expediente por parte de los políticos (pincha aquí para ver la declaración del exedil de Urbanismo durante el juicio): "Nosotros no nos enteramos porque va por la vía administrativa y después se informa".
Precisamente, el 28 de noviembre se elevó un informe técnico a la Concejalía de Urbanismo en el que se daba cuenta de que las obras carecían de licencia. Llama la atención, sin embargo, que el propio Sosa dijo que ese escrito no llegó a su mesa "hasta enero". También aseveró que el alcalde nunca "le comentó nada" sobre las conversaciones que al respecto había tenido con el representante del complejo hotelero.
Las obras finalmente se pararon en enero de 2009, con la causa ya judicializada, aunque solo las referidas a los trabajos interiores de acondicionamiento del edificio, ya que las actuaciones en la fachada "ya habían finalizado", como explicó el fiscal Jaime Serrano-Jóver.
Viaje a Múnich
Otro de los asuntos que fueron objeto de la vista oral, que enjuician los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial (María Vega, Lucia Machado y Aurelio Santana), está relacionado con el viaje a Münich que Antonio Sosa realizó invitado por la empresa que tiene la concesión del servicio de residuos en Arona. Aunque el traslado corrió a cargo de una entidad privada, Sosa y los otros dos trabajadores del Ayuntamiento que asistieron reclamaron las dietas de alojamiento y manutención, 398 y 238 euros, respectivamente.
Sosa explicó en su defensa que no hicieron el viaje a través del Consistorio porque "no había tiempo para gestionar la logística", por lo que el responsable de la empresa, Camilo Álvarez y Clusa, le dijo que "no se preocupara que ellos lo organizaban". El exconcejal de Urbanismo y Medio Ambiente, ahora fuera del Consistorio, incidió en que pidieron a la empresa que les pasaran la factura para abonar los gastos desde el Ayuntamiento.
El debate jurídico gira alrededor de la devolución de las dietas, que los tres beneficiarios reembolsaron al Ayuntamiento tras conocerse el caso, aunque Sosa tardó casi tres meses más en hacerlo que el resto.
Contrataciones
Una cuarta persona que acudió al viaje a Münich en representación de la empresa acabó finalmente contratada por el Ayuntamiento. Este es otro de los expedientes polémicos que se enjuician estos días en el estrado de la Audiencia Provincial, relacionados con la supuesta incorporación ilegal de cuatro empleados de manera continuada para realizar trabajos para el área de Medio Ambiente en contra, presuntamente, de la Ley de Contratos.
Sobre esto, Sosa admitió que fue él quien seleccionó a los cuatro beneficiarios, a los que se encargaron diferentes trabajos vinculados con materias medioambientales. "Tenían formación y entendía que estaban cualificados", relató el exconcejal, pese a que dos de esas plazas posteriormente salieron a concurso con una serie de exigencias, como poseer la licenciatura de Derecho o Farmacia, que no cumplían ninguno de los beneficiarios. "No manejé otras opciones al entender que los conocimientos de esas personas eran correctos", recalcó en su declaración.
El fiscal sostiene que, en base a las facturas que obran en el expediente, una primera de septiembre de 2007 y otra de diciembre de 2008, los contratos se extendieron durante más de un año, lo que rebate el abogado de Sosa, Manuel Fredy Santos, al considerar que "al ser independientes no tenían que respetar ese plazo".
La casa del primo
El último de los asuntos que compone esta pieza separada del caso Arona está relacionado con las presuntas obras ilegales que un primo segundo de González Reverón llevó a cabo en su vivienda de Buzanada.
El exalcalde de Arona recalcó en su declaración, pese a que también reside en Buzanada, que se enteró de su relación familiar con el supuesto beneficiario, José Antonio González Costas, por el procedimeinto judicial. Reverón defendió que nunca "hizo nada" para resolver el expediente, "ni en un sentido ni en otro".
Las obras en la vivienda de González Costas se acometieron durante el año 2008, y consistieron en la construcción de una segunda planta y el techado del inmueble, sin contar con la necesaria licencia urbanística.
Mañana jueves, a partir de las 10.00 horas, se reanudará la vista oral con la celebración de la segunda sesión, en la que está prevista la declaración de varios testigos. El juicio se cerrará el viernes con el testimonio de dos miembros de la Guardia Civil y la lectura de las conclusiones de las partes.