La jueza del caso Grúas llama a declarar a los juristas externos en los que se apoyó Clavijo

El 30 de noviembre de 2011, el presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo, fue al programa El Debate de TVE-Canarias para hablar sobre el 'caso Grúas' y responder a preguntas periodísticas... mientras otros ofrecían ayuda para su defensa en la formulación de sus preguntas, o ni siquiera se molestaban en preguntar para defenderlo. Entre las preguntas que sí le pusieron en un aprieto al presidente está la director de 'Canarias Ahora', Carlos Sosa, sobre su relación con uno de los catedráticos de la Universidad de La Laguna a los que el Ayuntamiento encargó un informe en contra del Interventor del Ayuntamiento. Francisco ("Fran", para Clavijo) Villar es uno de los "testigos/peritos" llamados a declarar por la jueza del 'caso Grúas' el próximo 30 de enero.

Esta citación a declarar se produce sólo 3 días después de la declaración del testigo clave del 'caso Grúas', el Interventor Gerardo Armas, autor de los informes cuyos reparos levanto el entonces alcalde Fernando Clavijo lo que supone para la Audiencia Provincial que ordenó reabrir este caso, que  "no se puede excluir" que "no atente de forma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes Intervención Municipal". De la declaración de Armas llamó la atención que se negara a firmarla si no se incluía que fue el actual alcalde y entonces concejal de Seguridad Ciudadana, José Alberto Díaz, quien llamó al Interventor a su despacho para pedirle explicaciones por su primer informe en contra de la prórroga del contrato a la empresa del servicio de Grúas y el préstamo. También aseguró que, en la misma reunión,  le pidió que se reuniera con los catedráticos de la ULL que, a la postre, realizaron informes externos para el Ayuntamiento en los que se apoyó, primero Díaz para proponer en sus informes el levantamiento de reparos y, luego, Clavijo para levantarlos. Díaz aseguró en Mírame TV Canarias que él no encargó a los catedráticos la realización de estos informes externos en contra de los informes internos municipales y que es una práctica normal el pedir estos informes externos sobre diferentes cuestiones legales a catedráticos de la ULL.

Pero el Interventor también respondió que es la primera vez en su carrera que, una Administración Pública para la que trabaja, encarga informes externos para contradecir los suyos. Lo que sí es cierto es que no es la primera vez que el Ayuntamiento se apoya en informes externos realizados por catedráticos de la ULL y, en concreto, por Francisco ("Fran") Villar (en la foto). 

La Comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, advirtió que Ayuntamiento de La Laguna otorga desde hace una década (en la que Fernando Clavijo fue, primero, concejal de Urbanismo y, luego, alcalde) licencias sin recabar la conformidad insular, y pidió conocer todas las autorizaciones dadas para, si procede, revisarlas de oficio. El Ayuntamiento pidió un informe, que contradijo al del Cabildo, al concluir que estas licencias son competencia municipal pues se dan basándose en el Plan Especial de Protección, que ya fue aprobado en su día por la Corporación insular, y sostuvo que este visto bueno solo es preceptivo en inmuebles catalogados como Bien de Interés Cultural. El informe lo hizo Villar, al que Clavijo, siendo ya presidente del Gobierno de Canarias, le encargó la redacción de una Ley del Suelo que, en su disposición final segunda, cambió la Ley de Patrimonio para, precisamente, permitir lo que Clavijo hizo en La Laguna.

Villar también es el autor del informe en el que se apoya el empresario dueño de la bodega Statvs en Lanzarote, Juan Francisco Rosa, para mantener que es "legal" el Plan en el espacio protegido La Geria. Rosa, protagonista del 'caso Stratvs' (uno de los muchos casos de corrupción de la Isla relacionados entre sí)  ha recurrido al Supremo y lo ha hecho de la mano del Gobierno de Canarias de Fernando Clavijo, quien encargó a Villar la redacción de la Ley del Suelo.

Fernando Clavijo Hernández (Francisco, no Fernando, jefe de Servicio en el Cabildo de Tenerife) fue uno de los altos cargos nombrados por el entonces consejero de Economía y Hacienda y vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, cuando gobernaba con Coalición Canaria. Francisco, y no "Fernando", como lo llama el propio Fernando Clavijo Battle [ambos en la foto] en esta presentación del libro, prologado por Francisco Villar, El Derecho Especial Canario el 15 de junio de 2017: 

"Querido amigo Fernando, catedrático... Y sí somos familia, por lo del apellido". En concreto, primo del padre del presidente del Gobierno de Canarias Fernando Clavijo Redondo, según ha confirmado Presidencia del Gobierno a Mírame TV Canarias. El padre del actual presidente regional, además de un histórico independentista detenido en 1978 y condenado en 1980 por tenencia ilícita de armas (perteneció al MPAIAC), fue funcionario y alto cargo del Gobierno de Canarias desempeñando la jefatura del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias durante más de una década. El tío del presidente del Gobierno de Canarias y, también primo de uno de los autores de los informes, es el actual director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias.   

Villar y Clavijo (el primo del padre del presidente del Gobierno canario) declararán el próximo 30 de enero a las 9:30. Horas después quizá se sepa quién les encargó los informes en los que se apoyó el entonces alcalde de la Laguna, y hoy presidente del ejecutivo regional, para levantar los reparos del Interventor, cuánto costaron, y si su argumentación jurídica se sostiene.  Sin embargo, es necesario recalcar que la jueza los ha citado "en calidad de testigo/perito" y no sólo como testigos, otorgándoles así un cierto halo de independencia a la hora de valorar los informes del Interventor ya que, los peritos judiciales, son profesionales destinados a aportar a los jueces el fundamento jurídico necesario para dictaminar.

Además, la jueza Celia Blanco los ha citado, también como peritos, a petición de la misma Fiscalía que, con el rechazo del recurso de apelación que le presentó Unidxs Se Puede y XTF-NC, apoyó a la magistrada cuando decidió archivar el caso sin investigar. La jueza tuvo que reabrir la causa judicial cuando la Audiencia Provincial se lo ordenó en un duro auto en el que el presidente de la Sala, Joaquín Astor Landete, consideró que la magistrada no había investigado los "indicios suficientes de la comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y trafico de influencias" que pudiera haber cometido Fernando Clavijo. Pese a esta contundencia, el Fiscal se apoyó en jurisprudencia para argumentar que "los delitos deben presentar mínimo de consistencia" y se opuso así a que Clavijo declarase como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Además de pedir que se acreditara "el cargo que actualmente ostenta D. Fernando Clavijo Battle", la misma Fiscalía que había rechazado el recurso de apelación para que se investigara, consideró que ahora sí hay que investigar...Y mucho:  "18 meses". El plazo "máximo" que dió el Fiscal coincidía con las Elecciones Autonómicas de 2019. Cabe recordar, por similitudes, que la anterior imputación de Clavijo por el 'caso Corredor', se archivó sólo un mes antes de las Elecciones de 2015 tras las que se proclamó al Clavijo presidente del Gobierno canario. La jueza que desestimó el recurso contra el archivo del 'caso Corredor' es la misma que instruye el 'caso Grúas'. La misma que, cuando termine de investigar, debe enviarle al TSJC un escrito motivado para que éte decida, dada la condición de aforado de Clavijo, si lo imputa o no.